Audiencia de acción de protección, en el Complejo Judicial de Latacunga, hace conocer que la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, Harrison Salcedo, presentó ante la dirección del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional de Cotopaxi, en Latacunga, un pedido para que se analice el trámite de prelibertad de su cliente, quien fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita relacionado a Odebrecht.

Salcedo, la mañana de este jueves, desistió de continuar con la acción de protección que interpuso el 13 de mayo pasado contra las autoridades del CRS de Cotopaxi por no permitir el acceso a abogados al centro y la recepción de todo tipo de documentos, trámites y carpetas. Él pretendía entregar la solicitud de trámite para prelibertad, pero el entonces director del CRS de Cotopaxi no le habría permitido hacerlo argumentando temas relacionados a la pandemia por COVID -19 que afectaba al país.

«Su señoría del caso en examine se desprende que la pretensión principal de esta acción de protección era que el CRS Sierra Centro Norte Cotopaxi cumpla con su obligación legal de dar tutela judicial efectiva administrativa, y por consiguiente el cumplir con los derechos a recibir peticiones y resolver en respuesta de plazo razonado y motivado su señoría», dijo el abogado de Glas en audiencia.

Salcedo explicó que el desestimiento llegaba porque desde el CRS de Cotopaxi se le respondió que «la nueva dirección ha habilitado la recepción de documentos en el primer filtro». Para él, dijo, esa decisión le permitió presentar, como en derecho corresponde, la solicitud respecto al trámite de prelibertad del exvicepresidente Glas y ya no veía sentido en que la diligencia siga.

Glas cumple su sentencia por asociación ilícita en el CRS de Cotopaxi, en Latacunga y además de es sentencia de seis años, el exbinomio de Rafael Correas, el pasado 7 de abril, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio agravado en el denominado caso Sobornos 2012 -2016.

Glas participó vía telemática de la diligencia y dijo que «el haberse negado a recibir documentos en el CRS (de Cotopaxi), por cuanto tiempo y de una manera inconstitucional» ha expuesto mi salud, su vida y ha vulnerado sus derechos. Además que ese hecho le causó daños y perjuicios que podria reclamarlos en una nueva acción de protección. (I)