El juez de Nueva York Thomas Griesa, a cargo del caso que enfrenta a Argentina con fondos especulativos por su deuda soberana impaga, consideró ayer “legítimo” que estos fondos reclamen información sobre la emisión de un bono soberano en el mercado interno, por considerar que viola fallos previos contra Buenos Aires.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, animó ayer a las empresas rusas a invertir en su país y escenificó el carácter estratégico de la relación bilateral con Rusia en la primera jornada de una visita a Moscú en la que inauguró, además, el Año Dual de la Cultura.
En tanto, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento que realizó la Casa Rosada de cinco conjueces designados en “circunstancias excepcionales”, porque no lograron el apoyo de los dos tercios del Senado. (I)
Manuel Garza, de 34 años, fue condenado a la pena capital por asesinar a un policía en febrero de 2001
La justicia dictaminará sobre la constitucionalidad de las inyecciones letales y la silla eléctrica en ese estado.
La madre de la británica Meredith Kercher dijo sentirse «sorprendida» y «conmocionada» por la decisión de absolver a Amanda Knox.
El Tribunal Supremo de Italia podría este viernes dar sentencia definitiva al controvertido proceso.
Un funcionario del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fue despedido por mala ortografía, informó hoy su vicepresidente Wilfredo Ovando.
El despedido había escrito «¿Sabes dónde botaras?» en las cuentas del tribunal electoral en Twitter y Facebook.
Ovando confirmó al diario «El Deber» que el funcionario fue despedido y será investigado, porque consideró que existen indicios de que quiso desprestigiar al tribunal.
«No creemos que haya sido un error porque es algo muy elemental.
Nosotros pensamos que ha sido intencionado y que nos querían dañar», dijo. (I)
El Tribunal Supremo español rechazó este miércoles la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos por parte de una mujer belga que asegura ser su hija, indicaron fuentes judiciales.
Los jueces aceptaron el recurso de Juan Carlos, que abdicó en 2014, contra la demanda presentada por Ingrid Sartiau, una ama de casa de 48 años, que aseguraba basarse en informaciones que le dio su madre.
Se trataba de la primera acción legal contra el monarca de 77 años después de que perdiera su inmunidad total al abdicar el pasado junio en favor de su hijo Felipe.
El Tribunal Supremo aceptó en enero examinar la demanda de Sartiau, pero los abogados del rey Juan Carlos recurrieron la demanda en febrero.
La mujer belga también presentó un recurso dado que el tribunal no obligó al rey a someterse a una prueba de ADN como ella había reclamado, pero el Supremo también desestimó ese recurso en la misma deliberación este miércoles, dijo una fuente judicial.
Esta decisión sólo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Sartiau afirma que don Juan Carlos dejó embarazada a su madre a mediados de los años 1960. Entonces el monarca ya estaba casado con la reina Sofía, con quien contrajo matrimonio en 1962 y tuvo dos hijas y un hijo, el actual rey Felipe VI.
Juan Carlos subió al trono en 1975, tras morir el dictador Francisco Franco, y tuvo un papel crucial en la transición hacia la democracia del país.
Reinó durante 39 años hasta dejar la corona el año pasado a su hijo Felipe, de 47 años, para renovar la imagen de la monarquía, lastrada por varios escándalos.
Su hija menor, Cristina, de 49 años, será juzgada por un presunto caso de fraude fiscal centrado en los negocios de su marido.
El propio Juan Carlos fue centro de muchas críticas en 2012 por participar en una caza de elefantes en Botsuana cuando España se encontraba en el peor momento de su crisis económica. (I)
El tribunal superior de la región de Cataluña suspendió este viernes de forma cautelar la prohibición de llevar burka en espacios públicos aprobada hace un año en el municipio de Reus, en el noreste de España, informó el tribunal.
La ordenanza, aprobada en febrero de 2014, prohibía vestir en la vía pública velo integral, burka o nicab así como pasamontañas, cascos integrales u otras prendas que impidieran la identificación de la persona. Las multas por estos actos eran de hasta 750 euros.
En julio el consistorio modificó la ley, eliminando las menciones explícitas a las prendas islámicas para evitar las connotaciones religiosas.
Aun así, varias asociaciones musulmanas de la zona consideraron esta normativa como un atentado a su libertad religiosa por lo que pidieron a la justicia la suspensión cautelar de la ordenanza.
«Es un acto discriminatorio y no hay motivo para aprobarlo porque hasta ahora no hubo problemas de seguridad en este sentido», dijo a la AFP su abogado, Oriol Vázquez.
El tribunal superior de justicia de Cataluña aceptó el pasado 29 de enero la suspensión cautelar, según la interlocutoria difundida este viernes.
En ella, los magistrados encargados del caso hacen referencia a una decisión tomada hace dos años por el Tribunal Supremo español que anuló una normativa similar aprobada en 2010 en el ayuntamiento de Lérida, también en Cataluña, al entender que limitaba «la libertad religiosa».
Las asociaciones musulmanas disponen ahora de veinte días para presentar una demanda firme con su razonamiento jurídico para que el tribunal se pronuncie definitivamente sobre la cuestión.
Por su parte, el ayuntamiento de Reus, una ciudad gobernada por una coalición conservadora formada por Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP), recurrirá la suspensión de la ordenanza que, según el encargado de Seguridad Joaquim Enrech, «se ajusta a derecho».
«No hay ninguna discriminación. Nosotros damos el mismo trato a todos, al que lleva pasamontañas y a quien lleva un velo integral», declaró.
El consorcio de abogados Manos Limpias presentó este miércoles una querella en la que acusa al líder del partido izquierdista español Podemos, Pablo Iglesias, de financiar «su propaganda revolucionaria» con dinero de Venezuela no declarado e introducido irregularmente en España.
Manos Limpias presentó en el Tribunal Supremo de España una querella contra Pablo Iglesias, la misma que la que ya ha presentado ente el juez ordinario contra el también dirigente de este partido Juan Carlos Monedero, pero añade más delitos, hasta sumar diez en total.
De este modo, Manos Limpias acusa a Pablo Iglesias de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, desobediencia, contra la hacienda pública, asociación ilícita, apropiación indebida, societario de administración desleal, tráfico de influencias, cohecho y corrupción entre particulares.
Los hechos recogidos en la querella, que el Tribunal Supremo decidirá si admite a trámite para estudiar si procede abrir un proceso o directamente archivar la denuncia por falta de indicios, apuntan a diversas irregularidades, la mayoría supuestamente cometidas en la gestión y cobro de dinero no declarado o en pagos en dinero negro a trabajadores a través de la productora Mano Izquierda.
Además, concreta que «Iglesias ha realizado viajes a Venezuela con el único fin de recibir fondos no declarados» del gobierno de ese país «para mantener la actividad propagandística revolucionaria», dinero que habría entrado en España.
El secretario general de la organización de abogados, Miguel Bernal, aseguró a las puertas del Supremo que no reciben «ninguna subvención de ninguna institución o grupo» y que no están apoyados por ningún partido o grupo de presión.
«Detrás de Manos Limpias no hay ningún partido político ni grupo de presión, nos financiamos mediante las cuotas de nuestros socios y las aportaciones altruistas de un grupo de despachos de abogados», añadió Bernal.
Fundado hace un año, el partido Podemos ha experimentado un sorprendente ascenso y la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada hoy, refleja que ha desplazado al partido socialista (PSOE) como la mayor fuerza de la oposición, con un 23 % de intención de voto, frente al 22,2%.
El Partido Popular (PP, centro derecha) se mantiene a la cabeza con un 27,3 por ciento de la intención de voto, según el sondeo del CIS. (I)