Una pena de reclusión de seis a nueve años es lo que podría enfrentar el exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, si el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho, lo encuentran culpable del plagio del activista político Fernando Balda, en Bogotá, Colombia, en 2012.

Este lunes, desde las 08:30, se inicia en la CNJ la audiencia de juzgamiento que se encontraba suspendida desde el 7 de noviembre de 2018.

El exjefe de la Inteligencia del gobierno de Rafael Correa se mantuvo casi dos años en calidad de prófugo de la justicia, luego de que la jueza Daniella Camacho le ordenó la prisión preventiva en mayo de 2018. Un mes después, el hombre que trabajó en la Senain entre 2012 y 2014, era detenido en España debido a un orden de extradición.

Romero, desde España; el expresidente Correa, desde Bélgica; y los exagentes de Inteligencia, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón; en Ecuador, eran parte de un proceso penal por el delito de plagio, tipificado en el artículo 188 del Código Penal anterior, hoy calificado como secuestro en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 161.

Todos fueron llamados a juicio como autores del plagio, pues para la jueza Camacho existían elementos que señalaban su participación en el secuestro mediante la operación Guayacán, luego llamada Wilson, que se dio en Colombia, en la que se contrató a cinco colombianos (sentenciados en 2015 por secuestro) y en la que se usó dinero público.

Para Correa y Romero la etapa de juicio se suspendió, porque ambos a esa fecha eran prófugos de la justicia y el delito de plagio no puede ser sentenciado en ausencia.

El 21 de febrero pasado llegó extraditado a Ecuador Romero y a casi cuatro meses de estar detenido en el Centro de El Inca, en Quito, se define la audiencia de juicio.

Felipe Rodríguez, defensor de Balda, cree que existe la posibilidad de que Romero se acoja al derecho al silencio, pero ve que esta es la oportunidad que tiene para contar lo que sabe. El abogado piensa que Romero tiene que empezar a darse cuenta de que fue «abandonado hace mucho tiempo por quienes lo protegían y que lo mejor es hablar».

La defensa de Balda dice que demostrará que Romero sí fue la autoridad al mando de la Senain que dispuso y planificó la logística del secuestro por disposición de Correa.

Para eso tendría no solo el testimonio de Chicaiza, quien ya recuperó su libertad al igual que Falcón luego de un año y nueves meses de detención, sino más de diez horas de audios que revelarían que Romero conocía del secuestro, antes y después del mismo, grabaciones en las que se escucharía a él incluso diciendo que fue ilegal lo que se hizo.

Veintiún meses después de abierto el caso, Stalin Oviedo, abogado de Romero, insiste en que su cliente no participó en el plagio y que tampoco usó la estructura estatal para cometer ilícito alguno. Para él este proceso tiene que ver más con política que con un acto de justicia.

Los cinco días que dio el Tribunal de espacio para que se inicie la audiencia no son suficientes para que Oviedo contacte a muchos de los 20 testigos que anunció que necesitaría. Dijo que solicitaría que se difiera la diligencia y lo único que hasta el viernes último se dio fue el rechazó de un demanda de recusación que planteó contra el juez Iván León.

Otros casos

• Pablo Romero además del llamado a juicio por plagio, mantiene otro igual dentro del denominado caso Caminito, en el cual se investiga el delito de peculado ocurrido en una operación de la extinta Senain. Él al igual que otros exfuncionarios de la Senain están a la espera de que se les realice una audiencia de juzgamiento.
• El 22 de marzo pasado se interceptó al interior del Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de El Inca, en Quito, un mensaje escrito en un papel que supuestamente estaba dirigido a Romero.
• El pasado 2 de mayo, agentes penitenciarios del CPPL de El Inca incautaron un teléfono celular y dos tarjetas de memoria en la celda en la que permanecía Romero. Inmediatamente fue llevado a la Unidad de Flagrancia donde se le inició un proceso por el ingreso de un artículo prohibido en el centro penitenciario.
• Romero mantienen en su contra un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado por el delito de peculado, el cual se desprende del caso del secuestro de Fernando Balda en Colombia. (I)