Además, exhorta al Presidente Moreno y otras autoridades a ratificar los reiterados anuncios de respeto a la libertad de expresión

Punto Noticias. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta de una posible vulneración de derechos a la libertad de expresión por el proceso que lleva la Agencia de Regulación y Control (ARCOTEL) contra Radio Pichincha Universal.

La entidad defensora de derechos humanos recuerda que, en octubre de 2019, Ecuador vivió un levantamiento popular en rechazo al anuncio de medidas económicas dispuestas por el Gobierno. En ese contexto se culpó a la radio como instigadora de la violencia en las manifestaciones ciudadanas y la señal fue suspendida durante 19 días a través de una sanción administrativa de la ARCOTEL.

El juez Mario Cadena otorgó una acción de protección, el pasado 25 de octubre de 2019, para que la radio pueda volver al aire, pero este 18 de agosto un Tribunal revocó esta medida.

A criterio de la Defensoría del Pueblo, esta revocatoria que tardó 10 meses -violentando el plazo máximo de 20 días otorgado para resolver la apelación-, es “un serio atropello al debido proceso, a la libertad de expresión, que atenta, además, contra los derechos laborales de las y los trabajadores de la radio y sus familias, quienes dependen de este medio de comunicación para su supervivencia.

Además, explica que el estado de excepción de octubre no restringió el derecho a la comunicación ni a la libertad de expresión, por lo que no cabía sanciones por la publicación de información de interés público, por lo que, la disposición de ARCOTEL trasgrede lo establecido en varios instrumentos internacionales ratificados por el país, como son, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH o la Declaración de Chapultepec.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a este caso, oportunamente, señaló que la Convención Americana impide al Estado suspender preventivamente la transmisión de medios de comunicación, a menos que, respetando garantías del debido proceso, se pruebe la promoción de actos violentos y que, la imposición de cadenas oficiales a medios sea legítimo, en momentos críticos, pero por un tiempo indeterminado es una medida desproporcionada.

Aparte de la alerta que emite la Defensoría del Pueblo a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, también exhorta al Presidente de la República, Lenín Moreno, y demás autoridades del Gobierno a que se ratifiquen sobre los reiterados anuncios respecto a su compromiso por el absoluto respeto a la libertad de expresión de todas y todos los ciudadanos y de los medios de comunicación, sin importar cuál sea su formato, audiencia o línea editorial y, sobre todo, acerca de su convicción de que “solo una prensa libre garantiza la democracia que vive Ecuador”.

Los abogados de la emisora anunciaron que presentarán un acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional para que tutele los derechos vulnerados en este proceso.