Un Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) modificó, la tarde de este miércoles, la pena y el delito por el que se les condenó en dos instancias a los policías David Altamirano y Freddy Fonseca por el delito de tortura por omisión ocurrido en 2014 contra el entonces estudiante del colegio Mejía, Angelo Ayol.

Luego de dos horas y media de audiencia, el Tribunal presidido por el juez David Jacho rechazó los recursos de casación presentados por Altamirano y Fonseca, por infundados e intentar revisar los hechos, pero decidió declarar de oficio la inocencia de primero y sentenció al segundo a 107 días de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

Se conoció que el fallo verbal sostiene que a pesar de que no lograron justificar la casación los procesados, el Tribunal identificó que no se puede determinar que hubo tortura, sino solo el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y solo en el caso de Fonseca. Inicialmente él fue sentenciado a diez años de cárcel.

En relación a David Altamirano, quien estuvo en la detención y traslado de Ayol en momentos que se daba una protesta contra el Gobierno de Rafael Correa, el Tribunal habría explicado que no se ha probado los elementos constitutivos del delito de tortura, ni de extralimitación por lo que declara su inocencia. En dos instancias este uniformado fue sancionado con cinco años de privación de libertad.

Ayol, hoy de 22 años, ha asegurado en diversas instancias que no era parte de las manifestaciones y que vivió injustamente una detención y maltratos por parte de elementos policiales

Según un comunicado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), al termino de la diligencia, Alicia Barros, madre de Angelo Ayol, aseguró que esta resolución violenta el derecho a la verdad y la justicia que tienen las víctimas de un delito como el que vivió su hijo. “Nos están robando la justicia, a mi hijo casi lo matan los policías y ahora los jueces lo declaran inocentes”.

Habría advirtido que continuará con la lucha y no descarta acudir a organismos internacionales para que haya justicia no solo para su hijo sino para todos los estudiantes que fueron agredidos y torturados en las protestas del 17 de septiembre de 2014.

Pamela Chiriboga, abogada del caso y asesora de la Inredh, sostuvo que la resolución del Tribunal de la CNJ resulta contradictoria y raya en la falta de independencia judicial interna, pues primero rechaza todos los recursos de casación, lo que permitiría concluir que no había razones para cuestionar lo mencionado por los Tribunales anteriores, pero luego dice que de forma oficiosa ha llegado, “de lo que se desprende de los hechos”, a la conclusión de que no existía el delito de tortura. (I)