Una vez que el presidente Lenín Moreno anunció que a los servidores públicos de la Función Ejecutiva se les reduciría la jornada laboral y su sueldos, como medida para enfrentar la crisis económica que vive el país a causa de la pandemia del COVID-19, la baja del petróleo y otros circunstancias, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, asegura que en la institución se analiza una posible reducción de ciertos rubros.

Dentro del análisis de optimización de gastos estaría, por ejemplo, el de arrendamientos. Para Maldonado, hay rubros con los que sin duda podrían demostrar la sensibilidad del CJ frente al difícil momento que atraviesa el país, pero aclara que habrán rubros que no se puedan tocar y de eso ya conocería el Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre los rubros que no podrían ser tocados estarían proyectos de inversión que tienen que ver con el llevar adelante el uso de medios telemáticos para las diligencias y actos judiciales en medio de la pandemia.

«Estamos y hemos proporcionado las plataformas necesarias para las videoaudeincias, para las audiencias en salas diferencias, pero necesitamos seguir avanzando en este tipo de proyectos como el expediente electrónico y esto requiere sin duda que los fondos para tal efecto no sean recortados», dijo la presidenta Maldonado.

El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la Función Judicial, el cual además de ser el órgano de gobierno, vigilancia y disciplina, tiene las atribuciones de conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos: Fiscalía y Defensoría Pública.

Juan José Morillo, vocal del CJ, reconoce que como organismo no han analizado el tema de reducción de jornada o de salarios, por lo que asegura no existe aún una decisión. Sin embargo apunta que es indiscutible que el servicio público de justicia debe tener un tratamiento especial, conforme lo establece el artículo 286 de la Constitución.

El artículo en referencia señala que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.

Una decisión como reducción temporal de horarios de trabajo, reducción de sueldos o eliminación de cargos es algo que se toma de forma colegiada en el Pleno del CJ, luego de un análisis previo, y lo ejecuta el director genera del CJ, explicó Morillo, mientras recuerda que la institución ya recibió un recorte de $ 20 millones en el presupuesto 2020.

«No han llegado con normalidad los recursos, hemos recibido un recorte de $ 20 millones desde el inicio de este año y nosotros ya tenemos paralizados pagos a proveedores. El tema tecnológico se podría ver afectado si el Ministerio (de Economía y Finanzas) no entrega los recursos pertinentes y el tema informático es vital en estos momentos», dijo Morillo.

Pero el CJ ya vendría trabajando desde finales del año pasado en una reorganización del personal para insertarse en el plan de austeridad que proponía ya el régimen. Pedro Crespo, director general del CJ, en enero pasado señaló que para este año entre el 2 % y el 3 % de los 11.626 funcionarios judiciales existentes podrían resultar afectados con el recorte de personal.

Crespo aseguró en ese momento que el proyecto no afectará al servicio administrativo de justicia ni al jurisdiccional. Entre los mecanismos para desvincular funcionarios estarían la terminación de contratos ocasionales, renuncias voluntarias, jubilaciones y supresión de partidas.

Otras funciones del Estado

En el caso de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analiza aplicar una reducción del 25 % de los ingresos totales de los asambleístas, pero está pendiente el porcentaje de los sueldos para los funcionarios de la institución.

También se limitarán los gastos en la creación de comisiones ocasionales y pagos de viáticos; los viajes de los asambleístas al exterior serán excepcionales; y se impulsará el ahorro en papelería, servicios básicos, combustibles y pasajes aéreos.

La decisión de la administración de César Litardo es formalizar las sesiones virtuales como una medida de ahorro en costos indirectos que implican pasajes, combustible, servicios básicos. Aún no se define cuántas sesiones serán virtuales.

En tanto que el Consejo Nacional Electoral (Función Electoral) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Función de Transparencia) no han debatido aún sobre el tema. (I)