Pablo Fuertes Guerra, uno de los 53 estudiantes que permanecen en el Centro de Detención Provisional (CDP) tras las protestas sociales del 18 de septiembre anterior, fue sometido la noche del lunes a una cirugía del labio superior en el hospital Eugenio Espejo de la capital.

Según su abogado Gonzalo Realpe, la atención médica al detenido se produjo once días después de una supuesta agresión policial. Agregó que el joven corría el riesgo de perder su labio por los golpes recibidos, que además le causaron la caída de un diente.

Pablo Fuertes Enríquez, padre del estudiante, contó que el lunes pasado, a las 17:30, recibió una llamada desde la Fiscalía pidiendo su presencia en el hospital para la cirugía de su hijo. Cuando llegó, a las 18:00, este ya había sido ingresado acompañado por un delegado del Ministerio de Justicia.

Su historia clínica es la número 861845, y consta que la cirugía fue por un trauma en el labio superior y duró una hora.

Según el relato del padre, el joven fue trasladado a la sala de recuperación. Cerca de las 23:00 regresó al CDP.

Fuertes Enríquez aseguró que el chico fue detenido por dos policías en una motocicleta mientras se dirigía a su casa. Él estaba preparándose para los exámenes para entrar a la universidad programados para el sábado pasado.

Realpe visitó ayer a su cliente y comentó que aún no rinde declaraciones. Su testimonio será parte de la audiencia de juzgamiento de mañana.

Los familiares de los detenidos se reunieron en el Colegio de Abogados de Pichincha con el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), Mauricio Chiluisa.

Este último indicó que hoy se iniciarán varias acciones de protesta pacífica por parte de los padres de los detenidos y estudiantes de todo el país.

Así, a partir de las 14:00, realizarán un plantón con carteles cerca de la Casa de Cultura, ubicada a pocos metros de la Unidad de Flagrancia donde será el juzgamiento de los jóvenes.

Chiluisa denunció que el Ministerio de Educación está “amedrentando” a los estudiantes para inmovilizarlos pues ha remitido una carta que debe ser firmada por los padres responsabilizándose de lo que hagan sus hijos; por lo tanto, advirtió, las acciones se desarrollarán después del horario de clases.