Una pena de 17 años por el delito de homicidio recibieron la tarde de este jueves, Andreina B. y Andrés A., madre y padrastro de la menor de 4 años de edad, quien falleció el 27 de marzo pasado en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, a causa del maltrato físico sufrido.

Según informes periciales presentados durante la audiencia de juzgamiento, la menor fallecida tenía fracturas en la columna vertebral, tres costillas rotas y una laceración de siete centímetros en el intestino grueso.

El fiscal Ramiro Arroyo, de la Unidad de Asuntos Indígenas de Cayambe y Pedro Moncayo, fundamentó su acusación en el informe Forense de Autopsia Médico Legal, el cual señalaba que la muerte se dio por un cuadro infeccioso severo generalizado, causado por laceración de vísceras abdominales.

En esta causa para la pena el Tribunal de Juzgamiento tomó en cuenta agravantes como que el delito se produjo “con ensañamiento en contra de la víctima» y que se dio en «perjuicio» de una menor. El artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al homicidio con una pena privativa de la libertad de diez a trece años y para llegar a 17 años los jueces consideraron las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 7 y 11 del artículo 47 del COIP, es decir, se existió un incremento de un tercio de la pena.

La teoría fiscal fue corroborada por el testimonio de una perito médico legista, quien explicó al Tribunal de Juicio que las lesiones de la niña son similares a las ocasionadas por una caída de al menos diez pisos de altura. Con ese insumo, el Tribunal descartó cualquier posibilidad de maltrato leve, como argumentó en su momento la madre de la niña victimada.

Parte de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía contra el padrastro y la madre de la menor fueron testimonios de testigos que confirmaron el maltrato físico que sufría la niña: docentes de las instituciones educativas a las que asistió la menor en los años 2018 y 2019, agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), quienes atendieron alertas de maltrato que recibió la pequeña el 16 de octubre de 2019, entre otros.

La sentencia de primera instancia también incluyó que Andreina B. y Andrés A. paguen una indemnización de $ 10.000 a favor del acusador particular y una multa de 60 salarios básicos unificado ($24.000). (I)