Tras un día de que Fiscalía realizara cinco allanamientos para recabar información sobre el proceso de contratación del Municipio de Quito, en la compra de pruebas PCR para la detección de COVID-19, presuntamente con sobreprecio, Diego Salazar, coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la secretaría de Salud, fue a la Unidad de Flagrancias para, según dijo, colaborar con las investigaciones.

Horas antes su domicilio fue allanado. “Yo fui el presidente de la Comisión. Revisé la documentación habilitante-técnica para esta contratación (…). No sé lo qué está pasando, pero el que nada debe nada teme”, dijo. Según su abogado Freddy Ron, no existe ningún tipo de delito. Agregó que la contratación está realizada debidamente y que no se encauzaría en el área penal.

El costo total del contrato que pagó el Municipio de Quito a Salumed para adquirir 100 000 pruebas PCR fue de $4 226 880.

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Así lo expuso el entonces secretario de Salud, Lenín Mantilla, en la última sesión del Concejo Metropolitano de Quito, donde se refirió al proceso de contratación.

Señaló que la Unidad de Contratación Pública hizo una invitación a diversas compañías. Hubo tres oferentes: Salumed; Global Expansion 360, que no cumplió con los requisitos; y Gen Life, descalificada por no tener registro sanitario. Roche se excusó de participar.

Afirmó que se cumplió con la Ley de Contratación Pública, evitar vicios como el dumping (vender un producto por debajo de su precio) y ser eficientes. “A través de un correo electrónico se invitó a las diferentes empresas, a las cuales se les pidió que pongan su proforma pero que también nos entreguen toda la documentación que nos exigía la ley del Servicio Nacional de Contratación Pública, era un doble filtro que se puso…”, dijo.

Las condiciones exigidas fueron: registro sanitario, permiso de funcionamiento vigente, buenas prácticas de almacenamiento, de distribución y de manufactura.

Global Expansion 360 ofertó el kit de PCR a $18, con la condición de que ese monto tenía una validez de dos días, agregó. Gen Life cotizó a $27.

Pero hay dudas en los concejales. Luz Elena Coloma, en un documento enviado al alcalde Jorge Yunda, señaló que Salumed ofertó en un proceso del Ministerio de Salud a $12.

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“Dentro de las proformas que se presentaron la única empresa que cumplía era Salumed y proformó a $25, y a $25 sobrepasaba el precio referencial, el recurso, por eso no pudimos comprar las 200 000 (pruebas)”, expresó el exfuncionario al referirse a que se compró la mitad.

Yunda dijo que los insumos médicos se deben adquirir a empresas que autoriza la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Access). Además, que las pruebas deben ser PCR, pues –argumenta– son las únicas que sirven para el diagnóstico

Para Bernardo Abad, edil, hay algunas ‘inconsistencias’ en el proceso. “Dos de ellas (compañías) ofertaron alrededor de $5 millones por 200 000 pruebas, la empresa ganadora ofertó más de $7 millones por 100 000 pruebas”, expresó.

En tanto, Omar Cevallos, concejal, pidió a la Fiscalía que profundice la investigación a todos los contratos que hizo la secretaría de Salud, sobre todo a las adecuaciones del hospital temporal Quito Solidario, que recibe a pacientes leves a moderados de coronavirus.

Al menos seis nuevos allanamientos realizó la Fiscalía de Pichincha, entre el medio día y la tarde de este jueves, dentro de la investigación previa que mantiene abierta ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100 000 pruebas PCR para COVID-19 hecha por la Secretaría Metropolitana de Salud del Municipio de Quito.

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Retorno

Mientras la investigación sigue, Quito irá de semáforo rojo a amarillo desde el 3 de junio. Una de las condiciones es el aforo del 30 % en los locales.

Carlos Zaldumbide, de la Cámara de Comercio de Quito, mencionó que están adecuando los espacios para que haya el distanciamiento recomendado. Para Zaldumbide, habrá ciertos negocios como los patios de comida que deberán adaptarse al cambio. (I)