Comisión de Educación oficializa pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez

Quito –

Con 45 firmas de respaldo, este 20 de mayo se presentó una tercera solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por incumplimiento de funciones al disponer un recorte presupuestario a las universidades y escuelas politécnicas públicas y a las asignaciones del Sistema Nacional de Educación, lo que habría provocado desvinculaciones de docentes y personal administrativo.

Este juicio lo planteó el asambleísta Jimmy Candell (BIN) por resolución de la Comisión de Educación, tomada el 6 de mayo pasado, luego de que el funcionario no asistió a fundamentar su decisión de recortar el presupuesto a las universidades en un monto de $98,2 millones, así como la reducción del presupuesto para todo el sector educativo que incluyó recortes en los contratos en los servicios ocasionales, recorte de presupuesto en los proyectos de alfabetización y post alfabetización, y la suspensión del financiamiento de proyectos como el de bachillerato internacional.

El presidente de la comisión de Educación, @JimmyCandell oficializó hoy el pedido de juicio político en contra del ministro de @FinanzasEc@RichardM_A por los recortes presupuestarios al sector educativo. Vía @vicenteopipic.twitter.com/yAOVr2hAza

— El Universo (@eluniversocom) May 20, 2020

El recorte presupuestario a las universidades y escuelas politécnicas traería graves consecuencias, señaló Candell, pues provocará el cierre de carreras, dificultades para garantizar el acceso de los nuevos bachilleres al Sistema de Educación Superior y la imposibilidad de incorporar al sistema a unos 120 000 postulantes.

A esto se suma las medidas cautelares que dictó la Corte Constitucional el pasado 12 de mayo, con las que dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. La corte le concedió ocho días para que fundamente su decisión. (I)