“Ya hasta golpes ha habido. Unas 15, 20 personas han venido en tono amenazante a decirnos que nos van a quemar, a quitar los caballos”, cuenta Esther Romero Mite, de 67 años.

Hace un año denunció la invasión de 44 hectáreas que –asegura– le pertenecen, en una zona de Taura que colinda con Durán, en Guayas, y desde entonces, cuenta, se debate entre dos miedos: perder la vida o su tierra. Ambas, para ella, son la misma cosa: “Hemos aprendido a amar esta tierra, al ganado… que venga gente invasora o herederos a querer tumbar las casitas… Estamos en medio de un desastre, todo ocasionado por la misma autoridad”, comenta.

Su denuncia es una de las 60 mensuales que, en promedio, registra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y una de las 1230 que desde el 2014 se han presentado en la Fiscalía del Guayas.

Esta provincia se ubica a la cabeza de un delito que crece en el país aupado por la corrupción, vacíos legales y la presencia de traficantes de tierras a quienes “todos los conocen, pero nadie los denuncia”.

Guayas es donde más conflictos de tierra hay, por todas partes. La corrupción de ciertos municipios en las áreas de Catastro y también en los Registros de la Propiedad lleva a no aprovechar herramientas, hoy en día más automatizados, para evitar que la gente abuse”, afirma Juan Antonio López, subsecretario de Tierras del MAG.

A nivel nacional, la Fiscalía suma 2955 denuncias por ocupación ilegal de tierras, incluso tentativas, desde agosto del 2014 hasta julio pasado, el 78% en la Costa. Después de Guayas (1230 denuncias), y por gran diferencia, sigue Esmeraldas (445) y Manabí (245).

Las invasiones ocurren con mayor frecuencia, explican abogados y exfuncionarios del MAG, cuando los propietarios no cercan el terreno ni lo custodian, cuando no producen el 100 % de la tierra y “los vecinos se aprovechan” o por desconocimiento de los procesos para legalizar su predio.

Pero también hay quienes se dedican a invadir tierras “por negocio”. La secretaria técnica nacional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, Evelyn Montalván, asegura que “siempre en todo asentamiento hay alguien que los motiva, que los promueve, siempre va de la mano con el traficante”.

La violencia, agrega la abogada Briccida Robles, caracteriza las invasiones en la zona rural: “Imagínese, encuentra ocho hombres armados, por más que quiera, deja eso ahí”.

No todos. Hay quienes, por defender la tierra que consideran suya, inician batallas judiciales que duran años, destinan miles de dólares y arriesgan hasta sus vidas. (I)