Varias organizaciones cuestionan la autorregulación planteada por el gobierno de Guillermo Lasso.

Punto Noticias. Tras las comparecencias y el proceso de socialización que ha llevado a cabo, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, mocionó que el Consejo de Administración Legislativa unifique los proyectos presentados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, así como por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio. La iniciativa fue aprobada con seis votos.

Esta mesa especializada de la Asambleas Nacional prosiguió con la socialización del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, remitida por el Ejecutivo.

Con esta finalidad, recibió a Frank La Rue, exrelator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, quien señaló que es fundamental respetar la libertad de expresión, pensamiento y opinión.

Sostuvo que el Estado debe defender el derecho de la población a estar informada a través de una prensa libre. Estuvo de acuerdo con que la opinión no debe ser penalizada.

A criterio de Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de Pichincha (AER), ningún medio de comunicación, periodista o comunicador debe ser sancionado por opinar o formular críticas. Comentó que la Asociación concuerda con la autorregulación establecida en el proyecto.

Néstor Busso, representante de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), manifestó que la comunicación es un derecho humano y en ese contexto se puede hablar de libertad de prensa y expresión. Ratificó que los estados deben garantizar libertad de contenidos y promover la participación de sectores vulnerables. Dijo que en la ley no puede haber regresividad de derechos. Cuestionó la autorregulación y señaló que es necesario evitar la concentración de los medios.

Alejandro Delgado, representante del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), sostuvo que la libertad de expresión es una garantía fundamental y transversal a todos los derechos de los seres humanos. En su exposición se enfocó en los derechos de los trabajadores de la comunicación, la situación de violencia y los crímenes perpetrados en su contra.

El presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales del Ecuador, Roberto Sempértegui, advirtió que el proyecto no cuenta con el apoyo del sector audiovisual, porque se derogó el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación sin considerar la opinión de los sectores involucrados y sin realizar un análisis técnico. Criticó que se eliminen los mecanismos de regulación y control.

Oswaldo Dután, presidente de la Asociación de Canales de Televisión, indicó que la ley debe basarse en los derechos internacionales, ya que durante 14 años el trabajo periodístico estuvo condicionado. Resaltó que la norma no contempla la calificación de los medios nacionales. También planteó libertad de programación y regular la transmisión de cadenas nacionales.

Ricardo Rivas, representante del Colectivo “Nos Faltan Tres”, hizo hincapié en el tema de protección a periodistas. Sugirió dar fuerza en el proyecto de ley al artículo 8 literal k, que habla de las obligaciones del Estado: “Garantizar y proteger la seguridad de los periodistas y trabajadores de la comunicación”.

Fuente: Asamblea Nacional.