Álex Saab es un empresario colombiano que, durante más de una década, estuvo ligado al círculo de poder del chavismo en Venezuela. Aunque empezó su carrera lejos de la política, vendiendo textiles y uniformes industriales, terminó convirtiéndose en una de las personas más cercanas al gobierno de Nicolás Maduro.

Fiscales de Estados Unidos, investigaciones periodísticas y organismos internacionales lo han señalado durante años como un supuesto operador financiero del chavismo —el movimiento político fundado por Hugo Chávez y continuado por Maduro. Es decir, como alguien que habría ayudado a mover dinero y facilitar negocios para el gobierno venezolano en medio de una profunda crisis económica y sanciones internacionales.

Por eso, incluso se lo señaló como el testaferro de Maduro.

Su nombre ha aparecido en investigaciones periodísticas y judiciales, por presunto lavado de dinero, contratos millonarios de alimentos, exportaciones irregulares y redes empresariales creadas en países como Colombia, Venezuela y Ecuador.

Saab volvió a ocupar titulares internacionales el 16 de mayo de 2026, cuando el gobierno venezolano confirmó que fue deportado a Estados Unidos, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense.

¿Por qué un empresario genera tanto interés político y judicial? Y, ¿qué tiene que ver Ecuador en esta historia?

Este es un breve perfil de Álex Saab y sus posibles vínculos con Ecuador.

De comerciante en Colombia a empresario cercano al chavismo

Álex Naim Saab Morán nació en 1971 en Barranquilla, Colombia, en una familia de origen libanés.

Sus primeros negocios estuvieron relacionados con la fabricación y venta de textiles, especialmente uniformes industriales. Durante años fue un empresario poco conocido fuera de Colombia y sin un rol político visible.

Su vínculo con Venezuela comenzó a inicios de la década de 2010, cuando el gobierno de Hugo Chávez impulsaba la Gran Misión Vivienda Venezuela, un programa estatal para construir casas populares financiadas con recursos petroleros.

En noviembre de 2011, los gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron un acuerdo para construir viviendas prefabricadas destinadas a familias venezolanas. La idea era que empresas colombianas ayudaran a producir materiales y componentes para construir esas casas en Venezuela.

Aunque Saab no era funcionario ni político, apareció públicamente junto a Hugo Chávez y al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos durante la firma del convenio. Saab firmó como representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcción (Foglocons), creada apenas cuatro días antes del acuerdo y que sería una de las encargadas del proyecto de vivienda.

Un año después, otras empresas, también vinculadas a Saab pero constituidas en Venezuela —como ELM Import — firmaron convenios con el Ministerio de Vivienda venezolano para construir esas casas: alrededor de 8.400 por unos 654 millones de dólares. El plan consistía en importar desde otros países partes de las casas ya fabricadas —como paredes, estructuras y piezas listas para ensamblar— para armarlas rápidamente y acelerar la construcción de viviendas populares en Venezuela.

Según investigaciones judiciales y periodísticas, parte de ese negocio dejó de canalizarse desde Colombia y terminó moviéndose a través de Ecuador.

La conexión con Ecuador aparece en 2012

En 2012, ELM Import no solo trabajaba con la empresa Foglocons en Colombia —que había firmado el convenio original— sino que empezó a hacerlo con una compañía que se creó en Ecuador con el mismo nombre: Fondo Global de Construcciones (Foglocons Ecuador).

Según registros societarios revisados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, que investigó el caso en 2021, la empresa fue creada por Luis Sánchez Yánez —hermano de Jaime Sánchez Yánez, conocido como “el Chamo”, ex asesor del gobierno de Rafael Correa— junto con Álvaro Pulido, considerado uno de los socios más cercanos de Saab.

ELM Import, de Venezuela, le habría pagado a Foglocons Ecuador de una manera poco convencional: con el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). El mecanismo fue creado en 2009 por los 10 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre ellos Venezuela y Ecuador, para facilitar pagos comerciales sin usar directamente dólares.

La hipótesis en el informe de la Comisión de Fiscalización de 2021 —presidida por el ex asambleísta Fernando Villavicencio e integrada, entre otros, por Ana Belén Cordero y Bruno Segovia— era que la empresa de Saab en Venezuela le pagaba a Foglocons Ecuador en bolívares, la moneda oficial venezolana.

Pero ese dinero pasaba primero al Banco Central de Venezuela. Allí, el sistema Sucre registraba la operación y transformaba los bolívares a sucres (una moneda virtual inventada por el ALBA). Esos sucres, cuando llegaban a Ecuador, se transformaban en dólares en el Banco Central ecuatoriano.

El Banco entregaba los dólares al Banco Territorial, donde Foglocons tenía la cuenta. Ese dinero habría sido depositado, por los accionistas de Foglocons, en paraísos fiscales.

Según información revisada por la Comisión y reportes de Fiscalía, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 Foglocons Ecuador recibió cerca de 160 millones de dólares mediante 185 transferencias. Sin embargo, las exportaciones registradas de materiales para viviendas alcanzaban apenas unos 3,1 millones de dólares, según datos del Servicio de Aduanas de Ecuador.

Es decir, el dinero recibido no coincidía con los materiales reportados.

A partir de eso surgió la sospecha de que algunas exportaciones pudieron haber sido simuladas o sobrevaloradas para justificar pagos millonarios. La Fiscalía incluso planteó que había indicios de exportaciones ficticias y movimientos posteriores de dinero hacia el exterior.

La Comisión de Fiscalización aclaró que no encontró evidencia documental definitiva que demostrara que Saab fuera accionista directo o administrador formal de Foglocons Ecuador —a pesar de que su socio era el dueño.

Lo que sí concluyó es que existían indicios de que Saab habría cumplido un rol de articulador político y empresarial alrededor de esos contratos de vivienda y del sistema Sucre.

La entonces asambleísta Ana Belén Cordero, quien participó en la investigación, le dijo a GK que existían “indicios conducentes” sobre el rol de Saab, aunque no evidencia concluyente que permitiera ubicarlo jurídicamente como dueño de la empresa ecuatoriana.

Los hallazgos fueron enviados a la Fiscalía como noticia criminis en 2021. Hasta mayo de 2026, dijo Cordero, no está claro en qué etapa se encuentra esa investigación.

De contratista del Estado a hombre de confianza

Cuando Hugo Chávez murió en 2013 y Nicolás Maduro asumió la presidencia, Saab no desapareció del escenario político venezolano. Por el contrario: su cercanía con el gobierno habría crecido con los años.

Desde 2014, Venezuela empezó a atravesar una crisis económica cada vez más profunda. La caída de los precios del petróleo —principal fuente de ingresos del país— se combinó con una inflación acelerada, escasez de alimentos y medicinas, y un deterioro de servicios básicos. Al mismo tiempo, crecían las denuncias internacionales contra el gobierno de Maduro por persecución a opositores, debilitamiento de instituciones democráticas y violaciones de derechos humanos.

En ese contexto, Estados Unidos empezó a imponer sanciones. Primero fueron dirigidas a funcionarios venezolanos señalados por corrupción o abusos de derechos humanos. Pero entre 2017 y 2019 las restricciones se ampliaron al sistema financiero y a la petrolera estatal PDVSA dificultando que Venezuela pudiera vender petróleo, cobrar pagos internacionales, acceder a dólares o importar bienes mediante bancos internacionales.

En ese contexto de restricción, Saab se convirtió en una figura estratégica.

Según fiscales del Distrito Sur de Florida, Saab habría ayudado al gobierno venezolano a mantener operaciones comerciales en el exterior mediante empresas registradas en distintos países, intermediarios y mecanismos alternativos de pago.

Saab siempre ha rechazado esas acusaciones.

El caso CLAP: las cajas de alimentos que lo hicieron aún más poderoso

En 2016, cuando Venezuela atravesaba una profunda escasez de alimentos, el gobierno de Nicolás Maduro creó los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un sistema de distribución de cajas de comida subsidiada para millones de familias. Las cajas incluían productos básicos como arroz, harina, leche en polvo, aceite o granos y se entregaban en barrios y comunidades.

Fue alrededor de este programa —creado tres años después de la llegada de Maduro al poder — que el nombre de Álex Saab empezó a sonar con más fuerza internacionalmente.

Una investigación periodística del medio venezolano Armando.info reveló que empresas vinculadas con Saab habrían recibido contratos millonarios para importar esos alimentos. Según la investigación, varios productos llegaban con sobreprecios o eran de baja calidad, mientras empresas ligadas al empresario obtenían grandes ganancias. Estos reportajes obligaron al equipo periodístico a exiliarse tras hostigamiento y demandas impulsadas por Saab.

Estados Unidos empezó a señalar a Saab como una pieza clave dentro de una estructura financiera vinculada al chavismo.

La investigación de Estados Unidos y su captura en África

En julio de 2019, fiscales del Distrito Sur de Florida acusaron a Álex Saab formalmente de conspiración para cometer lavado de dinero. Según el expediente, Saab y uno de sus socios habrían movido aproximadamente 350 millones de dólares a través de cuentas internacionales relacionadas con contratos venezolanos.

Un año después, el 12 de junio de 2020, fue detenido en Cabo Verde, un archipiélago africano, cuando el avión privado en el que viajaba, que iba rumbo a Irán, hizo una parada para cargar combustible.

Estados Unidos pidió su extradición, y el gobierno de Maduro reaccionó inmediatamente: aseguró que Saab no viajaba por negocios privados sino en una “misión humanitaria” para conseguir alimentos, medicinas y combustible para Venezuela, golpeada por sanciones internacionales.

Por eso, el chavismo lo presentó como diplomático venezolano y argumentó que tenía inmunidad. Aunque nació en Colombia, Saab también tiene la nacionalidad venezolana.

Estados Unidos rechazó esa versión y sostuvo que Saab debía enfrentar cargos penales como cualquier acusado. Su detención y posterior extradición terminó afectando incluso negociaciones políticas internacionales. Por ejemplo, en 2021, el gobierno de Maduro y la oposición venezolana mantuvieron conversaciones en México para buscar acuerdos sobre la crisis política y democrática del país.

Pero cuando Saab fue extraditado a Estados Unidos en octubre de ese año, Maduro suspendió temporalmente esas negociaciones en señal de protesta. Para el chavismo, la extradición fue un ataque político; para Washington, se trataba simplemente de un caso judicial.

Liberado tras acuerdo con Estados Unidos

Entre 2021 y 2023, Saab permaneció detenido en Estados Unidos mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

Pero su permanencia en prisión terminó abruptamente cuando, en diciembre de 2023, en ese entonces el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo liberó como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

A cambio, Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país, al activista opositor, cercano a María Corina Machado, Roberto Abdul, y entregó a Estados Unidos, entre otros,  al contratista militar prófugo Leonard Glenn Francis, conocido como “Fat Leonard”.

Álex Saab regresó a Venezuela el 20 de diciembre de 2023. El mismo día en que Estados Unidos anunció su liberación, dejó de ser solo un empresario cercano al poder y asumió, por primera vez, un cargo formal dentro del gobierno: fue nombrado director del Centro Internacional de Inversión Productiva y luego ministro de Industrias.

La caída de Maduro y el impacto en Saab

Tras la caída de Nicolás Maduro en enero de 2026, Álex Saab no salió inmediatamente del gobierno. Durante algunos días continuó formalmente como ministro de Industrias bajo la administración encargada de Delcy Rodríguez, pero el 16 de enero fue removido del cargo en medio de una reestructuración ministerial.

Aunque el gobierno dijo entonces que asumiría “nuevas responsabilidades”, Saab desapareció del espacio público. El 16 de mayo de 2026, el gobierno venezolano informó oficialmente sobre su deportación a Estados Unidos, donde enfrenta investigaciones por presuntos delitos financieros. Saab había sido detenido en febrero, semanas después de la captura de Maduro, y permanecía en una cárcel venezolana, en un contexto de creciente cooperación entre las autoridades venezolanas y estadounidenses bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Para la abogada y ex asambleísta ecuatoriana Ana Belén Cordero, quien investigó el caso Saab junto a Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la deportación podría tener implicaciones más allá del propio empresario.

Cordero le dijo a GK que Saab “puede saber mucho sobre el régimen chavista y el régimen de Maduro” y considera posible que, ante la presión judicial en Estados Unidos, entregue información sobre cómo se construyeron redes políticas, comerciales y financieras alrededor del chavismo.

La exlegisladora cree que Saab podría ayudar a entender “cómo se armó la estructura” y qué actores participaron en operaciones económicas que durante años sostuvieron al gobierno venezolano. Aunque todavía no está claro si colaborará con la justicia estadounidense, Cordero considera que podría aportar información sobre contratos, circuitos financieros y relaciones políticas construidas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Su vida personal

Álex Saab está casado con la modelo italiana Camilla Fabri y tiene cinco hijos.

Durante años mantuvo una vida marcada por viajes internacionales y residencias fuera de Venezuela mientras enfrentaba procesos judiciales y sanciones económicas.

Pese a todas las acusaciones, Saab ha insistido en que es un empresario perseguido políticamente por su cercanía con el gobierno venezolano.