Varias son las temáticas que los asambleístas cuestionan del proyecto de Ley de Libre Expresión del Ejecutivo.

Punto Noticias. La Comisión legislativa de Relaciones Internacionales recibió al secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, para que explique el contenido del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, remitido por el Ejecutivo.

Conforme la exposición realizada por Bonilla y los señalamientos de los asambleístas de la mesa, quedó claro que hay discrepancias sobre las bondades de la autorregulación de los medios de comunicación, que defiende el gobierno de Lasso y que cuestionan algunos parlamentarios.

El secretario de Comunicación subrayó que la norma busca garantizar la libertad de expresión promoviendo la autorregulación. Explicó que el proyecto está dividido en tres capítulos. El primero trata sobre la libertad de expresión, con enfoque de protección y garantía. El ejercicio de la actividad periodística y de comunicación debe regirse por estándares éticos y de autorregulación, en ningún caso por estándares impuestos por el Estado. Sostuvo que la libertad no es sinónimo de libertinaje y va anclada a una responsabilidad.

El capítulo 2 establece los mecanismos para garantizar el derecho de libre expresión sustentado en tres pilares: autorregulación sin censura previa, derecho a la réplica y copias de programas o impresos. Apuntó que, si bien no hay censura previa, sí hay responsabilidad ulterior, a la vez que dijo que existen todos los mecanismos de reclamo vía civil. Señaló, además, que la normativa no obliga a la rectificación de opiniones.

El capítulo 3 tiene relación a estándares internacionales de derechos humanos para protección a periodistas y comunicadores, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente, secreto profesional y libre ejercicio de la comunicación.

A su criterio, es necesario cambiar el nombre de Ley Orgánica de Comunicación por Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. También sugirió derogar desde el artículo 1 hasta el 91.4 y desde el artículo 104 al 119 de la Ley de Comunicación, así como el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal

Bonilla dijo que es peligroso que un gobierno utilice el control y sanción a la prensa y periodistas para imponer una sola verdad oficial. La libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, apuntó.

La asambleísta Marjorie Chávez cuestionó la propuesta del Gobierno de desaparecer el Consejo de Comunicación, creado en consulta popular.

Ángel Maita observó que el periodismo no se puede sustentar en opiniones, sino en evidencias y realidad, por lo que considera que sí es necesario un ente regulador. Reclamó que esta propuesta deja de lado a los medios comunitarios y alternativos. No se puede permitir que los grandes medios manipulen la información, sostuvo.

La legisladora Jessica Castillo objetó que esta norma deja de lado varios artículos que protegen derechos legales y constitucionales, como las garantías de niños, niñas y adolescentes, pueblos y nacionalidades.

El parlamentario Fernando Cedeño indicó que la falta de contrastación de la información es grave para la democracia en cualquier Estado. Está de acuerdo con que es necesario un ente regulador. La asambleísta Marcela Holguín preguntó por qué no hubo participación de los trabajadores para hacer este nuevo proyecto, por qué se eliminan garantías de los trabajadores de la comunicación, entre otros aspectos.

Mónica Palacios pidió al secretario de Comunicación que explique cómo se pretende garantizar la responsabilidad ulterior y qué tratamiento dará la ley al linchamiento mediático. La asambleísta Raisa Corral indagó sobre qué pasará con el derecho a la réplica.

Bonilla respondió que la autorregulación tiene mayores mecanismos y más efectivos para garantizar el derecho a la comunicación y la información. Hizo énfasis en el derecho a la libertad de prensa, la multiplicidad de voces y el acceso a la información contrastada. Aseguró que la propuesta de normativa sí contempla espacio para el derecho a la réplica.

Fuente: Asamblea Nacional.