Tres juicios políticos e investigar al asambleísta Fabricio Villamar (antes CREO) por presunta obtención irregular del carné de discapacidad son las principales recomendaciones del informe elaborado por la Comisión de Salud y que hoy será sometido a votación tras once semanas de investigaciones.

El pleno de la Asamblea Nacional encargó el pasado 14 de julio a esa Comisión indagar sobre el otorgamiento de carnés a los asambleístas y sus cónyuges a partir del 2013, fecha en la que el Ministerio de Salud asumió la competencia.

Luego del proceso de investigación que implicó la comparecencia de altos funcionarios públicos y de asambleístas, la Comisión, presidida por el asambleísta William Garzón, incluye como principal recomendación que el pleno proceda al enjuiciamiento político al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por incumplimiento de expresas disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos de la salud, la obligación de entregar información requerida por la Asamblea, falta de acciones concretas de control y la aplicación de correctivos en la emisión de los carnés de discapacidad.

El segundo juicio político que recomiendan es en contra de la exministra de Salud Catalina Andramuño, también por incumplimiento de funciones en el control de la emisión de los carnés de discapacidad. Pero a diferencia de Zevallos, en el informe se solicita que el expediente sea remitido a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de juicio.

El tercer funcionario que según la Comisión de Salud debería ser enjuiciado es el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres Correa, por incumplimiento de expresas disposiciones constitucionales constantes en el artículo 156, pues se determinó que tanto el Ministerio como el Conadis no pudieron eludir sus responsabilidades, no demostraron que existan acciones estratégicas de prevención para que la corruptela enquistada en distintas áreas sea erradicada.

Además determinó que pese a las alertas enviadas por el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre el comportamiento atípico en las importaciones de vehículos y el crecimiento inusual de jubilaciones de personas con discapacidad, ni el Ministerio de Salud ni el Conadis definieron planes y programas para erradicar viejas prácticas de uso indebido del carné de discapacidad y prevenir que se incurra por esta causa en el posible cometimiento de delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como la defraudación tributaria, defraudación aduanera, falsificación y uso de documentos adulterados.

Con fundamento en la información proporcionada por el Ministerio de Salud, en el informe que será sometido a votación determina haber detectado irregularidad en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta Fabricio Villamar, hecho que además fue denunciado a la Fiscalía General; y, de la información remitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Senae, que haciendo uso de su carné de discapacidad realizó la importación de un vehículo y obtuvo beneficios tributarios, por lo que recomienda que el pleno resuelva sobre un proceso de investigación en este caso.

La dificultad que detectaron los miembros de la Comisión de Salud es el procedimiento que establece la Ley para investigar a un asambleísta, que parte de una denuncia juramentada y la posterior integración de una comisión multipartidista tras la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La Comisión de Salud además recomendará que el informe sobre los carnés de discapacidad sea enviado a la Comisión de Fiscalización, a fin de que se adjunte y sirva como insumo en el trámite de juicio político iniciado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, acusado de una supuesta obtención fraudulenta de la credencial.

De la revisión a los expedientes de usuarios del Sistema Informático en Línea (SIL), y de personas con discapacidad, se identificaron los siguientes hallazgos: funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificadores de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; los porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria pese a que el proceso se encontraba suspendido; profesional calificador en ámbitos que no son de su competencia registra a personas con discapacidad; expedientes carentes de exámenes y certificados de especialistas; uso del mismo examen, informe, certificado médico para calificaciones de varias personas; y que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de filiación. (I)