Un total de 410 que ingresaron desde Ecuador por el río internacional Carchi – Guaytara y permanecían a la intemperie en el centro de movilidad, desde el pasado sábado han logrado retornar a su país tras la habilitación de un corredor humanitario.

Los buses van escoltados con efectivos policiales para brindarles seguridad en las carreteras colombianas y evitar que tengan inconvenientes con las autoridades de control. Previamente los viajeros cumplieron una cuarentena y fueron sometidos a pruebas rápidas de COVID-19.

Luis Fernando Villota, alcalde de Ipiales, gestionó el despacho de una decena de unidades de transporte hacia la frontera para el traslado de los venezolanos.

Sin embargo, John Rosero, gerente de la terminal de Ipiales, hizo un llamado a los extranjeros que siguen llegando desde Ecuador para que no lo hagan, ya que los viajes fueron autorizados únicamente para este grupo de 600 personas que estaban atrapadas desde hace dos meses en esta ciudad.

“No hay frecuencias, ni se ha activado el transporte entre ciudades, razón por la que no deben dejarse sorprender por coyoteros que les estarían engañando y vendiéndoles la ruta Tulcán – Ipiales – Arauca. Ellos deben saber que la terminal está cerrada”, enfatizó Rosero.

A Ipiales ingresan a diario centenares de migrantes que llegan desde Chile, Perú y Ecuador, quienes incluso pernoctan bajo plásticos en algunas veredas.

Luis Malavé, oriundo de Ansuátegui, Venezuela, quien fue parte del segundo grupo que retornó a su país, indicó que sus connacionales vienen caminando en numerosos grupos desde Guayas, Manabí, El Oro, Pichincha, Azuay y Tungurahua.

“Nadie los va a detener en su propósito, ya que quieren volver a su país, pese a que saben que la situación allá está más difícil”, dijo Malavé. Él debió pagar 50 dólares para pasar la frontera ecuatoriana-colombiana.

Luis Morales, comandante de Policía de Ipiales, reconoció que el delito de tráfico de migrantes creció en las últimas semanas, consolidando bandas que están integradas por ecuatorianos, venezolanos y colombianos, que son los encargados de receptar, movilizar ilegalmente y hasta engañarlos, robándoles el dinero.

“Estamos detrás de estas organizaciones que operan en Tulcán e Ipiales”, dijo Morales. Agregó que la única institución encargada de generar las autorizaciones es la Alcaldía de Ipiales, que actualmente no está efectuando esos trámites.

Denunció que empresas de viajes reconocidas estarían dedicadas a engañar a los foráneos ofreciéndoles tours directos, algo que está prohibido porque la frontera sigue cerrada y la terminal de buses no está operando.

Hace dos semanas un grupo de 25 personas, cansadas de esperar una respuesta de las autoridades para que sean movilizados en buses, decidieron comprar igual número de bicicletas y partir hacia la otra frontera pedaleando. (I)