El fiscal argentino, Gerardo Pollicita, apeló ayer el fallo que había desestimado una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de los sospechosos del atentado a la mutual judía AMIA, registrado en 1994 y que dejó 85 muertos.
Pollicita, quien retomó la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra Fernández, pidió la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la acusación por falta de pruebas, en una presentación ante el mismo magistrado.
“La decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial”, apunta el fiscal Pollicita, quien tras solicitar la imputación de la presidenta había pedido al juez Rafecas la realización de medio centenar de pruebas.
El gobierno difundió un mensaje oficial, en varios medios locales, en el que sostiene que Nisman buscaba “generar un efecto político desestabilizador” con la denuncia por encubrimiento a terroristas que presentó contra la mandataria.
En tanto, el juez Daniel Rafecas difundió el contenido completo de dos documentos hallados en la caja fuerte del despacho de Nisman, “en atención al interés público generado” y “a los efectos de brindar la mayor transparencia”. (I)
A través de un comunicado señaló que el fiscal buscaba un efecto de desestabilización política con su denuncia.
El Gobierno argentino difundió este miércoles un mensaje oficial en el que sostiene que el fallecido fiscal Alberto Nisman buscaba «generar un efecto político desestabilizador» con la denuncia por encubrimiento a terroristas que, cuatro días antes de morir, presentó contra la presidenta, Cristina Fernández.
«Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?», cuestiona el Ejecutivo, en un texto difundido en los principales diarios locales.
El Gobierno reafirmó así su compromiso con el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994, apoyándose en las razones apuntadas por el juez Daniel Rafecas para desestimar la denuncia de Nisman en un dictamen emitido el pasado 26 de febrero.
Nisman, fiscal especial de la causa AMIA, murió el pasado 18 de enero, de un disparo en la sien en circunstancias aún no aclaradas, cuatro días después de haber denunciado a Fernández y a varios colaboradores por presuntamente haber negociado con Irán el encubrimiento de sospechosos a cambio de intensificar relaciones comerciales.
En su demanda, señala el memorándum de entendimiento acordado con Irán para investigar el atentado (aunque la República Islámica nunca llegó a ratificarlo) y aprobado por el Congreso argentino en 2013, como instrumento para garantizar la exculpación de los terroristas.
El Ejecutivo se hace eco de que, analizadas las evidencias presentadas por Nisman, el juez Rafecas no encontró elementos que sostengan las acusaciones y hace hincapié en que los investigadores encontraron dos documentos redactados por el fiscal semanas antes de morir, en los que «resaltaba los esfuerzos de la presidenta para llevar a los acusados a juicio», según reza el texto.
«Por qué el fiscal trabajaba en paralelo con dos objetivos opuestos?», se pregunta el mensaje, que lleva la firma «Gobierno de la República Argentina».
«En este contexto, solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a parir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público», continúa.
La vigencia del memorándum en Argentina está en suspenso hasta que la Justicia deje en firme el fallo que declaraba constitucional el tratado. (I)
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, pronunciará mañana su último discurso sobre el estado de la República ante el Congreso, con el respaldo en la calle de partidarios, a siete meses de las elecciones generales del 25 de octubre, en las que no podrá volver a postularse.
Kirchner (62 años) enfrenta el fin de su segundo mandato y el ciclo de gobiernos peronistas de centroizquierda que inició su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007), sin delfín a la vista en un año que los economistas prevén difícil comparado con los de elevado crecimiento en la primera década del siglo.
La mandataria acaba de superar esta semana una encrucijada al desestimar el juez Daniel Rafecas la denuncia en su contra por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 dejó 85 muertos.
Fernández no hizo comentarios en público sobre la resolución judicial, pero publicó ayer el fallo en internet y sugirió dudas sobre un supuesto cambio de opinión del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien impulsaba la investigación contra la mandataria.
Fernández en su publicación on-line hizo una selección de los puntos salientes y publicó una versión en inglés. “Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito se sostienen mínimamente”.
Partidarios del gobierno consideran que el mitin de mañana será una demostración de fuerza frente a la caminata opositora y para recuperar la iniciativa política. “Somos militantes de alma que vamos a estar en el Congreso. Y a defender la continuidad de este modelo económico”, basado en el aliento al consumo y los subsidios a la pobreza, dijo Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos (centro-este) y uno de los presidenciables kirchneristas. (I)
La Justicia desestimó la denuncia presentada por el fallecido fiscal Nisman contra Cristina Fernández.
El Poder Judicial definió el nombre del magistrado que se hará cargo de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.