Beneficiarios de una incapacidad permanente que ya no tienen que pasar la revisión del tribunal médico
Desde comienzos de año, los pensionistas por incapacidad permanente que han alcanzado la edad de jubilación ya no tendrán que someterse a las temidas revisiones médicas periódicas, una medida que ha sido confirmada por la Seguridad Social. Este cambio normativo supone un alivio para miles de personas que, tras años de incertidumbre y estrés por las posibles consecuencias de estas evaluaciones, ahora podrán disfrutar de su pensión de manera más estable y sin temor a perderla. El fin de las revisiones, que se hacía de manera rutinaria cada dos años, beneficiará a aquellos afectados por discapacidades permanentes que, en la mayoría de los casos, son irreversibles. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.
Beneficiarios de una incapacidad permanente
La nueva normativa establece que, una vez que el beneficiario de la pensión por incapacidad permanente alcanza la edad de jubilación —67 años o 65 años en caso de haber cotizado al menos 38 años y seis meses—, ya no será necesario pasar más evaluaciones médicas por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). Este equipo es el encargado de determinar, mediante exámenes médicos periódicos, si el estado de salud de los pensionistas ha mejorado, empeorado o se ha mantenido estable, y si siguen cumpliendo con los requisitos para recibir la pensión.
La edad de jubilación es, por tanto, el límite a partir del cual el beneficiario queda exento de cualquier nueva revisión médica. Esto significa que, una vez alcanzada dicha edad, la persona recibirá la pensión por incapacidad permanente sin estar sujeta a posibles revisiones que pudieran modificar el grado de incapacidad o, en algunos casos, incluso retirar la pensión si se consideraba que su estado de salud había mejorado lo suficiente como para reincorporarse al trabajo.
Evaluaciones previas
Hasta que el pensionista alcance la edad de jubilación, no obstante, el EVI seguirá siendo el responsable de evaluar periódicamente a los beneficiarios. Estas evaluaciones tienen el objetivo de verificar que el grado de discapacidad se mantenga por encima del 33%, que es el requisito mínimo para continuar recibiendo la pensión de incapacidad permanente. De hecho, hasta ahora, muchos pensionistas han vivido con el temor constante de que cualquier leve mejoría en su condición pudiera ser motivo para una revisión y posible reducción o anulación de su pensión.
La Seguridad Social, mediante este nuevo enfoque, reconoce que muchas de las enfermedades que causan una incapacidad permanente no mejoran con el tiempo y que las revisiones periódicas, además de generar estrés en los afectados, no siempre resultaban en una evaluación justa. Con esta medida, se busca dar mayor tranquilidad a los pensionistas, quienes a menudo se enfrentaban a la incertidumbre de estas revisiones y sus posibles consecuencias.
¿Qué sucede si la pensión es retirada antes de la jubilación?
A pesar de la eliminación de las revisiones médicas para quienes han llegado a la edad de jubilación, todavía existe la posibilidad de que una persona vea retirada su pensión por incapacidad permanente antes de cumplir con este requisito. En estos casos, el afectado tiene varias opciones para intentar recuperar la pensión. Una de las más recomendadas es solicitar un subsidio por revisión de incapacidad permanente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Este subsidio consiste en una ayuda económica mensual de 480 euros que se otorga por un período inicial de seis meses, y puede extenderse hasta un máximo de 18 meses, siempre y cuando el beneficiario cumpla con una serie de requisitos específicos. Además, dependiendo del estado de salud del pensionista, también existe la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral, si se considera que la persona está en condiciones de trabajar nuevamente. En tal caso, es importante verificar si el trabajador tiene derecho a regresar a su puesto anterior o buscar un empleo acorde a sus nuevas capacidades.