Clausuran concesionaria en Quito por presunta estafa en venta de vehículos. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Testimonios denuncian que el establecimiento ofrecía vehículos inexistentes a través de redes sociales.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una concesionaria ubicada en la avenida 6 de Diciembre, en el sector de La Mariscal, en Quito. La entidad ejecutó el operativo tras recibir una alerta de la Policía Nacional, que conoció denuncias por presuntas estafas vinculadas al establecimiento.

Según testimonios ciudadanos, el local ofertaba vehículos a través de redes sociales. Los interesados realizaban un pago inicial para concretar la compra de automotores que nunca se entregaban. Estas denuncias motivaron la intervención de las autoridades municipales.

Denuncias de estafa y acciones legales

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, explicó que las personas afectadas ya presentaron sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Esta institución se encarga de investigar los hechos y de determinar posibles responsabilidades penales en este caso.

Los testimonios recogidos apuntan a un presunto esquema en el que el establecimiento ofrecía vehículos inexistentes. Los clientes entregaban dinero con la expectativa de recibir los automotores, pero no obtenían respuesta posterior.

Irregularidades y sanciones

Durante la inspección, el personal de la AMC verificó que la concesionaria no contaba con los permisos municipales necesarios para operar. Además, constató que el establecimiento carecía de la autorización del Cuerpo de Bomberos, un requisito obligatorio para su funcionamiento.

Este incumplimiento puede generar riesgos para las personas que acuden a locales comerciales dentro del Distrito Metropolitano de Quito. La normativa vigente establece sanciones para estos casos.

De acuerdo con el Código Municipal, los responsables de negocios dedicados a la venta de vehículos que operen sin permisos pueden enfrentar multas de hasta cuatro salarios básicos unificados.