Uno de los sectores que se han visto afectado por la pandemia del coronavirus COVID-19 es el inquilinato. Arrendadores buscan la manera de poder recuperar los valores del alquiler de sus propiedades.

Es que la emergencia ocasionó que varios inquilinos no puedan cubrir este valor en marzo, abril y en varios casos mayo ante la pérdida de trabajo o lo no reapertura de sus negocios. Varios propietarios les han pedido a los arrendatarios que abandonen la vivienda o algún local así se mantenga la deuda.

Según la Ley de Inquilinato, el arrendador puede dar por terminado el contrato y exigir la desocupación del bien si es que se deben dos pensiones mensuales hasta la fecha en que se produjo la citación de la demanda al inquilino. En la misma normativa se da la posibilidad que los arrendatarios pueden solicitar reducción en el valor cuando «el local se halle en mal estado, por el uso natural o por causa de las cuales el arrendatario no sea responsable».

En el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, se establece que los dueños de casa no podrán desalojar a sus inquilinos por falta de pago. Para esto es necesaria la firma de un acuerdo entre las partes.

Justamente la firma de un acuerdo en el que se establezca plazos para el pago o una redistribución de la deuda es una de las opciones que tienen los arrendatarios e inquilinos. En varios casos, los propietarios condonan los meses dependiendo de la situación familiar.

En Guayaquil, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos emitió medidas de protección a favor de las familias con menores de edad para que no puedan ser desalojadas mientras dure la emergencia sanitaria.

En caso de presentarse una situación de este tipo se debe solicitar los formatos de denuncia al correo [email protected] y una vez llenada se envía al mismo correo con foto de la cédula del denunciante. Tras receptarla, se revisará la misma y la Junta Cantonal dictará medidas de protección administrativas de ser el caso.

Otra de las opciones es la que plantea la Defensoría del Pueblo. Allí se puede emitir un reporte de presión de arrendatarios para la salida de la vivienda. A este servicio se puede acceder a través de su portal de servicio y llenar el formulario respectivo con la vulneración de derecho.

Mirelli Icaza, coordinadora de la Zona 8 de la Defensoría del Pueblo, indica que respecto de Guayaquil han recibido al menos 40 reportes de inquilinos que piden ayuda ante la presión de dueños de casa. Dice que han mediado entre las partes y explicado que los desalojos fuera de la ley repercutirían en el cometimiento de delitos. (I)