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La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) informó este sábado que los comicios parlamentarios en Venezuela se celebrarán en septiembre próximo y remarcó que esas elecciones se presentan como el mejor escenario para dirimir la controversia política en ese país.
Este año se debe renovar la totalidad de los escaños de la unicameral Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, cuya mayoría actualmente es oficialista.
En un comunicado oficial, la Unasur enfatizó sobre la importancia que tiene para el grupo el hecho de que «las próximas elecciones, previstas para septiembre, lleguen a feliz término».
Hasta ahora se desconocía la fecha de los comicios legislativos.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo el pasado 25 de febrero que en las «próximas semanas» se daría a conocer la fecha de las legislativas e informó que las primarias para la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se realizarán el 17 de mayo y para el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) el 21 de junio.
En el comunicado difundido hoy en Quito, sede de su Secretaría, la Unasur no precisa el día de septiembre en que se celebrarán los comicios legislativos, aunque destaca la importancia de los mismos.
El texto oficial de la Unasur recoge declaraciones del secretario general de la Unión, el colombiano Ernesto Samper, que preside una comisión del organismo integrada también por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, que visita Caracas para apoyar un proceso de «diálogo y paz» en Venezuela.
Samper dijo que para la Unasur los comicios legislativos se presentan como «el mejor escenario para que se confronten las diferencias políticas y se diriman las controversias».
«Hacemos un llamado a la oposición para que ejerza a través del proceso democrático su legítimo derecho al disentimiento», agregó el secretario de la Unasur.
Insistió en que es «esencial para Unasur que las diferencias se tramiten de una manera democrática, pacífica y dentro de la Constitución y la ley».
Samper también reiteró la preocupación que ha generado en el grupo las informaciones sobre aparentes intentos desestabilizadores en Venezuela, ante lo cual recordó que los tres principios capitulares del grupo son «mantener a la región como una zona de paz, la preservación de los derechos humanos y la defensa de la democracia».
«Hemos recibido una importante información sobre hechos de orden nacional e internacional que están amenazando la estabilidad democrática de Venezuela, que registramos con preocupación», agregó Samper, quien se reunió ayer con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
«Todos los Estados miembros de Unasur, sin excepción, en desarrollo del Tratado Constitutivo, rechazan cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o interno en el hermano país», enfatizó Samper y dijo que los doce países del grupo cierran filas «con la defensa de la continuidad democrática en Venezuela».
Samper encabeza la comisión de Unasur en Venezuela que también está integrada por los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira; de Colombia, María ngela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño.
Además de reunirse con el Gobierno y la oposición, dicha comisión ha sostenido encuentros con diversos poderes públicos, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismos cuya actuación ha centrado muchas de las quejas de grupos opositores. (I)
El embajador de Estados Unidos, Mark Lippert, fue atacado durante un discurso por un sujeto que portaba una navaja y gritaba que las dos Coreas deberían unificarse, de acuerdo con reportes de la policía y de la prensa de Corea del Sur. Imágenes de televisión mostraron a un Lippert asombrado mirando su mano izquierda cubierta de sangre y colocando su mano derecha sobre una cortada en la parte derecha de su rostro; su corbata de color rosa estaba salpicada de sangre.
El Departamento de Estado condenó el ataque, el cual ocurrió en un centro de artes escénicas en Seúl cuando el embajador se preparaba a presentar una conferencia. Dijo que Lippert estaba siendo atendido en un hospital local y que las heridas no ponían en peligro su vida.
La televisora YTN TV reportó que el hombre —de 55 años e identificado sólo por su apellido Kim— gritó durante el ataque «Corea del Norte y del Sur deben unificarse».
El sospechoso gritó además consignas antibélicas después de ser detenido, y la policía de Seúl señaló que el arma utilizada tenía una cuchilla de 25 centímetros.
La televisora Yonhap mostró a hombres vestidos de traje y corbata sometiendo al atacante, quien vestía en una versión moderna del tradicional traje, y más tarde a Lippert siendo llevado apresuradamente a una patrulla con un pañuelo presionando su mejilla.
Los comentarios del atacante sobre la reunificación coreana parecieron estar vinculados a persistentes divisiones en Corea del Sur que se originaron en la Guerra de Corea. Estados Unidos, que respaldó a Corea del Sur durante la guerra registrada de 1950 a 1953, tiene estacionados 28.500 soldados en esta nación como una fuerza disuasiva contra Corea del Norte, y algunos surcoreanos ven la presencia de Estados Unidos como un obstáculo para una Corea unificada.
Manifestantes antiestadounidenses han estado protestando recientemente para expresar su oposición a los ejercicios militares conjuntos anuales de Corea del Sur y Estados Unidos, los cuales según Corea del Norte son preparativos para una invasión. Seúl y Washington señalan que las maniobras, que se prolongarán hasta el fin de abril, son defensivas y de rutina.
Lippert, de 42 años, se convirtió en embajador el año pasado y ha sido popular durante su estancia en Seúl. Su esposa dio a luz ahí y la pareja le dio a su hijo un segundo nombre coreano. Lippert fue asistente de la Secretaría de Defensa para Asuntos Asiáticos de Estados Unidos y un asistente en política exterior del presidente Barack Obama cuando éste fue senador federal.
Obama llamó por teléfono a Lippert después del ataque para desearle una pronta recuperación, dijo la Casa Blanca.
«Condenamos enérgicamente este acto de violencia», dijo Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, sin proporcionar más detalles.
Decenas de personas, en su mayoría mujeres vestidas con camisas blancas, se concentraron ayer frente a la Nunciatura Apostólica en Caracas para manifestarse contra la violencia y rechazar el asesinato de un joven de 14 años, Kluiverth Roa, durante una protesta contra el gobierno en Táchira.
Al grito de “justicia” y entre carteles en los que se leía “Venezuela es el primer país exportador de ángeles al cielo”, los manifestantes se reunieron frente a la sede diplomática del Vaticano para pedirle al papa Francisco que medie ante la crisis venezolana.
“Nos están matando a los estudiantes y a mí me duele”, dijo Carolina Castro, una educadora de 40 años, mientras exhibía en su pecho una pequeña fotografía del estudiante asesinado el martes en San Cristóbal.
Rosa Orozco, que recordó a su hija de 23 años muerta un año atrás durante protestas en Valencia, sostuvo que “mi alma está partida en dos al ver a este muchacho (Roa). Yo no sé qué es lo que yo sentí anoche cuando vi a este muchacho. Pareciera que estuviera viendo a Geraldine con los sesos… en el piso”, dijo. Su hija murió tras recibir el impacto de una bala de goma en un ojo, que fue disparada por un guardia nacional.
El joven Roa fue enterrado ayer, en San Cristóbal, en medio del dolor de su familia que pide justicia y que inclusive ya habla de plantear una demanda internacional, por lo que considera un crimen de Estado.
Temprano se colgó una bandera de Venezuela en el sitio donde le dieron los primeros auxilios al muchacho, también se colocó una foto de la víctima y flores en el sitio donde se derramó su sangre, en las paredes de la fachada se leía la frase: “Maduro asesino”.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro pidió ayer en una cadena de radio y televisión a las fuerzas militares y policiales estar en “máxima alerta” ante informaciones de que desde Colombia “están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares” para generar violencia en los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Apure.
El mandatario dijo que una veintena de encapuchados secuestraron un camión de medicamentos en Zulia y un transporte de bombas de gas en la población de Rubio, Táchira.
El día anterior, Maduro había enviado sus condolencias a la familia del joven y condenó su “asesinato” durante, dijo, un “hecho de violencia” en el momento “en el que un grupo de muchachos con capucha, estaban en actividades de protestas y de generación de violencia”.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, indicó que al policía Javier Mora, de 23 años, que disparó munición de goma contra el adolescente Kluiverth Roa, se le imputó el delito de “uso indebido de arma orgánica”, así como el delito de “quebrantamiento de pactos y convenios internacionales”.
La foto del policía Mora es viralizada en las redes sociales con frases de repudio.
En un segundo llamado de atención a Venezuela en dos días seguidos, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, dijo ayer que “Venezuela continúa moviéndose en la dirección equivocada” y calificó de “horrenda” la muerte de un joven venezolano por un disparo en una protesta.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reiteró el llamado al diálogo para detener la violencia. (I)
Reacciones
organismos
Eurodiputados
El Parlamento Europeo celebró ayer un debate en sesión plenaria sobre la situación política en Venezuela en el que la mayoría de grupos políticos demandaron la liberación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el cese de los episodios de violencia y de la represión en el país latinoamericano.
Unasur
La Secretaría General de la Unasur lamentó la muerte de un estudiante venezolano y reiteró su disposición para hallar salidas democráticas y pacíficas a la situación de tensión que vive el país. El organismo no ha confirmado la fecha de una visita a Venezuela, ofrecida la semana pasada.
El presidente de México propuso al Senado una propuesta que beneficiaría a los agentes migratorios de EEUU.
Las autoridades señalan que eran transportados en condiciones infrahumanas por los traficantes de personas.
Dos enfrentamientos en dos días de una misma semana: así se cuentan las últimas noticias en Tamaulipas.
En un principio se dijo que Pedro Juan Saldívar, un trailero de 50 años, era de origen mexicano, sin embargo el país vecino desmintió esta información.
La madre de Zambrano obtuvo una visa humanitaria por parte de EEUU y partió hacia Seattle para recoger los restos de su hijo.
Se trata del trabajador agrícola que fue asesinado a balazos por policías en esa localidad de Washington.
La adolescente de 16 años estuvo desaparecida durante 18 días, en Jalisco, México. Fue encontrada con vida.
La Secretaría uruguaya de Derechos Humanos desmintió este miércoles haber negado información de interés para el juicio que se abre mañana, 12 de febrero del 2015, en Italia con el fin de esclarecer los asesinatos de una veintena de italianos en Latinoamérica en las décadas de los años 70 y 80, en el marco de la Operación Cóndor.
En un comunicado, la secretaría niega «terminantemente» las informaciones de prensa en las que, según dice, se le ha acusado de negar la información solicitada por testigos citados por la justicia italiana al proceso.
Además puntualiza que el Estado uruguayo es parte civil en la causa por el también llamado Plan Cóndor, que fue armado por las dictaduras militares del Cono Sur para reprimir conjuntamente a sus respectivos opositores.
«Tales versiones no contribuyen a la búsqueda de la verdad, sembrando incertidumbre y desconfianza en las personas involucradas y directamente afectadas por los hechos que se investigan», señala la secretaría.
En la causa por la Operación Cóndor, de la que mañana se celebrará la primera audiencia en Roma, los imputados son 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16).
Entre los uruguayos se encuentra Jorge Néstor Troccoli, acusado de participar en el asesinato de seis personas, quien tiene también la nacionalidad de Italia, país en el que se radicó para huir de la justicia de Uruguay.
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El comunicado destaca que la secretaría, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Humanitario de Cancillería, «ha estado comprometida con la selección de unidades documentales existentes en los archivos bajo su custodia y en expedientes judiciales en Uruguay».
Concreta que esta documentación se tradujo al italiano, «legalizando y remitiendo» dichos documentos al abogado contratado por el Estado uruguayo.
«En el mes de enero de 2015, ante solicitudes de documentación por parte de testigos para ser presentada en la Megacausa «Plan Cóndor», los distintos equipos de la secretaría vienen trabajando para reunir dicha documentación, la cual se brinda desde el servicio en el archivo, tarea habitual de esta Secretaría», explica el texto.
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Por último, el comunicado reafirma el «compromiso, como Secretaría de Derechos Humanos abocada al pasado reciente, de seguir aportando al conocimiento de «la Verdad y a la Justicia». (I)
Dos delincuentes detenidos en 2010 fueron torturados por personal militar en el estado de Tamaulipas.
El camillero Jorge Luis Tinoco, quien trabajaba en un hospital infantil, murió después de permanecer grave durante varios días.
La Secretaría de la Función Pública investigará si existió conflicto de intereses en la compra de tres casas, incluyendo la de él y la de su esposa.
La muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, que ayer se cumplieron dos semanas, continúa afectando al gobierno argentino, al que una parte de la sociedad responsabiliza del hecho, según señalaron dos encuestas.
Según una encuesta de la consultora Management & Fit difundida ayer por el diario Clarín, el 84,4 % de los encuestados cree que la muerte de Nisman afecta a la imagen de la presidenta, Cristina Fernández. En tanto, el 19 % de las personas que participaron en otro sondeo de la consultora Carlos Fara y Asociados identificó al gobierno nacional como “el responsable de la muerte del fiscal Nisman», mientras que otro 5 % acusó directamente de lo ocurrido a la jefa de Estado, publicó el portal de noticias Infobae.
En tanto, el gobierno de Argentina presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de inteligencia del país tras la misteriosa muerte del fiscal Nisman que denunció a la presidenta. El proyecto impulsa disolver la actual Secretaría de Inteligencia y crear la Agencia Federal de Inteligencia. (I)