Mediante una carta difundidas este jueves las dos instancias hicieron un llamado a la Secretaría a respetar la independencia de la Función Judicial.

Aunque en la carta dirigida al secretario Anticorrupción, José de la Gasca, se pide sumar esfuerzos para luchar contra la corrupción de forma técnica, jurídica e institucionalizada, se le aclara que «el principio de separación de poderes tiene como fin último garantizar el Estado de Derecho, evitando que cualquiera de los poderes del Estado moderno adquiera excesiva primacía sobre el resto».

El documento fue firmada electrónicamente por los cuatro vocales y la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre.

El 6 de mayo pasado, la fiscal general Diana Salazar entregó al presidente de la República, Lenín Moreno, un oficio en el que señaló injerencias de la Secretaría Anticorrupción en competencias de Fiscalía.

Este jueves Salazar resaltó el que otras instituciones se hayan sumado a la posición de la Fiscalía, porque, dijo, este no es un tema contra las personas, sino que técnica y jurídicamente se hizo un análisis de lo que estaba pasando.

En su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, del lunes último, De la Gasca aseguró que la Secretaría siempre ha respetado la división de poderes. «No pretendemos entrometernos en eso, ni en causa relacionada con función distinta a la nuestra, pero eso no significa que no debamos estar ahí en los casos de corrupción».

«Vamos a seguir con nuestro trabajo, pero siempre haciendo respetar nuestra autonomía, independencia, cuidando de que los resultados sean óptimos, porque por injerencias, por afanes no podemos poner en riesgo nuestras investigaciones», Diana Salazar, fiscal general

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, el miércoles respaldó a la Secretaría Anticorrupción. Para ella no ha habido ninguna intención de interferir con las tarea de la Fiscalía y si ha existido algún tipo de confusión, algún tipo de interferencia, como habría sugerido Salazar en su carta al presidente, todo se trataría de un «mal entendido».

Según el oficio del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, las autoridades que lideran los órganos jurisdiccionales, administrativos y autónomos de la Función Judicial, ven con preocupación los pronunciamientos de esa Secretaría.

A su criterio luchar contra la corrupción requiere del actuar de cada uno de los ecuatorianos, pues es un mal que afecta a todos, pero creen que «trabajar por un fin, interfiriendo en las acciones que realizan los órganos jurisdiccionales y autónomos que tienen por mandato de ley combatir la corrupción (…) puede ser igual de peligroso que no actuar».

El tema de la Secretaría Anticorrupción, para el contralor general (s), Pablo Celi, no tiene que ver con una pugna de criterios o contradicciones entre funcionarios, sino que tiene que analizarse desde la integralidad de las competencias y funciones del Estado.

Él tiene claro que esa Secretaría interviene en espacios que son competencia exclusiva de Fiscalía y Contraloría y por ello cree que debe evaluarse la pertinencia de mantener un organismo como este. (I)