El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, aseguró este jueves que no se puede adelantar si el tema de la reducción de las utilidades de los trabajadores de las telefónicas del 15% al 3% va a ser incluido en el análisis de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, como lo solicitó el Consejo de Administración Legislativa CAL el pasado 30 de septiembre.

Un pronunciamiento sobre el tema de las utilidades, dijo, se dará luego de la aprobación del informe de la Comisión que se prevé estará listo hasta el 15 de noviembre próximo.

Pero ayer, durante la comparecencia de los trabajadores de Claro y Movistar a dicha Comisión, el asambleísta del oficialismo Fausto Cayambe dejó entrever que la intención de que las utilidades de los empleados de estas empresas telefónicas se reduzcan, ya no se concretará.

Según Cayambe, quien participó como invitado en la Comisión, este tema de las utilidades «es un derecho y está legislado en la Constitución así como también en el artículo 27 del Código de trabajo vigente».

Ángel Vilema, también del oficialismo, aclaró que lo que ellos podrían legislar en la Ley de Telecomunicaciones es el tema del uso del espectro radioeléctrico, mas no las utilidades.

«La regulación iría a las empresas telefónicas», reiteró Cayambe luego de la reunión, sin dar más detalles.

Pero Richar Calderón, insistió este jueves que «por respeto a un cuerpo colegiado que es la Comisión no podría indicar una posición sobre el tema, hay diversos criterios pero aún no ha iniciado el debate al interior de la Comisión. El próximo miércoles será la reunión para analizar la Ley de Telecomunicaciones y si alcanzamos podemos topar el tema de las utilidades. Lo que se ha hecho en estos días es recibir en comisión general a varias organizaciones».

Juan Carlos Oleas, trabajador de Movistar que acudió ayer a la Comisión dijo que la intención del Gobierno de reducir sus utilidades afectará a 6.000 familias y reiteró que el espectro radioleléctrico es un medio no un recurso natural no renovable. Por lo que la propuesta oficial de reducir las utilidades no tiene carácter técnico para que se incluya en la Ley de Telecomunicaciones. Y pidió que el tema vaya a las reformas laborales que prepara el régimen.

Franco Fernández de Claro, coincidió con Oleas y exigió el respeto de los derechos de los 2.600 trabajadores de esta telefónica.