Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), señala que “en el caso de que haya instancias que no ofrecieran las garantías necesarias, deben darse sanciones”.

Punto Noticias.-El presidente Lenín Moreno expuso el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, sobre las competencias de las entidades gubernamentales en materia de discapacidad. El documento fue presentado ayer, martes 13 de abril del 2021.

En suma son ocho ministerios de Estado: de Salud, Transporte y Obras Públicas, Gobierno, Trabajo, Telecomunicaciones, Relaciones Exteriores, Educación y Cultura.

El primero cuenta con siquiera 12 competencias a observar como: casos relacionados con impedimentos en el ingreso de animales de compañía de las personas con discapacidad, ocultamiento de inventarios, omisión de información en casos de nacimientos de niños con cierta patología que provoque discapacidad, cobro de medicamentos, insumos y ayudas técnicas en la red pública de salud, impedir el acceso a salud prepagada, negarse a inscribir a una persona en esta condición para que acceda a sus beneficios, y más.

El Ministerio de Transporte deberá atender reclamos sobre el cobro de la tarifa preferencial en el transporte terrestre, aéreo, fluvial, etc., para este grupo social.

El Ministerio de Gobierno revisará reclamos vinculados a las tarifas en eventos públicos. Mientras que la cartera de Trabajo, todo lo afín a incumplimientos con el porcentaje de inclusión de ellos en las nóminas de las empresas.

Educación, por su lado, debe atender problemas con el acceso a las aulas de clase de los chicos con esta condición. En cambio, la responsable de Telecomunicaciones observará incumplimientos al acceso, a las facilidades en el ámbito de la comunicación, en especial, a quienes tienen discapacidad auditiva. Incluso, las tasas preferenciales en servicios como la cedulación.

Además, las carteras de Relaciones Internacionales y Cultura analizarán las dificultades relacionadas con tasas preferenciales en trámites consulares e impedimentos en el acceso de estos grupos de la población en espacios culturales, respectivamente.

Según Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), “es importante que quede claro que el Estado debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ya que existen medidas de acción afirmativa y políticas públicas para esta población. Así que en el caso de que haya instancias que no ofrecieran las garantías necesarias, deben darse sanciones; no está bien que las familias deban recurrir a jueces para impugnar derechos, hay que hacer que prevalezcan las normativas a favor de las personas con discapacidad en ministerios, que son rectores de las políticas y que deben implementar acciones”.

El documento advierte que en el plazo de 45 días, luego de la publicación de la norma en el Registro Oficial, las instituciones deberán implementar procesos administrativos sancionatorios. Estos están establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades.

Fuente: El Comercio