El colectivo de YASunidos insistirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que conmine al Estado ecuatoriano a convocar a una consulta popular para que la gente se pronuncie sobre la explotación petrolera en el campo ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní.

Una comisión del grupo viajará junto a otras organizaciones sociales, a Washington, para participar en una audiencia convocada por la CIDH que tiene relación con la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

La cita es el 27 de octubre próximo, en el marco del 153 periodo de sesiones. A más de este tema se analizará la situación de la justicia en el país.

Patricia Carrión, abogada del colectivo, explicó que en esa cita se hablará del proceso desarrollado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la verificación de las firmas. Según el CNE, YASunidos no logró las 583.324 rúbricas que se necesitaban para hacer el llamado.

Carrión comentó que aprovecharán ese viaje para presentar ante la CIDH una demanda contra el Estado ecuatoriano por violación a los derechos de participación y a los derechos políticos consagrados en la Convención Interamericana y en la Constitución ecuatoriana al negar la convocatoria a una consulta popular.

En la querella, “vamos a pedir que la CIDH ordene al Ecuador que se realice la consulta popular sobre el tema Yasuní y que se haga dentro de un proceso legal y que no ponga obstáculos de tipo legal para ejercer ese derecho ciudadano”, subrayó.

Pablo Piedra, otro de los abogados del grupo, dijo que el documento está listo. Fue elaborado por Julio César Trujillo, Patricia Carrión y Ramiro Ávila.

Piedra comentó que esperan que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos determine que el Ecuador ha violado “nuestros derechos a la participación y que se comprometa a garantizarlos” y que buscan crear conciencia internacional para “presionar al Estado para que se abstenga de seguir con su política extractivista”.

El colectivo también se referirá a la petición de medidas cautelares para proteger la vida de unos cien recolectores de las firmas que fueron amenazados con juicios.

Según Piedra, este proceso está en trámite dentro de la CIDH. Recientemente el Gobierno pidió más tiempo para contestar los pedidos de la CIDH; esta lo aceptó. El plazo vence este mes.

El Estado no ha confirmado si enviará delegados a las audiencias en Washington.