Destituyen en Brasil al diputado que orquestó la caída de Rousseff

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Senado brasileño juzgará a Rousseff y su mandato pende de un hilo

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Aplicación para pedir pizza ayudó a salvar a una familia secuestrada

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06-May 02:46 pm Así es como usando un árbol de mangos le hacen peticiones a Nicolás Maduro

06-May 02:45 pm Mira lo que padece esta mujer para estacionar su auto

06-May 02:37 pm El estado ganadero se queda sin suficiente carne

06-May 02:30 pm Cristiano Ronaldo defiende a un niño japones de reporteros

06-May 02:20 pm Así fue el cacerolazo contra Dilma Rousseff y el PT

Uruguay quiere concretar acuerdo comercial con Unión Europea junto a Brasil

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destacó hoy en rueda de prensa la importancia de lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), para cuya consecución se mostró partidario de avanzar junto a Brasil.

«Es importante que avancemos junto a Brasil para ver si podemos concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la UE», dijo Vázquez durante una comparecencia ante la prensa antes de la celebración de un consejo de ministros en la localidad uruguaya de Melo, en el departamento de Cerro Largo.

Vázquez anunció además que realizará un viaje oficial a Brasil el próximo 21 de mayo para reunirse con su presidenta, Dilma Rousseff, para tratar este tema y otros como el comercio de lácteos o la construcción de un puente sobre el río Yaguarón.

Respecto al acuerdo para liberalizar el comercio de servicios conocido como TISA, impulsado por Estados Unidos y la UE y para cuya adhesión Uruguay mantiene conversaciones, Vázquez señaló que «no hay nada firmado o pensado ni ningún acuerdo planteado».

El mandatario se refirió también a la reunión que mantuvo el sábado en Washington el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Danilo Astori, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Vázquez dijo que las gestiones del ministro apuntan a habilitar préstamos del BM hacia la empresa privada que reviertan en nuevas infraestructuras para país.

«Si logramos impulsar esto, la infraestructura generará mucha mano de obra y mayor recaudación del Estado para atender las necesidades planteadas», aseveró el presidente.

Sobre el presupuesto quinquenal que regirá durante su mandato, y cuyas líneas básicas comenzaron a establecerse en el pasado consejo de ministros, Vázquez comentó que la economía de Uruguay atraviesa un momento que obliga a dar pasos «con mucha cautela».

Finalmente, en cuanto al déficit hídrico que sufre el país después de haber estado dos meses seguidos sin lluvias suficientes, el mandatario afirmó que la situación del país no es de sequía, sino que está en su fase previa, y que las necesidades urgentes de agua potable serán atendidas a través del Ejército Nacional. (I)

Miles de brasileños protestan contra el gobierno de Dilma Rousseff

Miles de brasileños salieron a las calles en diversas ciudades de Brasil exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff.

Dilma Rousseff cree que Nicolás Maduro debe liberar a los presos políticos

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó su deseo de que el gobierno venezolano libere a los opositores presos en una entrevista con el canal CNN este jueves, un día antes de viajar a Panamá para la VI Cumbre de las Américas.

«Los países que integran Unasur, que participan de la Cúpula, de la Cumbre de Las Américas, tenemos hoy, incluso, el absoluto interés de que haya una mayor liberación, que suelten a los presos, que no haya niveles de violencia en las calles, todos nosotros tenemos ese interés», aseguró Rousseff en respuesta a una pregunta sobre Venezuela.

Este es el comentario más crítico que la mandataria brasileña ha hecho hasta ahora sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, aunque sin condenar explícitamente al gobierno de Nicolás Maduro ni exigir expresamente la liberación de los opositores.

En los últimos meses, destacados dirigentes opositores como Leopoldo López o Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, han sido encarcelados en medio de acusaciones y procesos judiciales cuestionados por la oposición y organizaciones no gubernamentales.

Interrogada específicamente sobre la detención de Ledezma, Rousseff primero dijo que no quería inmiscuirse en asuntos internos del país, pero luego manifestó su posición en contra de las detenciones políticas.

«Las cuestiones relativas a la cuestión interna de Venezuela, yo no puedo entrar, es una cuestión de respeto a la autodeterminación de ellos», dijo Rousseff, que insistió en que Brasil hay manifestaciones de oposición pero su gobierno no detiene opositores.

«No pensamos que la mejor relación con la oposición sea encarcelar a quienquiera que sea (…), si la persona no cometió un crimen, no puede ser encarcelada», afirmó la mandataria.

Rousseff conversó el miércoles por teléfono con Maduro, quien le aseguró que tiene la «disposición de promover una reducción en las tensiones» diplomáticas con Estados Unidos.

Durante la entrevista, la presidenta de la séptima economía del mundo pidió igualmente un esfuerzo del lado norteamericano, como ya ha ocurrido con el deshielo de sus relaciones con Cuba.

«No encontramos correcto, y pensamos que no llevan lejos, las medidas de boicot, las medidas que segregan el país, y creo que tenemos un gran acontecimiento a conmemorar en esta Cumbre de las Américas, que muestra el coraje de dos países, de Estados Unidos, del presidente (Barack) Obama, y del presidente Raúl Castro, que fue acabar políticamente con el último resquicio de la Guerra Fría», opinó Rousseff. (I)

Trabajadores en Brasil se oponen a proyecto laboral

Manifestantes se enfrentaron con la policía ayer en las afueras del Congreso en Brasilia en una protesta en contra de un proyecto de ley que flexibilizaría la subcontratación en el mercado laboral. Tres manifestantes resultaron heridos.

Dirigentes de la Central Única de Trabajadores y del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra convocaron a marchas en más de diez estados con apoyo de algunos líderes del gobernante Partido de los Trabajadores y sindicatos para protestar contra la iniciativa que sostienen amenazaría los derechos de la clase trabajadora al permitir que empresas contraten a otras para proveer mano de obra de cualquier profesión.

La marcha en la capital paulista se inició frente a un importante hospital público y congregaba a muchos trabajadores de la salud, que portaban carteles y panfletos contra “la privatización” de la salud y la aprobación de la ley sobre tercerización.

Para los manifestantes, la aprobación del proyecto de ley que lleva diez años en el Congreso sería más perjudicial que recientes medidas enviadas por el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff al Congreso, que buscan limitar algunos beneficios laborales en el marco de un plan de ajuste fiscal.

Esas medidas fueron muy criticadas por movimientos sociales y de trabajadores, en un momento complejo para el gobierno, que enfrentará el 12 de abril nuevas protestas opositoras en un contexto de estancamiento económico e inflación en alza.

La ley laboral vigente limita a las compañías a utilizar la figura solo cuando no están relacionadas al rubro de la empresa como para suministrar servicios de limpieza y seguridad.

Los proponentes y defensores del proyecto de esta ley laboral señalan que la subcontratación ayudaría a que empresas consigan empleados especializados por un tiempo determinado. (I)

Dilma Rousseff defiende Petrobras durante posesión de ministro

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hizo ayer una férrea defensa de Petrobras y aseguró que la recuperación del ente estatal, inmerso en un gigantesco escándalo de corrupción, es responsabilidad de su gobierno y equivale a luchar por la soberanía del país.

“Lo que está en juego en esta lucha en defensa de Petrobras y del pre-sal (yacimientos de crudo en aguas ultraprofundas) es nuestra soberanía, el futuro de nuestro país y de la educación”, dijo la presidenta durante la posesión del nuevo ministro de Educación, Renato Janine Ribeiro.

Rousseff volvió a defender además durante su discurso el ajuste fiscal que su gobierno intenta llevar adelante con el fin de reequilibrar las cuentas públicas, frenar la inflación y retomar el crecimiento económico, actualmente estancado y en vías de contracción.

No obstante, garantizó que el recorte de gastos previsto no afectará al sector educativo. “Yo garantizo que la necesidad imperiosa de promover avances en la economía, con recorte de gastos, no afectará a los programas esenciales y estructuradores del Ministerio de Educación”, enfatizó.

Explicó que apoyada en el lema con el que inició su segundo mandato el 1 de enero pasado de Una patria educadora, fue que escogió como nuevo ministro de esa área a Ribeiro, un filósofo de 65 años, profesor titular de la Universidad de Sao Paulo, exmiembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, entre otros cargos. (I)

Veja vincula a exasesora de Rousseff en denuncia Dilma Rousseff

El nuevo escándalo de corrupción que sacude a Brasil y que superaría las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras, involucra a una exministra de Luiz Inácio Lula da Silva y exasesora cercana a la presidenta Dilma Rousseff.

Se trata de la abogada Erenice Guerra, quien fuera jefa del gabinete civil durante el gobierno de Lula y exasesora de la jefa de Estado cuando dirigía el Ministerio de Minas y Energía.

Los presuntos nexos de Guerra con este último escándalo fueron reportados por la revista semanal Veja el fin de semana.

La sospecha es que Guerra integró una red que operó años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda.

La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan las multas impuestas a grandes contribuyentes.

La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual esta se comprometió a prestar “servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal”.

Para cumplir el acuerdo, Guerra se habría asociado secretamente con el abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero del 2014 y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal que habría perjudicado al fisco con cerca de $ 227,6 millones. (I)

Soborno se pagó frente a partido de Alberto Youssef

El empresario Alberto Youssef, uno de los principales implicados en las corruptelas en la petrolera brasileña Petrobras, confesó ayer que ordenó el pago de un soborno al tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, frente a la sede de esa formación.

En un testimonio que presentó ayer ante la justicia y cuya grabación fue divulgada por la Fiscalía, Youssef dijo haberle enviado 800.000 reales (unos 250.000 dólares) a Vaccari, como parte de los recursos desviados de Petrobras.

El empresario, que ha confesado que distribuía parte del dinero desviado, dijo que la mitad de los recursos destinados al PT la entregó un emisario suyo en Sao Paulo frente a la sede de ese partido, al que pertenecen la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ayer otra constructora investigada por el caso Petrobras solicitó protección judicial contra la bancarrota y puso a la venta las concesiones de dos estadios del Mundial-2014. OAS está acusada de formar parte de las empresas que pagaban sobornos a directivos de Petrobras y a políticos a cambio de contratos en la petrolera.

En tanto, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, reiteró que el sistema político nacional es una de las “puertas de entrada” para la corrupción e insistió en que se debata una reforma política. (I)

Respaldo al gobierno de Dilma Rousseff cae al 10,8%, según encuesta

El apoyo al gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cayó a un mínimo de 10,8%, reveló este lunes un sondeo de la firma MDA bajo encargo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT).

Estos niveles representan una caída de 30 puntos en referencia a la última encuesta de la CNT difundida en septiembre de 2014 (41%), antes de las elecciones en las que Rousseff resultó electa por un estrecho margen frente al opositor Aecio Neves.

La popularidad de Rousseff, que inició su segundo mandato en enero, ha venido desmoronándose en medio de masivas manifestaciones contra el gobierno. La última y más multitudinaria reunió a 1,7 millones de personas en varias ciudades del país el domingo 15 de marzo.

La encuestadora Datafolha ubicó el respaldo a Rousseff en 13% recientemente, casi dos puntos más que el resultado del sondeo de CNT.

Según la encuesta de CNT, el rechazo se ubicó por su parte en 64,8%, en la peor evaluación de un gobierno desde octubre de 1999 (8%) durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), indicó el organismo en un comunicado.

Las convocatorias a las protestas del 15 de marzo, que tuvieron mayor respuesta en Sao Paulo, fueron en rechazo al escándalo de corrupción en Petrobras, la deteriorada situación económica e incluso para que algunos grupos pidieran la salida de la mandataria izquierdista del poder.

De acuerdo al sondeo de este lunes, 59,7% de los brasileños apoyaría el impeachment (destitución) de Rousseff, mientras que 34,7% se mostró en contra.

Por otra parte, un 68,9% considera que Rousseff es responsable en el escándalo de corrupción en Petrobras, según el cual grandes empresas constructoras habrían pagado millonarios sobornos para ganar contratos en la estatal. Según las autoridades, la red ilícita movió 4.000 millones de dólares en una década.

Un 67,9% involucra igualmente al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) en la trama, que habría operado ya desde sus primeros años de gobierno.

La encuesta mostró igualmente pesimismo sobre la economía del país: 37% cree que aumentará el desempleo y 49% que la renta va a disminuir. Rousseff ha propuesto un plan para ordenar las cuentas públicas, controlar la inflación y retomar el crecimiento. Pero 66,9% considera que estas medidas no serán suficientes para revertir la crisis.

El sondeo se realizó entre el 16 y 19 de marzo con 2.002 personas en 137 municipios de todo el país. El margen de error es de 2,2 puntos.(I)

Los escándalos por denuncias de corrupción golpean a países latinos

Los gobiernos aseguran ser víctimas de conspiraciones por parte de los grupos de oposición. Algunos de los casos motivan sonadas investigaciones judiciales y hasta protestas sociales de gran alcance.

Argentina
Encubrimiento y muerte
El supuesto suicidio, en enero pasado, del fiscal argentino Alberto Nisman, quien investigaba el ataque perpetrado en 1994 contra un centro comunitario israelí, en el que murieron 85 personas, ha puesto a la presidenta Cristina Fernández bajo la lupa. En febrero una marcha en memoria del procurador terminó en una protesta antigobierno.

Nisman señaló que ciudadanos iraníes participaron en el crimen, además denunció a la mandataria por supuesto encubrimiento, cuatro días antes de aparecer muerto. La justicia desestimó imputarla.

No obstante, según la revista Veja, el gobierno argentino recibió de Irán importantes aportes en dólares por el acuerdo, dinero que se habría utilizado en la última campaña de Cristina.

Además, Hotesur, empresa de la presidenta, es investigada por blanqueo de divisas ilegales y devolución de favores por la adjudicación de obras públicas.

Y se suma el proceso contra el vicepresidente Amado Boudou por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles” a su cargo, por la compra de una imprenta de papel moneda cuando era ministro de Economía.(I)

Chile
De la derecha a la izquierda
La administración de Michelle Bachelet anunció reformas legales “caiga quien caiga” para hacer frente de inmediato a escándalos de corrupción que involucran a políticos y que han salpicado también al gobierno de izquierda al conocerse un millonario negocio inmobiliario en el que participó el hijo de la presidenta chilena, Sebastián Dávalos.

Parlamentarios de la derecha conservadora son acusados de recibir financiación irregular para sus campañas políticas de parte del grupo Penta, un conglomerado de $ 20.000 millones, cuyos dueños están presos por presuntos delitos de soborno y fraude al fisco.

Sebastián Dávalos renunció a su cargo en la secretaría sociocultural del gobierno tras la denuncia de que su mujer obtuvo un millonario préstamo para comprar terrenos, que después vendió a mayor precio, luego de que él se reunió con uno de los principales banqueros chilenos. El viernes se conoció de un segundo contrato millonario.(I)

Venezuela
Estado de derecho alejado
El presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró el lunes 9 de marzo a Venezuela como una amenaza a la seguridad de su país y ordenó sanciones contra siete funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

El gobierno reaccionó reiterando que es víctima de una conspiración para derrocarlo y encuadra en esa acusación la reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, criticada por opositores, así como organizaciones de derechos humanos, por considerarla una muestra de que Venezuela se aleja del Estado de derecho. Este caso se suma al del líder opositor Leopoldo López, detenido hace 14 meses por los incidentes violentos de las marchas del 2014.

A inicios de este año, el presidente de la Asamblea y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, fue vinculado, mediante la denuncia de un desertor, al Cartel de Soles, junto con altos oficiales militares.

Ayer, diario El País denunció el posible pago de comisiones multimillonarias a exfuncionarios chavistas por la concesión de contratos públicos.(I)

Panamá
Sobreprecio en comida escolar
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) fue señalado por el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, en arresto domiciliario, como supuesto responsable de la firma de un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada con supuesto sobreprecio y cuyo destino eran los comedores de las escuelas públicas del país.

Martinelli, de 62 años y magnate de supermercados con intereses en numerosos sectores económicos panameños, se encuentra en paradero desconocido desde que el pasado 28 de enero salió del país rumbo a Guatemala para asistir a una reunión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del que es diputado.

El exgobernante sostiene que es víctima de una “persecución política” dirigida por su antiguo aliado electoral y vicepresidente, Juan Carlos Varela, actual jefe del Estado panameño, quien ha negado esa acusación.(I)

Brasil
Petrobras alienta pedido de juicio
Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, enfrenta una tormenta política que quedó evidenciada hace dos domingos, durante las protestas antigubernamentales.

El rechazo a la corrupción fue una de las principales consignas de los manifestantes que ocuparon las calles en 65 ciudades del país el 15 de marzo para demandar un juicio político a Rousseff, a la que responsabilizan del multimillonario escándalo de corrupción en Petrobras. Según el Ministerio Público, una red ilegal que operó en la petrolera, entre el 2004 y el 2012, desvió unos $ 3.700 millones para pagar sobornos y financiar partidos políticos. La lista de investigados incluye a 51 políticos (casi todos oficialistas), incluso 2 gobernadores y 34 congresistas, entre ellos los presidentes del Senado y de la Cámara Baja.

La Procuraduría descartó investigar a Rousseff, pese a que ella presidía el consejo de la petrolera cuando ocurrieron los sobornos y que, según delatores, ese dinero habría financiado la campaña electoral del 2010.

Tras un año de investigación del caso el gobierno y la Fiscalía presentaron sendos proyectos de ley para endurecer las sanciones contra la corrupción.(I)

México
Desapariciones revelan nexos
La barbarie del crimen organizado es un azote que los mexicanos soportan desde hace años, pero muy pocos hechos violentos han tenido la repercusión del secuestro de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre pasado.

Aunque las autoridades dan por seguro que fueron asesinados después de que policías corruptos los entregasen al cartel Guerreros Unidos, los familiares de los estudiantes no bajan la guardia y están movilizados para lograr justicia en un caso que ha dejado en evidencia los nexos entre los narcos, el poder político, la fuerza pública e inclusive el poder judicial.

El caso Ayotzinapa ha hecho perder apoyo al presidente Enrique Peña Nieto en un momento político importante por las elecciones de junio próximo.

En los últimos días fueron despedidos tres periodistas que habían revelado que la primera dama, Ángelica Rivera, había adquirido una mansión de $ 4 millones con un importante contratista gubernamental favorecido por su marido desde que era gobernador.

Carmen Aristegui aseguró que ella y su equipo periodísticos fueron despedido por presión de la Presidencia.(I)

Empresa denuncia nexo directo con ex ministro de Lula por caso Petrobras

Una de las constructoras contratistas de Petrobras acusó a José Dirceu, ex jefe de Gabinete del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de haber usado su empresa de consultoría para recibir dinero desviado de la petrolera estatal, informa hoy el diario «Folha de Sao Paulo».

La acusación fue hecha por el presidente de la empresa UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, que está preso. La compañía es una de las 16 constructoras que, se presume, formaron un cartel con el fin de cometer fraudes en las licitaciones del ente estatal.

Los pagos hechos a Dirceu correspondían al dos por ciento del valor de los contratos que UTC firmaba con Petrobras.

Dirceu, ex «hombre fuerte» de Lula, cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a diez años de cárcel por comandar una red de pago de sobornos mensuales a legisladores a cambio de que respaldaran al ejecutivo durante el primer gobierno de Lula.

Según los empresarios detenidos en el marco de las investigaciones del caso Petrobras, Dirceu se contactaba con ellos y ofrecía sus servicios sin mencionar la red ilegal, pero su oferta era interpretada como una forma de coacción.

Esto se desprende de las declaraciones hechas por un representante de la constructora Camargo Correa, sospechosa de integrar el llamado «club del millón». El ejecutivo dijo a los investigadores que la empresa decidió contratar los servicios de Dirceu por temor a que de no hacerlo sus negocios con Petrobras se vieran perjudicados.

Según informó la semana pasada el juez responsable del caso Petrobras, Sérgio Moro, Dirceu ganó como consultor 29,2 millones de reales (unos 8,84 millones de dólares) entre 2006 y 2013. Parte de ese periodo coincide con la actuación de la red de desvíos de fondos en Petrobras, que se extendió entre 2004 y 2012.

Basándose en un informe de la Recaudadora Federal, Moro constató que cerca de la tercera parte de los ingresos percibidos por Dirceu entraron en su cuenta entre 2012 y 2013, periodo en que el ex ministro y otros líderes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) estaban siendo juzgados por el Supremo Tribunal Federal a raíz del escándalo del «mensalao».

Existe además otro dato que vincula al ex «primer ministro» de Lula con los desvíos en Petrobras. Las constructoras investigadas pagaron en conjunto unos 9,5 millones de reales (unos 2,87 millones de dólares) a la consultoría de Dirceu durante el periodo en que la dirección de Servicios de la petrolera era comandada por Renato Duque, apuntado como «representante» del PT y la red ilegal.

Otros ex altos funcionarios del ente detenidos representaban a los dos principales aliados del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff: el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el derechista Partido Progresiste (PP). El dinero desviado se destinaba al pago de sobornos y a financiar a los partidos.

Duque fue detenido la semana pasada, por segunda vez en menos de seis meses, acusado de haber lavado dinero que obtuvo a través de los fraudes.

Varios altos ejecutivos de empresas contratistas detenidos firmaron acuerdos de delación premiada con el fin de obtener beneficios en sus respectivas condenas. Es el caso, entre otros, del presidente de Carmago Correa, Dalton Avancini, y del vicepresidente de Finanzas de esa empresa, Eduardo Leite.

Pessoa no llegó a ese tipo de acuerdo con los investigadores.

Se estima que durante el periodo investigado, la red desvió unos 3.700 millones de dólares de la empresa símbolo de Brasil. (I)

Dilma Rousseff lanza siete medidas anticorrupción

Endurecer la pena por ocultar o adulterar información ante los organismos de fiscalización electoral y confiscar bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa son parte del paquete de medidas anticorrupción que anunció ayer la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Las siete medidas, para atacar la corrupción en los distintos estratos de la administración pública, son adoptadas tras el estallido de un escándalo de sobornos en la estatal Petrobras que desató protestas masivas el pasado domingo.

Algunas de las propuestas ya habían comenzado a recorrer distintos niveles de tratamiento legislativo, pero no están vigentes aún. Entre ellas figura la extensión de las condenas a los donantes, tanto de naturaleza personal como jurídica, y a los partidos políticos. La multa prevista es de 5 a 10 veces el valor donado y no declarado.

Castigar la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. Pena: de 3 a 8 años.

El gobierno pidió la tramitación urgente de un proyecto de ley (ya en el Congreso) que alcanza a los bienes sobre los cuales haya indicios o pruebas de que son producto de una acción ilegal. La indisponibilidad de los bienes puede servir para reparar los daños causados, pagar multas y costos derivados o para la mera preservación de su valor. Podrá ser levantada en caso de absolución o suspensión del proceso.

Otra de las iniciativas busca que quienes ocupan cargos de confianza en el gobierno federal tengan una “ficha limpia” de antecedentes judiciales.

La mandataria no ha tenido tregua desde que inició su segundo mandato en enero con un escenario económico negativo. Es asediada por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera Petrobras, que tiene a decenas de legisladores en investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o de su propio partido.

“Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción”, dijo la presidenta en un acto en Brasilia, donde reconoció públicamente esa demanda de la sociedad.

Analistas apuntan que el retroceso agudo del apoyo a Rousseff, reelecta en octubre, y la falta de la tradicional “luna de miel” de los gobiernos recién ungidos obedecen a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de la confabulación que se enquistó en la empresa que era el orgullo nacional y a un aislamiento de la mandataria.

Ayer, el sondeo mensual de Datafolha, uno de los más seguidos en Brasil, mostró que la aprobación de su gestión se desplomó 10 puntos a 13% y el rechazo a su gobierno trepó al 62%. Ese nivel de reprobación es el más alto de un mandatario desde septiembre de 1992. (I)

62
por ciento
de encuestados por el Instituto Datafolha opinó que el gobierno de Rousseff era malo o pésimo.

Crisis
En el interior

Renuncia ministro
Menos de tres meses de iniciado su segundo mandato, la presidenta debió aceptar ayer la primera dimisión de un ministro: el titular de Educación, Cid Gomes, quien renunció tras duros roces con la base oficialista en el Congreso.

Funcionario peruano
El presidente del Banco Central de Reserva peruano, Julio Velarde, dijo en Sao Paulo que una intensificación de la crisis en Brasil afectaría a los mercados de la región, aunque consideró improbable que se agrave la situación en ese país.

Policía vincula banco brasileño con millonario desvío de dinero

Un nuevo escándalo de corrupción estalló ayer en Brasil con una estafa millonaria en la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público, justamente al cumplirse un año de la investigación del caso Petrobras, eje de la crisis política del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff.

La policía desarticuló ayer una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de Caixa Económica Federal, lo que aumentó la presión sobre el gobierno en el combate a la corrupción.

Según las investigaciones, con la complicidad presuntamente de gerentes y funcionarios del banco y presentando documentos falsos, la banda conseguía obtener en tiempo récord préstamos por hasta un millón de reales (unos 312.500 dólares) para adquirir viviendas inexistentes o por un valor en 1.000 % superior al real.

Ayer 133 agentes se movilizaron en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres mayores estados de Brasil, para desmontar la organización.

El juez responsable de la investigación dictó 34 órdenes para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 órdenes para separar a funcionarios públicos de sus cargos. También se dictaron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes.

Los fraudes estaban concentrados en tres agencias del banco público y facilitaban los préstamos para viviendas en un área turística con conocidos balnearios en el estado de Río de Janeiro, conocida como Región de los Lagos.

La operación para desmontar la red enquistada presuntamente en la entidad coincide con el primer aniversario de la bautizada como operación Lava Jato, la cual desenmascara desde hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera estatal Petrobras, de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos.

La corrupción ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria (23 %), que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en el 2011, y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de 1,7 millones de personas en varias ciudades del país, de acuerdo con una encuesta del diario Folha de Sao Paulo.

Según un sondeo del Instituto Datafolha, después de la corrupción, el segundo motivo para protestar en la manifestación de Sao Paulo, la más masiva fue la destitución de la presidenta con un 27 %, quien asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero.

El año pasado, durante una Comisión de Investigación Parlamentaria en el Congreso, el detenido Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, afirmó que el pago de sobornos es un hecho común en Brasil y no exclusivo de la compañía de petróleo.

“Lo que pasó en Petrobras pasa en todo Brasil. En las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, las hidroeléctricas, eso ocurre en todo Brasil. Es solo averiguar”, señaló en la ocasión Costa, quien tiene un acuerdo con la justicia de delación a cambio de reducción de pena. (I)

51 políticos están implicados en el caso Petrobras.

Caso Petrobras
bloqueo de cuenta

Exdirectivo
Las autoridades de Mónaco bloquearon una cuenta bancaria a nombre del exdirector del Área Internacional de la petrolera Petrobras, Jorge Zelada, que tiene depósitos por más de diez millones de euros, informó ayer el Ministerio Público brasileño en la sureña ciudad de Curitiba.

Oposición toma las calles de Brasil contra Rousseff y la corrupción

Más de un millón de personas tomó las calles de al menos 50 ciudades de Brasil para protestar contra Rousseff y la corrupción.

Aumentan a 54 los muertos por accidente de autobús en Brasil

Un total de 54 personas murieron cuando el autobús en el que viajaban a un evento religioso falló al tomar una curva y cayó el sábado 400 metros por un despeñadero en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, informó la presidenta Dilma Rousseff.

Entre los hierros retorcidos del vehículo que quedaron en medio de una espesa vegetación, los bomberos sacaron a las víctimas del accidente registrado en una carretera peligrosa, llena de curvas, en el municipio de Campo Alegre, a 171 km de Florianópolis, la capital del estado.

«Es con pesar que supe la noticia de la muerte de 54 personas en un accidente de autobús en la Sierra Dona Francisca, en Santa Catarina», dijo este domingo Rousseff en un comunicado.

«En esta hora de dolor y sufrimiento, quiero presentar mis condolencias a las familias y amigos que perdieron a sus seres queridos», añadió.

Entre los fallecidos se encuentra el conductor, así como ocho niños y 24 mujeres, señaló a la AFP Ana Paula Keller, de la oficina de prensa del gobierno regional.

Varias ambulancias fueron enviadas al lugar y un helicóptero sobrevoló la zona para apoyar las tareas de rescate.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para que sean identificados por sus familiares. Algunos ya fueron identificados con fotos enviadas por celular, explicó Keller.

Varios heridos están aún internados, algunos en estado grave.

Zona del accidente

En la mañana del domingo, un asesor del gobierno de Santa Catarina dijo a la AFP que los datos oficiales hasta el momento indican que el vehículo transportaba 59 personas. Más temprano, las autoridades habían reportado que podría haber más pasajeros. 

No hay información de que algún extranjero estuviera a bordo. El autobús, de una empresa de turismo, cubría una ruta de 311 km entre Uniao da Vitoria (Santa Catarina, sur) y Guaratuba (Paraná, sur). Los pasajeros viajaban a un evento religioso.

Según las primeras versiones de testigos el conductor habría perdido el control del bus en una curva en descenso en esta peligrosa carretera, aunque las autoridades aún no determinaron las causas del accidente.

El vehículo cayó cerca de un mirador en la sierra Dona Francisca, una parada común para los turistas. Según la prensa local, varios conductores se detuvieron para asistir a las víctimas mientras llegaban las autoridades.

Unos 40 policías militares, 30 bomberos y otra treintena de funcionarios de salud y policías civiles se trasladaron rápidamente al lugar, pero la topografía y la falta de iluminación (el incidente se registró entrando la noche) complicaron las labores de rescate.

Los accidentes son frecuentes en esta carretera llena de curvas y considerada muy peligrosa por los conductores de la región, que mataron a 66 personas en los últimos cinco años, informó el diario O Estado de Sao Paulo.

La sierra Dona Francisca atrae a miles de visitantes por la belleza de la vegetación de selva virgen. A dos kilómetros del lugar del accidente había un mirador bastante frecuentado por quienes transitaban por la zona.

Este fue el mayor accidente de tránsito en la historia de Santa Catarina. Constantemente se reportan accidentes en las calles y carreteras de Brasil, donde mueren en promedio unos 43.000 brasileños por esta causa.

Entre 2002 y 2012, la cifra de accidentes de tránsito aumentó en 24,5% en este país donde cada día circulan 10.000 nuevos automóviles.

Uno de los últimos grandes accidentes fue en octubre de 2014, cuando un camión chocó con un autobús que transportaba a estudiantes de secundaria que iban de excursión en Sao Paulo, y dejó diez muertos y 30 heridos. (I)

Miles respaldan a Dilma Rousseff y Petrobras

Miles de sindicalistas, estudiantes y campesinos sin tierra protestaban ayer pacíficamente en 13 estados de Brasil en defensa de la democracia y de la estatal Petrobras, envuelta en un gran escándalo de corrupción.

Los manifestantes acudieron a las marchas convocadas por la Central Única de Trabajadores (CUT) y movimientos sociales como los Sin Tierra (MST), afines al gobernante Partido de los Trabajadores. Muchos defendieron a la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta duras críticas por la situación económica y la corrupción en la estatal petrolera.

“Yo estoy a favor de Dilma, de la defensa de la democracia, pero también estoy contra la corrupción”, dijo Gerson Tadeu Conti, un médico de 67 años que protestaba junto a cientos de personas frente a la sede de Petrobras en Sao Paulo.

Hasta el mediodía de ayer las manifestaciones habían reunido algo más de 13.000 personas, pero la marcha en Sao Paulo recién estaba iniciándose y en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades aún no empezaba.

Las protestas de ayer se convocaron en vísperas de otras marchas contra Rousseff previstas para mañana en todo Brasil, donde algunos grupos pedirán la destitución de la mandataria. En las redes sociales, donde han sido convocadas estas marchas contra el gobierno, abundan los comentarios que reclaman una intervención militar que ponga fin a más de 12 años de gobierno del PT.

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, declaró que la posibilidad de que Rousseff sea sometida a un juicio político, como pretenden algunos sectores de la oposición, es “inviable” e “impensable”.

Dijo que las protestas convocadas para mañana “son legítimas” y “saludables para la democracia”, siempre y cuando se realicen en forma pacífica. (I)

Discurso de Dilma Rousseff provocó ‘cacerolazo’ y abucheos en todo Brasil

El discurso pronunciado en la noche del domingo por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, provocó «cacerolazos», silbatinas y otras manifestaciones de repudio en varias regiones del país, informan este lunes medios locales.

En su pronunciamiento realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, la mandataria defendió el ajuste fiscal que está implementando su gobierno para recomponer el deterioro económico, y que consiste, entre otras iniciativas, en aumento de impuestos y reducción de algunos beneficios fiscales y laborales.

La presidenta pidió «paciencia y comprensión» a la población y exhortó a la ciudadanía y al Congreso a acompañar los esfuerzos necesarios para superar la situación, a la que calificó de «pasajera».

Según informa hoy el diario «Folha de Sao Paulo», durante la cadena televisiva se produjeron «bocinazos», «cacerolazos», tintinear de luces de automóviles y de viviendas y sonoros abucheos en al menos 12 capitales provinciales: Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Goiania, Maceió, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo y Vitória.

El cuestionado discurso fue el primero que la presidenta dirigió a la población tras la divulgación, el viernes, de la lista de 47 políticos que serán investigados por sus presuntos nexos con los desvíos de fondos del ente estatal Petrobras.

La lista de sospechosos, en su inmensa mayoría oficialistas, incluye a los presidentes de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, ambos del principal socio del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que también pertenece el vicepresidente de la República, Michel Temer.

También serán investigados, entre otros, cinco ex ministros de Rousseff, una ex gobernadora, 12 ex diputados, el ex presidente de la República Fernando Collor de Mello y el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari.

Las protestas a lo largo y ancho del país fueron registradas en vídeos caseros que fueron compartidos por los internautas a través de las redes sociales.

El «cacerolazo» antecede a una manifestación programada para el próximo domingo en demanda de la renuncia de la presidenta y que viene generando gran expectativa.

La convocatoria para dicha protesta se realiza a través de Internet y cuenta con el apoyo expreso, entre otros, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuya dirección aclaró, no obstante, que respalda la movilización pero no el pedido de destitución de Rousseff.

Si bien la mandataria conquistó su segundo mandato en las urnas de octubre pasado, el descontento de la población se pudo percibir ya en ese momento en razón del escaso margen con el que la ex guerrillera se impuso a su adversario en la segunda ronda electoral, al candidato del PSDB Aécio Neves, quien solo obtuvo tres millones de votos menos que Rousseff.

Consciente de la disconformidad generalizada, que se apoya en los problemas económicos y la crisis política, Rousseff admitió en su discurso que los ciudadanos tienen «todo el derecho de irritarse y preocuparse», pero pidió «paciencia y comprensión, porque la situación es pasajera».

«Brasil tiene todas las condiciones de vencer estos problemas temporarios. Y la victoria será aún más rápida si todos nos unimos en esta lucha», dijo la presidenta, cuya popularidad sufrió una drástica caída de 21 puntos porcentuales entre diciembre y febrero, cayendo al 23 por ciento de aprobación. (I)

Rousseff pide renovar la fe en Brasil tras escándalo de corrupción

La presidenta brasileña dirigió un mensaje en el que pidió renovar la fe tras un escándalo de corrupción.

Lista de investigados por corrupción en Petrobras pone a temblar a Brasil

El sistema político brasileño fue puesto en jaque con la decisión de la Corte Suprema de investigar por el caso de corrupción en la estatal Petrobras a los jefes de las dos cámaras legislativas y a otros 32 parlamentarios y a 12 exdiputados, entre ellos cuatro exministros de la presidenta Dilma Rousseff.

La divulgación de la lista de sospechosos con foro privilegiado -que solo pueden ser juzgados por el Supremo- que la Justicia ordenó investigar anoche impactó directamente al Gobierno, ya que incluye a importantes excolaboradores de Rousseff y de su campaña electoral, y reveló que hasta la jefa de Estado fue relacionada con el escándalo.

Pero también agravó las ya tensas relaciones entre el Gobierno y el Congreso, ya que la lista incluye a importantes parlamentarios de partidos oficialistas cuya relación con Rousseff pendía de un hilo y que acusan a la Fiscalía de hacerle juego al Ejecutivo.

A petición de la Procuraduría General de la República (Fiscalía), el magistrado Teori Zavascki, que será el juez instructor de los procesos en la Corte Suprema, autorizó la apertura de investigaciones contra 49 personas, entre ellas 12 senadores, 22 diputados y 12 exdiputados de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista, por el escándalo en Petrobras.

Los investigados fueron mencionados como beneficiarios de las corruptelas en la mayor empresa de Brasil por integrantes de la red de corrupción que colaboran con la Fiscalía a cambio de reducción en sus penas.

Nombres importantes

Además de los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la lista incluye al expresidente brasileño Fernando Collor y a cuatro exministros de Rousseff: los senadores Edson Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presidencia) y los exdiputados Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).

Igualmente figuran en la lista el senador Humberto Costa, que fue ministro de Salud durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y la exgobernadora del estado de Maranhao Roseana Sarney, hija del expresidente José Sarney.

Las formaciones implicadas son el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff; el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, y los también oficialistas Partido Progresista (PP) y Partido Laborista Brasileño (PTB).

De la oposición solo será investigado el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

La decisión, además, coloca en ruta de choque a Rousseff y a los presidentes del Senado y de la Cámara baja, importantes dirigentes del PMDB -mayor fuerza electoral del país- que acusan al Ejecutivo de estar detrás de las acusaciones.

«Sabemos exactamente el juego político que ocurrió y no podemos quedarnos callados sin denunciar la politización y la intervención (del Gobierno) en la estructura de la Procuraduría», afirmó Cunha en Twitter, donde acusó al procurador de preparar el terreno para ser confirmado en el cargo por Rousseff.

En respuesta, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo negó hoy que el Gobierno haya intervenido o influido en la decisión de la corte.

Tráfico de influencias

«Quiero reafirmar que en ningún momento el Gobierno o cualquiera de sus miembros ejerció o hizo algo para influir en la decisión, o colocar o retirar nombres en la lista de investigados», afirmó al agregar que es ilógico acusar al Ejecutivo de influir en una decisión que terminó afectando en su mayoría a políticos del oficialista PT y de sus aliados.

La decisión de la Corte Suprema dejó en la mira a Rousseff porque fue mencionada como beneficiaria indirecta de la red de corrupción, aunque se libró de un proceso dado que la Fiscalía alega que un presidente solo puede ser investigado por actos cometidos durante su Gobierno y las irregularidades en las que se le cita supuestamente ocurrieron antes de que fuera elegida para su primer mandato, en 2010.

Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como «donaciones» para sus campañas electorales. (I)

Detienen a camioneros que bloquean carreteras en Brasil

Fuerzas de seguridad de Brasil detuvieron el lunes a camioneros que han bloqueado carreteras en protesta por el aumento del precio del combustible y el bajo valor del flete.

La policía federal vial informó que recibió la orden de liberar las carreteras de varios estados del país que han causado escasez de gasolina y alimentos. Según algunos medios locales, 18 manifestantes fueron detenidos en los operativos de la policía federal en el estado de Río Grande do Sul.

Mientras tanto, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff decidió el lunes firmar una ley para atender las exigencias de los camioneros.

La ley permitiría que camiones vacíos no paguen el peaje y perdonaría las multas por exceso de peso emitidas en los últimos dos años. La ley también ampliará los puntos de descanso para los camioneros.

Por más de una semana, camioneros han bloqueado carreteras en los estados de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, considerados importantes productores agrícolas, así como los estados de Ceará y Bahía, en el nordeste de Brasil.

El gobierno pareció llegar a un acuerdo con el sindicato al garantizarle que los precios de los combustibles no aumentarían en por lo menos seis meses y que reducirían los costos de los peajes. Sin embargo, algunos de los camioneros que no están sindicalizados continuaron el bloqueo por considerar que las promesas del gobierno no eran suficientes, ya que aún no contemplaban aumentar el valor de los fletes. (I)

Inicia el segundo mandato del oncólogo Tabaré Vázquez

El oncólogo Tabaré Vázquez asume su segunda presidencia en Uruguay con desafíos económicos y sociales por delante y la complicada herencia de llevar la marihuana a las farmacias, medida resuelta por José Mujica que el mandatario electo ve con desconfianza.

Vázquez ha asegurado que su nuevo gobierno “no será más de lo mismo” y prometió atacar “temas vertebrales de la agenda del país” como inseguridad pública, educación, salud e infraestructura, áreas en las que el saliente Mujica ha admitido que no logró los avances deseados.

La ceremonia de hoy contará con la presencia de varios presidentes de la región como la brasileña Dilma Rousseff, y el cubano Raúl Castro, entre otros. Pero tendrá la ausencia de la argentina Cristina Fernández, del venezolano Nicolás Maduro y del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, que el viernes pasado canceló su viaje al país sudamericano por motivos de salud.

Con Vázquez, la primera magistratura volverá a tener la imagen de un estadista convencional. (I)

Indonesia mantiene pena de muerte para once reos, incluido un brasileño

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, defendió este martes el derecho de su gobierno a utilizar la pena de muerte y aseguró que se llevarán a cabo las ejecuciones previstas de once reos, siete de ellos extranjeros, informó prensa local.

El brasileño Rodrigo Muxfeldt Gularte se encuentra entre los que serán ejecutados este mes después de que las peticiones de clemencia del gobierno brasileño hayan sido rechazadas por Widodo, que también ha desestimado peticiones de Australia y Francia para sus ciudadanos.

«Nadie debería de intervenir en la ejecución de la pena capital porque es nuestra soberanía legal, nuestra soberanía política», dijo Widodo, según el diario «Jakarta Post»,

Widodo hizo estas declaraciones al defender su decisión de retirar al representante indonesio en Brasil, Toto Riyanto, después de que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se negara a recibir sus cartas credenciales como embajador.

Indonesia ha amenazado con revisar sus compromisos bilaterales, incluida la compra de equipamiento militar, debido al conflicto diplomático que comenzó en enero después de que el país asiático ejecutara a otro brasileño, Marco Archer Cardoso Moreira.

Esta ronda de ejecuciones también ha deteriorado las relaciones entre Indonesia y Australia, cuyo primer ministro, Tony Abbott, pidió clemencia para dos australianos tras recordar la ayuda prestada por Camberra al país asiático tras el tsunami de 2004.

«Durante el tsunami recibimos ayuda humanitaria de 56 países, incluida Australia. Si no se considera ayuda humanitaria la devolveremos», dijo el vicepresidente indonesio, Jusuf Kalla, según el «Jakarta Globe».

La fecha de las ejecuciones, que estaban previstas para este mes, todavía no ha sido fijada y se anunciará con 72 horas de antelación. (I)