El cuerpo del reportero fue hallado en Oaxaca (sur) junto a una camioneta con heridas de arma de fuego.
La PGR se reunirá con personal de la embajada estadounidense para que casos como este no se repitan.
Una nueva jornada de enfrentamientos se vivió este fin de semana en Tamaulipas, tras la detención de ‘El Gafe’.
Cinco hombres armados robaron un tractocamión en Tlaxcala, que transporta 26 toneladas de monometil de mina.
Lavall Hall padecía esquizofrenia. Recibió un disparo luego de que su madre llamó a la policía para que la ayudaran a llevarlo al centro de salud.
José Sánchez García está vinculado con el asesinato de un funcionario y el secuestro de otros en Tamaulipas.
Autoridades arrestaron a El Sasi, identificado como uno de los responsables de la masacre de San Fernando en Tamaulipas.
Un testigo clave en el juicio contra la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, falleció tras una afección cardiaca.
Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos celebraron este martes el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina al cumplirse el 39 aniversario del último golpe de Estado militar.
Agrupaciones afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner marcharon en primer turno a la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires y luego lo hicieron partidos de izquierda y otras organizaciones.
También se realizaron numerosos actos y eventos culturales en ciudades de todo el país por la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y en reclamo de juicio y castigo a todos los genocidas.
La junta militar liderada por Jorge Rafael Videla encabezó el 24 de marzo de 1976 el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró un régimen que gobernó Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983.
La dictadura militar dejó cerca de 30.000 desaparecidos, según estimaciones de organismos de derechos humanos. Cometió aberrantes delitos de lesa humanidad, entre ellos el robo de bebés.
«La política de derechos humanos se ha convertido en una política de Estado, es importante plantearla en conjunto, no hay posibilidad alguna de construir futuro si no hay memoria, no hay verdad y no hay justicia», declaró el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Las organizaciones cercanas al kirchnerismo, entre ellas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, marcharon bajo la consigna «Defendamos las victorias y vamos por más democracia» hacia la histórica plaza frente a la Casa de Gobierno, donde se levantó un escenario en el que cantaron reconocidos músicos y bandas de rock y pop.
Los organismos de derechos humanos que asistieron a este primer acto emitieron un documento «para reivindicar y recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a los miles de exiliados, asesinados, sobrevivientes y a todos los luchadores que sostienen las banderas por los derechos humanos, la solidaridad y la inclusión».
Denunciaron además «el entramado del plan criminal de las juntas militares asesinas y sus socios».
«Por eso decimos enfáticamente que en la última dictadura cívica militar las Fuerzas Armadas tuvieron como socias a las corporaciones de la prensa, el Poder Judicial, la Iglesia y las empresas», advirtieron.
«En la mesa que planificó el hambre y la exclusión estuvieron los genocidas, como Videla y Massera, sentados con la prensa canalla como ‘Clarín’ y ‘La Nación’, con la mafia judicial decidiendo la impunidad ante todos los hábeas corpus presentados por los miles de familiares de desaparecidos, con la cúpula de la Iglesia para armar los interrogotarios en los centros clandestinos de detención, con empresarios (…) para financiar el genocidio y hacer las cuentas del enriquecimiento de unos pocos basado en el empobrecimiento del pueblo», afirmaron.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó otra vez «que se rompan los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos».
«Ya son 116 las verdades que pudimos encontrar», dijo en referencia a los 116 niños apropiados durante la dictadura que pudieron recuperar su identidad. «Vamos a seguir juntos buscando a todos los que faltan porque sabemos que las mentiras no pueden ser eternas. No es casual que identidad rime con verdad y libertad», sostuvo Carlotto.
Las agrupaciones de izquierda y los organismos de derechos humanos que organizaron la segunda marcha reclamaron «cárcel a todos los genocidas; la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados; el desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje; la apertura de los archivos secretos» y expresaron su «repudio a la ley antiterrorista».
Demandaron asimismo la destitución del jefe del Ejército, César Milani, sospechado de haber estado involucrado en la desaparición de un soldado durante la última dictadura.
Los jerarcas de la dictadura fueron condenados en el histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985, pero luego fueron beneficiados por indultos, mientras que cientos de represores evitaron condenas por las denominadas leyes de perdón (obediencia debida y punto final), que luego fueron declaradas inconstitucionales.
Desde la reapertura en 2006 de los juicios por violaciones a los derechos humanos, 563 represores y jefes de la dictadura fueron condenados, según un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El informe registra que en los últimos nueve años se dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos.
Se contabilizaron en tanto 970 imputados detenidos, con la mayoría (57 por ciento) alojada en unidades penitenciarias, el 40 por ciento en domicilios, el 1,5 por ciento en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales.
Restan 456 expedientes en trámite, mientras que 120 causas están a las puertas del juicio oral, con 889 procesados. En tanto, 45 acusados se encuentran prófugos.(I)
Hombres armados emboscaron la noche del jueves a un convoy de la Gendarmería en Jalisco, oeste de México.
La tortura se practica de forma “generalizada” en México, afirmó ayer el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, en un informe presentado en Ginebra.
Los hechos incriminados suceden “durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia”, y “ocurren en un contexto de impunidad”, cuya “finalidad es castigar o extraer confesiones o información”, detalló en su informe.
La información, reunida por Méndez en una visita a México el año pasado, “está basada en testimonios recibidos de personas liberadas así como en varias cárceles” y le llevó a la conclusión de que la tortura es una “práctica generalizada”.
“El patrón de conducta en el momento de la detención se repetía sobre todo en casos de acusaciones de crimen organizado, ya fuera que interviniera la marina, el ejército, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República”, dijo.
“En todos los casos el panorama era casi idéntico, es decir, tortura bastante severa con electricidad, ‘submarino’ (ahogamiento) y muchos golpes en los primeros momentos de la detención”, según Méndez.
El embajador de México, Jorge Lomonaco, dijo que la conclusión del informe no “corresponde con la realidad”.(I)
Los elementos de la policía federal fueron consignados al penal federal de «El Rincón», en Tepic, Nayarit.
Reportes de inteligencia afirman que la banda criminal ha quedado acabada tras la captura de alias La Tuta.
Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dicen que haber salido de la PGR no lo exime del caso.
El operativo que derivó en la detención de Flavio Gómez Martínez, alias El Flavio, tuvo lugar en Mérida.
México abrirá en dos semanas en Ecuador una oficina para un agregado de la Procuraduría con el objetivo de ayudar a combatir el narcotráfico y el tráfico de migrantes.
El procurador de México, Jesús Murillo Karam, dijo este martes en rueda de prensa en Quito que se va a instalar «una agregaduría de la Procuraduría de la república de México para que en contacto, en relación, intercambio de información (con Ecuador) dé lucha contra las mafias organizadas de manera más eficiente».
Por su parte, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, expresó que la nueva oficina ayudará a «tener un trabajo más coordinado».
A inicios del año pasado una niña ecuatoriana de 12 años se suicidó en la frontera de México con Estados Unidos cuando buscaba llegar a ese país para reunirse con sus padres. Había sido sometida a vejámenes y violada por traficantes de personas, dos de los cuales fueron sentenciados a 16 años de cárcel.
Es relativamente común en Ecuador que ciudadanos de escasos recursos, principalmente del sur del país, busquen llegar a Estados Unidos haciendo viajes por tierra para burlar a las autoridades de migración.
El mantenimiento deficiente por parte de la empresa Gas Express Nieto fue la causa de la explosión en un hospital de México.
Actor asegura que obra teatral ofrece una indispensable mirada hacia un momento de terrible violencia en nuestro país.
Entre las propiedades aseguradas se encuentran hoteles, complejos turísticos de playa, centros de espectáculos, etc.
Dos días después de que el Equipo Argentino de Antropología Forense señaló errores en la elaboración de los perfiles genéticos de 16 familiares e irregularidades en el resguardo de los lugares donde se han encontrado evidencias del caso de 43 estudiantes desaparecidos, la Procuraduría de México señaló en un comunicado que esos peritos no tienen el conocimiento de todas las áreas científicas para cuestionar su investigación.
Refirió que se han realizado 487 peritajes y no en todos participaron los forenses argentinos. “Los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas parecerían más especulaciones que certezas”, indicó la dependencia en torno a la investigación.
El procurador Jesús Murillo dijo el 27 de enero que la “verdad histórica” del caso es que policías municipales detuvieron a los jóvenes en la ciudad de Iguala y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero de la vecina Cocula y luego echaron sus restos al río San Juan. Pero, los peritos argentinos insisten en que “no hay evidencia científica” para esa conclusión.
El equipo argentino reveló, por ejemplo, que en el basurero encontraron restos humanos que no son de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, entre ellos prótesis dentales que no pertenecen a los jóvenes.
La Procuraduría respondió que las prótesis aún se estudian, pero que ni los familiares ni el equipo argentino han aportado historial médico, físico o dental de los estudiantes.
Sobre las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck, explicó que se trató de un “error administrativo de transcripción” que fue corregido en menos de 24 horas. (I)
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Personas dudan de que
les hayan dado a sus familiares cremados, tras el hallazgo de 61 cadáveres en un crematorio de Acapulco.
La Procuraduría General de Colombia destituyó este miércoles a 11 militares en el marco de un proceso disciplinario por la presunta ejecución de un hombre que mostraron como un guerrillero muerto en combate.
El órgano de control, que ejerce las funciones de Ministerio Público, también inhabilitó a los sancionados para ejercer cargos en el sector estatal durante diez años.
El castigo fue impuesto a 11 integrantes de un batallón de la Armada especializado en la lucha contra la guerrilla por un caso ocurrido en el departamento caribeño de Bolívar.
La Procuraduría señaló en un comunicado que los militares incurrieron en una grave violación del Derecho Internacional Humanitario al presentar como guerrillero a un campesino de «buenas costumbres» que vivía con su familia en el municipio de Carmen de Bolívar.
La sanción impuesta a los militares se circunscribe a un proceso disciplinario, mientras avanza la causa penal por parte de la Fiscalía General.
Las ejecuciones de civiles por parte de militares son llamadas en Colombia «falsos positivos» y salieron a la luz pública en 2008 por el caso de unos jóvenes que murieron en operaciones del Ejército en el noreste del país.
La Fiscalía señaló en ese entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a buscar a jóvenes desempleados y drogadictos para ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate, con el objetivo de obtener condecoraciones y otros «premios», como días de descanso.
Según cifras oficiales, estos casos han dejado más de 3.000 víctimas en medio del conflicto armado que azota a Colombia y más de 1.600 investigaciones que involucran a casi 4.000 miembros de la fuerza pública.
De las pruebas de ADN realizadas a seis pequeños rescatados, cinco ya revelaron quiénes son sus padres.
El el video, el hombre identificado como el padre, toma a la pequeña y la lanza con violencia hacia un costado suyo, luego la golpea con su pie.
Según expedientes en poder de la revista Proceso, los detenidos fueron salvajemente torturados para sustentar versión de la PGR.