Turquía despide a 9.000 funcionarios del ministerio del Interior tras golpe fallido
Turquía despide a 9.000 funcionarios del ministerio del Interior tras golpe fallido
El gobierno de turquía despidió a casi 9.000 funcionarios del ministerio del Interior tras el fallido golpe de estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, informó este lunes la agencia de prensa progubernamental Anadolu.
En total 8.777 personas, entre ellas 30 altos mandos, fueron despedidos, según fuentes del ministerio del Interior citadas por Anadolu.
La lista de despedidos incluye 4.500 policías y 614 gendarmes (agentes), indicó la agencia.
Un gobernador de provincia y 29 alcaldes también fueron suspendidos, agregó la agencia.
Los despidos se inscriben en una campaña de purga del aparato del estado lanzada por Erdogan después del fracaso del golpe de estado que intentó derribarlo.
El gobierno turco indicó que 7.543 personas permanecen detenidas en el marco de la investigación del golpe de estado.
Entre los 7.543 detenidos figuran 6.038 militares, 755 magistrados y 100 policías, indicó el jefe del gobierno turco.
Amenaza alemana. Este mismo lunes, Alemania amenazó con romper las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea (UE) si el gobierno restablece la pena de muerte, como insinuó el presidente Recep Tayyip Erdogan.
«Alemania y la UE tienen una posición clara: rechazamos la pena de muerte categóricamente», declaró Steffen Seibert, el vocero del gobierno alemán, quien denunció además «escenas indignantes» en las primeras horas tras el golpe.
«La introducción de la pena de muerte en Turquía significaría el fin de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea», agregó.
El gobierno alemán condenó el intento de golpe en Turquía, pero reiteró que debe prevalecer «el estado de derecho».
«En ese contexto hay que decir claramente que la destitución de 2.500 jueces al día siguiente de la tentativa de golpe plantea serias preguntas y dudas», insistió Seibert.
El primer ministro turco, Binali Yildirim, declaró que un eventual restablecimiento de la pena de muerte debe ser discutido por el parlamento y necesita un cambio de la Constitución.
