Así lo sostiene la defensa de la prefecta de Pichincha, que busca su liberación.

Punto Noticias. La abogada Belén Puma, del equipo de defensa de Paola Pabón, advierte que la prefecta del Gobierno de Pichincha, hasta este jueves 31 de octubre, se encuentra detenida y privada de su libertad 17 días, de manera injusta, arbitraria e ilegal.

Según la profesional del derecho, desde que inició el proceso contra Pabón se han registrado más de 10 irregularidades e ilegalidades.

Puma recordó que la Fiscalía ordenó investigar a la prefecta Pabón por dos tuits. Un policía, un fiscal y un juez determinaron que uno de estos tuis tenía suficiente grado de culpabilidad para que sea detenida.

“Mientras el vicepresidente declara que hay tranquilidad, la fuerte represión en la parroquia Cangahua del cantón Cayambe deja herido de gravedad al dirigente de la Junta Guanguilquí-Porotog, Pedro Lanchimba. Rechazamos la violencia”, decía el tuit de Paola Pabón, que para la abogada no es causal para que se inicie la investigación por el delito de rebelión.

La defensa de Pabón señala que para que se dé la tipificación del delito de rebelión deben existir varias características: “La persona que realice uno o varios de los siguientes actos, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.

1. Se levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones.

2. Impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva.

3. Impida las elecciones convocadas.

4. Promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado”, como señala el artículo 336 del COIP.

La abogada Puma está convencida de que Paola Pabón no cometió ninguno de estos actos y que, más bien, rechazó la violencia, de manera pública. Insiste en que la prefecta de Pichincha es investigada, detenida y privada de su libertad sobre la base de supuestos y presunciones. No hay pruebas.

Al momento la defensa de Pabón espera respuesta a la apelación al auto de prisión preventiva, exagerada, dictada por un juez, porque el objetivo fundamental es que la prefecta se defienda en libertad, como es su derecho constitucional.