Catorce integrantes de la comuna indígena Maca Grande, de la provincia de Cotopaxi, permanecen detenidos por el presunto delito de secuestro de los ciudadanos Sandra y Pedro Mazacón.

Ellos son padre e hija y habrían sido retenidos por la fuerza por aproximadamente 30 indígenas, la noche del domingo, mientras atendían su negocio de comida ubicado entre las calles 10 de Agosto y avenida Seminario del cantón Ventanas, en Los Ríos.

El hecho causó terror entre los ciudadanos que se encontraban por el lugar, a la vez que los hizo tomar valor y enfrentarse a la agrupación, que se movilizaba en dos vehículos.

Los testigos, al notar que por la fuerza subieron a los dos comerciantes a una camioneta doble cabina, color gris, quisieron evitar el hecho, pero no lo lograron, ya que el chofer del carro arrancó con las dos personas adentro.

Más adelante se encontraba una furgoneta, que era ocupada por otros indígenas. Algunos de los vecinos de los Mazacón y ciudadanos ventanenses iniciaron una persecución. Los videos del hecho dan cuenta de lo ocurrido y la rápida intervención de los ciudadanos.

Posteriormente, la Policía, ya alertada del hecho, logró detener el vehículo cerca de la UPC de Ventanas con catorce indígenas, quienes esa noche permanecieron en una Unidad de Policía de ese cantón.

La Policía de Ventanas realizó un operativo de búsqueda de los retenidos y luego de dos horas se detuvo al otro vehículo cuando circulaba por la parroquia Nueva Unión del cantón Valencia, en Los Ríos. En la camioneta doble cabina estaban Sandra y Pedro Mazacón, quienes al oír el control pidieron ayuda a los uniformados.

Sospechosos y secuestrados fueron llevados hasta Ventanas. El lunes, en la audiencia de formulación de cargos, el juez determinó la prisión preventiva para 14 de los 16 indígenas que viajaban en la camioneta, acusándolos del presunto delito de secuestro, mientras que los 14 ocupantes de la furgoneta recuperaron su libertad, entre ellos cuatro menores de edad, según indicó Hugo Amores, jefe de la Policía del cantón Ventanas.

Amores también dijo que la afectada presenta golpes en todo el cuerpo y que la denuncia la formuló aduciendo que no conoce a los integrantes de esa comunidad.

Detalló que los acusados, en sus declaraciones, manifestaron que pretendían llevar a las dos personas hasta su comunidad para que Sandra Mazacón pague una deuda de $4000 que al parecer mantenía con una integrante de Maca Grande, que se relaciona con el alquiler de unos locales comerciales.

Dijo que la agrupación pretendía practicar la justicia indígena a los retenidos.

Silvia Veloz, prima de la agredida, relató que se trató de un secuestro, ya que hasta ella en su intento de defender a sus parientes fue víctima de insultos y golpes por parte de los integrantes de la comuna.

Explicó que el pasado 8 de noviembre, a su prima Sandra le llegó a su negocio una notificación de la comuna Maca Grande, en la que se la citaba para el 12 de ese mes a La Maná (Cotopaxi) para conversar sobre una presunta deuda que mantenía con ellos. “No sabíamos a qué se referían porque no conocemos a esa gente, por eso no le prestamos la atención debida”, expresó la mujer.

Esta versión la confirmó la Policía, ya que el documento sí existe y fue entregado como evidencia a la Fiscalía.

Sandra y Pedro Mazacón no se han pronunciado, pero sus familiares y parientes contaron que Sandra les relató que durante el tiempo que duró el secuestro fue víctima de agresiones físicas y que a ella y a su padre les pusieron capuchas. (I)

Comisario de derechos humanos dice que se deben respetar las leyes

Ambato.-

Gabriel Vaca, comisario de Derechos Humanos de la organización Andes Francia, aseguró que una persona que tenga que rendir cuentas ante la administración de justicia tiene que hacerlo siempre con las debidas formalidades.

Una persona, para que sea detenida, debe tener una orden judicial ejecutoriada con el fin de que responda a la justicia, pero que si una comunidad indígena de Cotopaxi está actuando fuera del marco legal, no se lo puede concebir, dijo.

Añadió que primero se está yendo en contra de los 30 artículos de los derechos humanos y, segundo, fuera de la Constitución de la República del Ecuador, así como de las leyes especiales que defienden la libertad de las personas.

“Si es que somos privados de la libertad sin orden judicial por persona no autorizada, estamos cometiendo otro delito, que podría ser secuestro, que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

Añadió que el hecho recuerda lo que se dio hace casi 15 años con la intervención de Raúl Bayas (de la Junta de Defensa del Campesinado de Tungurahua). “En aquellos tiempos existía esta clase de comunas, esta clase de dirigentes, que secuestraban a las personas para obligarlas al pago de una deuda, al reconocimiento de un niño, a la fijación de pensiones de alimentos, cosa que era gracioso porque no se puede justificar que se les secuestre y presione con una comunidad para que cumplan el capricho de las comunidades, sea verdad o sea mentira”, afirmó.

El comisario de Derechos Humanos aseveró que son respetables los criterios de las comunidades, pero deben enmarcarse en lo que está escrito en las leyes del Ecuador. (I)