Cómo fijan las tasas de interés activas pasivas Ecuador

Tasas de interés máximas que regirán en Ecuador

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Estas son las tasas de interés máximas que regirán en Ecuador en enero de 2026

Consumo y microcrédito mantienen los porcentajes más altos, mientras vivienda de interés social conserva la tasa más baja del sistema financiero nacional.

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (Jprfm) definió las tasas de interés activas efectivas máximas que estarán vigentes en el sistema financiero nacional durante enero de 2026, con diferenciación por segmento y subsegmento de crédito, de acuerdo con la normativa que regula las operaciones financieras en el país.

Según el cuadro oficial, en el segmento productivo las tasas máximas se ubican en 8,97% para corporativo, 11,65% para empresarial y 10,91% para pymes, reflejando condiciones diferenciadas según el tamaño y capacidad económica de las unidades productivas.

Estas tasas aplican a créditos destinados a actividades económicas y generación de empleo.

📊| Revise las tasas de interés efectivas máximas establecidas por la #JPRFM para enero de 2026.

Consulte los valores vigentes para el sistema financiero nacional⬇️#TasasDeInterés #TransparenciaFinanciera pic.twitter.com/Gu4RFXcOWa

— Banco Central del Ecuador (@BancoCentral_Ec) December 31, 2025

En el crédito de consumo, la tasa activa efectiva máxima se fijó en 16,77%, uno de los valores más altos dentro del sistema, debido al mayor riesgo asociado a este tipo de financiamiento.

En contraste, el segmento educativo mantiene tasas más bajas, con 9,50% para crédito educativo y 7,50% para crédito educativo social, mientras que el crédito de vivienda de interés social y de interés público conserva una tasa máxima de 4,99%, la más baja del sistema financiero.

El crédito inmobiliario tendrá una tasa máxima de 10,73%, mientras que el microcrédito continúa encabezando los porcentajes más elevados: 28,23% para microcrédito minorista, 24,89% para acumulación simple y 22,05% para acumulación ampliada.

Finalmente, la inversión pública registra una tasa máxima de 9,33%.

Estas tasas constituyen el límite legal que pueden cobrar las entidades financieras por sus operaciones de crédito y buscan equilibrar el acceso al financiamiento con la sostenibilidad del sistema, diferenciando el costo del dinero según el riesgo y la finalidad del préstamo.