Durante décadas, los banqueros repitieron una consigna tranquilizadora: los países, a diferencia de las empresas, no pueden quebrar. Esa idea se derrumbó en los años ochenta, cuando una ola de naciones latinoamericanas cayó en moratoria. Hoy, una pregunta similar resuena en los pasillos del poder financiero: ¿podría una crisis de deuda acabar con la arrogancia del mundo rico?

Hace apenas cinco años, los costos de financiación eran tan bajos que la deuda pública parecía casi gratuita. En la actualidad, los inversores se deshacen de bonos y muchos gobiernos de grandes economías enfrentan las tasas más altas para endeudarse desde los años noventa o los dos mil. La deuda pública de las economías avanzadas duplica, en proporción al PIB, los niveles de inicios de siglo, lo que genera una presión fiscal inmensa.

Incluso antes de la última ola de ventas masivas, se proyectaba que los gobiernos destinarían el 8% de sus ingresos fiscales al pago de intereses de la deuda neta este año. El envejecimiento poblacional y las tensiones bélicas exigen más gasto. Ahora deben pagar aún más para refinanciar deudas pasadas, mientras el endeudamiento continúa sin restricciones. En algún punto, los inversores se rebelarán.

Irónicamente, parte de la caída del mercado de bonos en 2026 es una buena noticia. La economía estadounidense está en pleno auge: las solicitudes de subsidio por desempleo son bajas, el crecimiento podría superar el 3% anual y la productividad se fortalece. Esto impulsa la inversión. Las empresas de inteligencia artificial compiten con los gobiernos por capital, construyendo centros de datos y elevando los tipos de interés.

Sin embargo, ese auge ha intensificado las presiones al alza sobre los rendimientos. La crisis energética derivada del conflicto en Irán disparó la inflación, y crecen las dudas sobre la credibilidad de las instituciones económicas en la era populista. El presidente Donald Trump ha reflexionado recientemente sobre que la inflación puede reducir las deudas «muy rápidamente» y ha renovado sus ataques contra la Reserva Federal por no bajar tasas. Jean-Luc Mélenchon, candidato populista de izquierda en Francia, acusó al gobernador del Banco de Francia de traición. Los inversores en bonos, con visión de largo plazo, perciben el riesgo de que los gobiernos usen la inflación para vaciar sus bolsillos.

El impacto inmediato de la venta de bonos varía entre países. Estados Unidos descubre que su expansión impulsada por inteligencia artificial no resuelve sus problemas de deuda, porque los costos de intereses crecen al mismo ritmo que la economía. El déficit federal, cercano al 6% del PIB, es insostenible. Aún así, el Tío Sam se beneficia de emitir la moneda de reserva mundial: el dólar se ha disparado mientras suben los rendimientos. La hora de la verdad fiscal aún no llega, pero se acerca.

Japón es otra fuente de preocupación que, por ahora, resiste. El rendimiento de sus bonos a diez años superó el 3% por primera vez desde 1996, y el país planea un gasto cuestionable. Sin embargo, la inflación ha subido junto con las tasas, y como los tipos ajustados a la inflación siguen bajos y el déficit es reducido, la deuda se reduce en proporción a la economía. Si los japoneses comienzan a vender su enorme cartera de activos extranjeros, las sacudidas financieras se sentirían en todo el mundo. Pero el gobierno nipón aún no enfrenta una retirada masiva de sus bonos.

Europa concentra el peligro más agudo de una crisis de deuda. El auge de la inteligencia artificial eleva su costo de capital, pero, a diferencia de Estados Unidos, no impulsa el crecimiento económico. Su economía, dependiente de importaciones energéticas, sufre por los altos precios del combustible, y un invierno frío agravaría la situación ante una posible escasez mundial de gas natural licuado. Gobiernos prudentes como los de Alemania, Escandinavia y Suiza mantienen sus presupuestos en orden, pero el Reino Unido, Francia e Italia se tambalean.

Gran Bretaña ya vivió una revuelta en el mercado de bonos en 2022. Tras aprender la lección, corrigió el rumbo, pero su ratio deuda/PIB sigue subiendo y los políticos posponen recortes de gasto, como la reforma de pensiones recientemente prometida. La deuda neta de Italia es estable, pero al alcanzar el 129% del PIB, resulta frágil y podría colapsar en medio del pánico.

Francia es el país que enfrenta mayor presión. Se prevé que su déficit presupuestario llegue al 5,4% del PIB en 2026. Según cálculos de The Economist, si Francia refinanciara toda su deuda a las tasas actuales de los bonos a cinco años, estabilizarla requeriría un ajuste fiscal superior al 4% del PIB. Sin embargo, el país está sacudido por protestas estudiantiles y su Parlamento apenas logra aprobar un presupuesto con recortes que equivalen a una décima parte de esa cifra.

Recientemente, los inversores obligaron a Francia a pagar 1,5 puntos más que Alemania por endeudarse a diez años, el diferencial más alto desde la crisis de deuda de la eurozona. De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Marine Le Pen, del partido populista de derecha Agrupación Nacional, lidera las encuestas. El 6 de octubre se comprometió a recortar los presupuestos en un 3% del PIB para 2032 y a reducir a la mitad la deuda en relación al PIB. Los rendimientos de los bonos cayeron ligeramente, pero a Le Pen le falta credibilidad: sigue prometiendo reducir la edad de jubilación mientras la esperanza de vida aumenta, sin abordar la partida más importante del gasto público francés.

Podría producirse una estampida sobre los bonos franceses. Si ocurre, el gobierno podría responder no con austeridad, sino exigiendo un rescate al Banco Central Europeo (BCE). En teoría, los países deben ordenar sus presupuestos antes de que el BCE compre su deuda, pero en la práctica las barreras de protección contra rescates son más débiles que hace una década. En un juego de «quién se atreve» con el BCE, un presidente populista probablemente ganaría: sin Francia, la Unión Europea no podría sobrevivir.

Sobrecalentamiento

Sería un error que los bancos centrales rescataran a gobiernos que se niegan a equilibrar sus cuentas. Su función es desatascar tuberías financieras, no respaldar décadas de endeudamiento imprudente. Si los bancos centrales se convierten en cajeros automáticos para los ministerios de Hacienda, en lugar de garantes de la estabilidad de precios, los bonos a largo plazo se venderán aún más. Los votantes se vengarán. El mejor camino, en Francia y en otras naciones, es que los políticos expliquen a su electorado que la deuda pública debe estar bajo control y que, juntos, deben hacer lo que sea necesario.