Como el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, a fin de reducir la exclusión en la educación. Así define a la Educación Inclusiva la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La misma ley determina que todos los establecimientos de educación escolarizada ordinaria deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la admisión de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad.

Aunque la ley lo ordenaba, es a partir del 2010 que se comienza a contar en el país con un proyecto modelo de educación inclusiva, cuyo objetivo es asegurar que el sistema educativo cumpla con las demandas de la Constitución, es decir, hacer posible la escuela para todos, atendiendo a aquellos sujetos con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad.

Las leyes, reglamentos y normativas detallan todo. Así, se establece que son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades.

También situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales. También la dotación superior: altas capacidades intelectuales.

Mientras tanto, son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; multidiscapacidades; y trastornos generalizados del desarrollo (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros).

Para efectos de planificación y organización dentro de los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, se considerarán por cada discapacidad los siguientes equivalentes de atención necesaria con relación a estudiantes sin discapacidad: un estudiante con discapacidad visual equivale a 3 estudiantes sin discapacidad, uno con discapacidad auditiva equivale a 2, con discapacidad intelectual a 4, física a 2 y con autismo a 5 estudiantes sin discapacidad.

“La inclusión estaba en las leyes, pero nadie la cumplía, Rafael Correa (expresidente de la República) la obligó a cumplir, pero no se instrumentó a nadie para que pueda la inclusión funcionar; se hizo al revés; la gente no estaba preparada y no hay quién forme, que es peor”, dice Marcela Ramírez, psicopedagoga terapeuta, una de las fundadoras del Liceo Los Andes, hace 37 años, un colegio icónico de Guayaquil en materia de educación inclusiva, y donde es la coordinadora del área de comunicación, que atiende a niños con autismo, síndrome de Asperger, entre otras necesidades especiales de aprendizaje.

“Es muy difícil hacer inclusión por decreto, porque hay que estar formados es verdad, pero la inclusión tiene que ver con las ganas, tiene que ver con la cultura escolar y no todas las culturas escolares se compaginan bien con el espíritu de la inclusión”, dice María Ortega, coordinadora del área de Psicopedagogía de la misma unidad educativa.

En el Liceo Los Andes, que fue creado con la filosofía de la inclusión, hay un equipo de psicopedagogas, psicólogas clínicas, terapistas de lenguaje, terapistas de educación, entre otros especialistas. Desde maternal hasta tercero de bachillerato hay actualmente 1.200 alumnos, y solo para el área de maternal, educación inicial y escuela hay 7 adultos (no área administrativa) por cada niño.

“Debe haber un montón de maestros encantados de hacer inclusión, pero si en la institución educativa no hay un soporte psicológico y pedagógico para que se haga inclusión, es difícil que funcione”, dice Ramírez.

Para la educación inclusiva, las escuelas y colegios deben hacer modificaciones en enfoques, contenidos, estructura, estrategia, dependiendo de cada caso de necesidad educativa especial, y como dice Mariuxi Rodríguez, rectora del Crear, otro colegio icónico de la inclusión, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva, hace seguimiento de cada caso y pide evaluaciones periódicas a los colegios particulares y fiscales.

En el caso de las fiscales, en todo el país hay actualmente 4.857 instituciones educativas ordinarias, que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, según un informe conjunto de Lorena Salazar, directora nacional de Educación Especializada e Inclusiva, y de Isabel Maldonado, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva.

La formación de maestros empezó en el 2014 a través de cursos de sensibilización en discapacidades, inclusión educativa, educación especial inclusiva y actualización pedagógica, inclusión educativa y aprendizaje sostenible. Desde el 2014 hasta el 2018 se han capacitado 94.348 maestros, según el mismo informe.

La Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva cuenta con un grupo de docentes pedagogos de apoyo a la inclusión, que se podrá requerir, en particular, en relación con los niños y adolescentes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad que estén en un colegio regular. Su labor, indica el informe, es velar por el aprendizaje, participación, permanencia y culminación de estudios mediante un abordaje integral. (I)