Tres días después de que el asambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero, de las filas de la Bancada de Integración Nacional (BIN), recibió la orden de prisión preventiva y fue vinculado al proceso penal por el delito de delincuencia organizada, ayer su defensa, Jorge Luis Ortega, presentó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el recurso de apelación a esa medida cautelar.

El viernes último, el juez Marco Rodríguez no solo vinculó y ordenó prisión preventiva para el legislador, sino también a otras doce personas más, entre exfuncionarios públicos y personas naturales. En este caso ya era parte de la instrucción fiscal abierta el 5 de junio pasado contra el ahora exlegislador Daniel Mendoza (AP-Mejor) y cinco personas más.

Ortega adelantó que en la audiencia tendrán que justificar que la orden de prisión preventiva fue solicitada sin fundamento alguno; es decir, aseguró, sin criterios de necesidad, proporcionalidad y que el juez que ordenó la medida cautelar tampoco motivó ese auto de prisión preventiva en las condiciones que requiere la ley.

Una vez presentado el recurso, lo que procederá es que la CNJ sortee y conforme un Tribunal de Apelación, el cual deberá llamar a una audiencia. Una vez que concluyó la audiencia de vinculación del viernes pasado, se emitió la boleta de detención contra el asambleísta Azuero y al momento es buscado por la Policía.

Al ser consultado Ortega sobre una posible entrega a las autoridades de su cliente, él explicó que al momento médicos evalúan la condición de salud de Azuero y una vez tengan un informe médico, esa defensa en conjunto con el asambleísta evaluarán si las condiciones de salud le permiten exponerse a «un posible contagio de COVID-19 y a las condiciones de hacinamiento en el sistema carcelario».

Respecto al pedido de Fiscalía de incluir a Daniel Mendoza en el Programa de Víctimas y Testigos y de que posiblemente sea un cooperador eficaz, la defensa de Azuero piensa que era evidente que eso iba a suceder.

La posibilidad de una cooperación eficaz de Mendoza era algo que ya anunciaba el viernes último Ortega, incluso antes de la audiencia de vinculación.

«Él (Daniel Mendoza) es el que busca grabar estos audios. Busca de alguna manera descontextualizar una conversación. Estos audios aparentemente son grabados por él, de alguna manera buscando autoincriminarle no solo a Azuero sino a otros funcionarios públicos y otros asambleístas. Nosotros vamos a establecer o determinar que esos audios han sido fraguados, editados y de alguna manera han sido mutilados», afirmó Ortega.

Raúl Tello, asambleísta por Pastaza y también del BIN, quien aparentemente sería mencionado en los audios periciados por la Fiscalía y en los que participarían Mendoza y Azuero, inicialmente señaló por diversas plataformas sociales que acudiría a la Fiscalía a rendir, de manera voluntaria, su versión, pero eso no sucedió.

El asambleísta y coordinador de la bancada del BADI, Franco Romero, otro de los legisladores cuyo nombre aparecería en los audios periciados, aseguró que le tiene sin cuidado lo que está pasando en este momento y recordó que a él lo involucraron hace unas semanas atrás en un tema de reparto de hospitales, del cual, sostienen, nadie ha demostrado nada.

Varios de los asambleístas que podrían estar siendo nombrados en los audios que son parte del expediente por delincuencia organizada aseguran estar dispuestos a que la Fiscalía o la Contraloría los investigue. (I)