Además se ha presentado un certificado de secretaria general de la Presidencia sobre la inexistencia del Fondo de Solidaridad que aseguró el expresidente Rafael Correa.

Para llegar a los 231 elementos de convicción se revisaron fuentes como pericias informáticas a archivos y correos, informes técnicos de audio y video, materialización de información, memorandos de instituciones públicas, análisis financieros, versiones de proveedores y procesados, oficios de la Presidencia de la República, informes de la UAFE, peritajes de contratos de obras públicas, entre otros.

Presunciones que presentó hasta la tarde del martes la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Sobornos, donde se investiga el delito de cohecho. Además, Fiscalía advirtió tener 587 elementos de convicción para llamar a juicio a 22 personas más.

Salazar asegura que ha identificado la existencia de una “estructura criminal”, conformada por burócratas y empresarios o personas, con el objetivo de entregar de dinero en efectivo o mediante cruce de facturas a cambio de beneficiarse de contratos para obra pública.

Se realizó la presentación de un informe técnico informático realizado a dos correos que involucrarían al expresidente Rafael Correa y a su secretario Jurídico Alexis Mera, donde se asegura que pedían nuevos contratos a cambio de que la constructora no revele los nombres de los burócratas cohechados.

Los análisis financieros llegaron a los gastos de los procesados y las empresas investigadas, con análisis comparativos entre los registros del archivo Verde Final e información recibida por el SRI.

Según Salazar la pericia al archivo Verde Final evidencia transacciones comerciales por $6 793 088 con doce empresas, de las cuales son procesados sus representantes legales, ella indica que ha presentado un certificado de la secretaría de la Presidencia sobre la inexistencia de algún Fondo de Solidaridad o fondo de ayuda humanitaria entre 2012 y 2016, como asegura Rafael Correa. Y que del 2012 al 2015 no existió autorización de arriendo de oficinas en el edificio Concorde, ocupada por Pamela Martínez.

Esta audiencia se reinstalará el viernes y Fiscalía continuará presentando las presunciones, luego intervendrá la Procuraduría y después los abogados de los procesados.

Fuente: El Universo