Esta evaluación forma parte de la Ley de Integridad Pública, cuya normativa acumula 26 demandas de inconstitucionalidad.

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 el Ministerio de Trabajo presentó la Guía Metodológica para ejecutar el primer proceso nacional de evaluación del desempeño, conforme a la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

La Resolución Ministerial MDT-2025-043 oficializa la guía y establece que participarán 58.475 servidores públicos de régimen Losep, de 79 instituciones de la Función Ejecutiva. Las Unidades de Administración de Talento Humano serán responsables de ejecutar el plan piloto entre octubre y noviembre 2025.

El modelo de evaluación, aplicará criterios de “objetividad, imparcialidad y uniformidad”. Los factores de medición incluirán: eficiencia individual, resultados institucionales, calidad del servicio a usuarios internos y externos, y eficiencia en la contratación pública.

El plan piloto también servirá como insumo para la evaluación de desempeño de 2026, que se realizará semestralmente: enero-junio y julio-diciembre.

Incluye, además, la evaluación de funcionarios de Nivel Jerárquico Superior y de servidores que participan en procesos de contratación pública. Al concluir el proceso, el informe se enviará al Ministerio para su consolidación y socialización con las instituciones participantes.

Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública

Esto ocurre mientras la Corte Constitucional tramita acciones de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la Ley de Integridad Pública. La normativa acumula 26 demandas, principalmente contra el artículo 6 y reformas laborales y penales.

Entre los numerales impugnados, los demandantes cuestionan aspectos sobre:

• Evaluaciones de desempeño laboral
• Estabilidad laboral
• Edad y condiciones de jubilación
• Sanciones administrativas
• Criterios de idoneidad para ocupar cargos públicos

En ese sentido, quienes quedan excluidos de la evaluación de desempeño, según la resolución ministerial, son:

• Miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y Comisión de Tránsito del Ecuador.
• Docentes de universidades y escuelas politécnicas públicas, amparados por la Ley Orgánica de Educación Superior.
• Docentes bajo el régimen de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
• Personal del sistema judicial que pertenece a la carrera jurisdiccional, carrera fiscal o carrera de la defensoría, según los artículos 42 y 43 del Código Orgánico de la Función Judicial.
• Personal con carrera diplomática en el servicio exterior.
• Profesionales de la salud sujetos a la carrera sanitaria.
• Empleados de empresas públicas.

Desvinculación de servidores públicos

Si bien el Gobierno anunció -a fines de julio- la desvinculación de 5.000 servidores por la fusión o absorción de ministerios, la cifra, por ahora, es más alta y se espera que aumente más en las siguientes semanas.

Según los registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la cifra de afiliados del sector público (Estado) en Ecuador pasó de 642.187 funcionarios a 635.865 empleados entre junio y agosto de 2025.

Esto significa una caída del 0,98% en ese periodo de tiempo, o el equivalente a 6.322 personas que salieron del sector público y que dejaron de aportar en el IESS.

Esa cifra supera en 1.322 personas a los cálculos del Gobierno sobre las desvinculaciones.

Esta guía del Ministerio de Trabajo es parte del plan de desvinculaciones que impulsa el Gobierno de Daniel Noboa y que es parte de las metas con el Fondo Monetario Internacional, con el cual se propuso reducir el gasto en salarios en los siguientes años.