Una pericia sociológica orientada a establecer el impacto social de las declaraciones públicas realizadas por Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), respecto del pedido público a las Fuerzas Armadas de desconocer y retirar el apoyo al presidente Lenín Moreno y el pedido a indígenas de «cerrar las llaves de los pozos petroleros», durante los días de protesta de octubre de 2019, es lo que ordena se haga la Fiscalía dentro de la investigación previa que existe contra varios dirigentes indígenas.

Vargas, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, y Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, fueron denunciados por Marcelo Hallo, el 25 de octubre de 2019, por el delito de instigación al sabotaje y terrorismo ocurrido durante los trece días de protestas sociales por las medidas económicas ordenadas por el Gobierno.

Hallo recordó que el 26 de octubre pasado presentó una queja formal contra la Fiscalía de Pichincha por el no avance de las indagaciones contra los dirigentes indígenas y además contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, a quien él también denunció pero por el delito de omisión de funciones durante las protestas de octubre de 2019.

El denunciante cree que luego de lo dicho por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la Asamblea, el martes último, también debe investigarse a estas personas por una posible participación en un golpe de Estado. Hallo se pregunta que cómo existiendo pruebas contra todos los responsables en un posible golpe de Estado no ha existido una acción penal concreta por este delito.

La pericia sociológica ordenada buscaría determinar el impacto y las consecuencias que tuvieron estas declaraciones en indígenas, personas que llegaron a las movilizaciones y población en general, para así definir la existencia del delito de instigación. Además de la pericia, la Fiscalía ha convocado a que rindan versión varios periodistas que trabajaban en medios públicos.

«Esto no puede seguir quedando en la impunidad y seguiremos impulsando las causas. Evitaremos ser herramientas para que cualquier sector del Gobierno o fuera de él utilicen estos procesos judiciales, quizá para atacar la candidatura del sector indígena u otras candidaturas», aclaró Hallo.

Iza y Vargas también son investigados por el delito de terrorismo, denuncia que fue interpuesta el 17 de octubre de 2019 por el exvicepresidente Alberto Dahik, por hechos ocurridos durante las movilizaciones de octubre de 2019. La denuncia parte del mismo discurso dicho a los medios de comunicación por Jaime Vargas durante la jornada de protestas.

Vargas en su discurso habría afirmado, reseña el relato de la denuncia interpuesta en la Fiscalía: «Hemos dado en este momento, como amazónicos, la orden de cerrar todas las llaves del petróleo. ¡Carajo!». Ese hecho, según Dahik, ocasionó el cierre de pozos petroleros amazónicos, así como el oleoducto necesario para exportar. (I)