Con cerca de $2000 millones que el Estado subsidia por combustibles, el Gobierno investiga ilegalidades en la comercialización de combustibles para tomar decisiones a futuro sobre la focalización de estos.

El Gobierno aún no tiene una fecha definida para publicar un nuevo decreto sobre focalización, después de octubre que publicó y luego derogó el decreto que eliminaba subsidios a la gasolina y diésel.

“No se puede beneficiar a quienes están al margen de la ley y tampoco se pueden beneficiar aquellas personas de ingresos altos que no necesitan este tipo de subsidio”, dijo el ministro de Economía, Richard Martínez.

Tras una reunión con representantes de sectores sociales, señaló que entre las informalidades identificadas y que se buscan controlar está que cerca de 40 % de los vehículos no están debidamente matriculados a pesar de estar registrados.

Otra anomalía es que existe diferencia entre el nivel de combustible despachado y lo facturado: hay el 30 % a 32 % que no se explica entre lo que se despacho del Estado y el nivel facturado por las gasolineras, del otro 70 %, la mitad tiene fallas en la facturación.

Además, en provincias como Carchi, Galápagos, Imbabura, Loja, Sucumbíos, El Oro y Esmeraldas cinco mil propietarios consumen hasta 400 y 500 galones al día y eso será sujeto de control para garantizar que el consumo se acerque al promedio: cerca de 20 galones por persona.

“Hay gente que está utilizando este medio discrecionalmente para favorecerse en términos de contrabando”, dijo.

Más del 80 % de vehículos tiene una antigüedad previa al 2015 y esto también será un parámetro de decisión.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas no asistió a la reunión convocada por el Gobierno para el lunes y dirigida por el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Los controles en varios de los temas mencionados iniciaron en diciembre. (I)