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Cristina eludió hablar sobre su imputación

La presidenta argentina, Cristina Fernández, eludió ayer por segundo día consecutivo referirse al pedido de imputación hecho el viernes por un fiscal. Más bien destacó su capacidad para aguantar situaciones adversas al frente del gobierno.

“Cuando se asombran de todo lo que tengo que aguantar les digo que aprendí en la Patagonia, con el viento, el frío, la nieve y el olvido”, expresó en un discurso en El Calafate, donde inauguró un hospital.

Fernández no se refirió al pedido de imputación que el viernes presentó en su contra el fiscal Edgardo Pollicita, por presuntamente intentar garantizar la impunidad de siete ciudadanos iraníes involucrados en el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y que causó 85 muertos.

Pollicita pidió al juez Daniel Rafecas imputar a Fernández, al canciller Timerman y a varios colaboradores por presunto “encubrimiento por favorecimiento personal agravado” y posible “impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El fiscal solicitó también unas 50 medidas de prueba, que incluyen allanamientos, exámenes de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales, para avanzar en la acusación contra Fernández, según informó ayer el diario Clarín.

Pollicita siguió la senda de investigación que había iniciado su colega Alberto Nisman, hallado muerto el pasado 18 de enero en su departamento de un balazo en la cabeza, lo que para el gobierno es una maniobra de “golpismo judicial”.

Los diarios de Santa Cruz, tierra natal del fallecido expresidente Néstor Kirchner, publicaron ayer un escrito en el que varios legisladores, dirigentes oficialistas e integrantes de la familia presidencial defendieron la gestión de la mandataria tras el pedido de imputación.

Según los firmantes, la jefa de Estado “y su equipo de gobierno” enfrentan un “cúmulo de maniobras desestabilizadoras de todo tipo”, entre ellas la “falsa imputación” de Pollicita.

Para el ministro de Economía, Axel Kicillof, “en un año electoral hay un apuro por sacar causas del sombrero” y “hay fiscales y jueces dispuestos a hacer el juego de enlodar ante la sociedad a los funcionarios del gobierno, más allá de que estos juicios por ahí llevan años y no se resuelven nunca, pero generan títulos de diarios”. “Yo también tengo denuncias penales en contra, tal vez me llamen y me imputen”, dijo. (I)

Somos más importantes que los reflectores, somos más importantes que las cámaras, que lo que pueda decir un diario”.
Cristina Fernández,
Presidenta de Argentina.

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Único imputado por caso Nisman se dice inocente y pide llamar a Cristina como testigo

Once días después de su muerte, los restos del fiscal argentino Alberto Nisman serán velados en la intimidad este miércoles, mientras Diego Lagomarsino, el único imputado por prestar el arma quiere que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declare como testigo en este caso.

«No estoy bien», dijo Lagomarsino, tenso y nervioso, al comenzar su primera conferencia de prensa en Buenos Aires, acompañado de su abogado, para detallar sus últimos contactos con el fiscal en la víspera del domingo 18 de enero, cuando apareció muerto.

El experto en informática contó que Nisman le pidió el arma diciéndole: «Ya no confío ni siquiera en la custodia». «Me dijo que no iba a usar el arma» y que como fiscal tenía permiso de portación de armas, agregó Lagomarsino.

La transferencia de un arma de fuego a una persona sin el permiso específico para su uso es penado en Argentina con entre uno y seis años de prisión. Lagomarsino entregó el sábado una Bersa calibre 22 a Nisman, quien no contaba con licencia para usar ese modelo.

Lagomarsino, un técnico en informática, es la última persona que vio al fiscal con vida y tiene prohíbida la salida del país.

Maximiliano Rusconi, abogado de Lagomarsino, calificó como «sorprendente la evocación en el mensaje presidencial que él (Lagomarsino) había iniciado el trámite para tener el pasaporte el 14 de enero».

En esa fecha, Nisman hizo la denuncia de encubrimiento a acusados iraníes en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos, contra la presidenta Kirchner y el canciller Héctor Timerman.

«Eso es falso de toda falsedad», dijo el letrado al sostener que Lagomarsino solicitó la renovación del pasaporte en diciembre de 2014 y que le dieron esa fecha de trámite.

«Me sorprende escuchar hipótesis y opiniones de alguien que tienen la mayor responsabilidad institucional del país», dijo el abogado, quien defendió al expresidente Carlo Menem (1989-99) en una causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

«No es sano en un sistema de justicia. Eso es nocivo. Si la información que tiene (la Presidenta) puede sustentar esas hipótesis debe brindarlas en una declaracion testimonial bajo juramento», reclamó Rusconi.

Cristina y su secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, divulgaron información personal de Lagomarsino, mencionando mensajes contra el gobierno en su cuenta Twitter, hasta los vínculos profesionales de su hermano con el grupo de medios Clarín que mantiene un abierto enfrentamiento con el kirchnerismo.

Sepelio

Los cruces de versiones e hipótesis están a la orden del día por este caso que se ha convertido en un policial en entregas para los argentinos y que no cesaba este miércoles, cuando la familia de Nisman iniciará su funeral en la más estricta intimidad.

El expediente está caratulado como ‘muerte dudosa’ y no se descarta que se trate de un suicidio, un suicidio inducido o un asesinato, según la fiscal del caso, Viviana Fein.

El jueves en la mañana Nisman será enterrado en un cementerio israelita en las afueras de Buenos Aires.

«El cuerpo será entregado hoy (miércoles) a sus familiares y será trasladado a la AMIA, donde se realizará el lavado ritual del cuerpo de acuerdo a lo establecido por las normas judías», indicó un comunicado de esa entidad, para luego ser llevado a la sala velatoria.

Líderes de la colectividad judía en Argentina, la mayor de América Latina con unas 300.000 personas, habían pedido que se declarara día de duelo nacional en coincidencia con el sepelio. (I)

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Gobierno, justicia y ciudadanos piden aclarar muerte de fiscal de Argentina Alberto Nisman

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusó el miércoles pasado a la presidenta argentina de encubrir a Irán en la causa por el atentado antisemita de 1994, Cristina Fernández, jueces y ciudadanía reclaman aclarar un fallecimiento investigado como suicido o «instigación al suicidio».

El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta.

Antes, la Presidencia anunció la desclasificación de información de Inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, solicitada la semana pasada por Nisman.

Grupos de oposición convocaron a miles de personas en varias ciudades del país, especialmente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, que con el lema «Yo soy Nisman», pidieron justicia y «fin a la impunidad K» (K, en referencia al gobierno Kirchner).

Cacerolazos y bocinazos de autos se escucharon en otros barrios de la capital, casi a la misma hora en que Kirchner divulgó una larga carta en Facebook y Twitter, las redes donde corrieron cadenas y hashtag durante la jornada llamándola #CFKasesina, entre otros insultos.

«AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes», tituló Kirchner en una carta crítica al fiscal Nisman.

«No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal», dijo en referencia a la causa por el ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos y lleva 20 años sin esclarecerse.

Desclasificación de información

La Presidenta argentina se preguntó quién «ordenó» a Nisman interrumpir sus vacaciones en España y presentar una denuncia de 350 hojas -«¿su escrito?»-, que tal vez «debía tener preparadas con anterioridad» o «tal vez alguien se las dio cuando volvió».

Así como el gobierno ordenó desclasificar material que pedía el fiscal difunto, el juez Ariel Lijo, que recibió la denuncia de Nisman, también dispuso medidas urgentes para preservar las escuchas telefónicas en las que se basa el pedido de indagatoria de Kirchner.

La semana pasada, cuando la denuncia de Nisman sorprendió a los medios y enojó al gobierno, se indicó que Lijo estaba de vacaciones hasta febrero y su reemplazante, la jueza María Servini de Cubría, consideró no tomaría el caso.

Lijo dispuso «medidas urgentes» para incautar más de 300 discos compactos con las grabaciones telefónicas obtenidas con la intervención de líneas telefónicas de un ciudadano iraní y hombres cercanos al gobierno.

Las organizaciones judías AMIA y la DAIA convocaron a un acto para el miércoles en Buenos Aires al que invitan a todas la ciudadanía bajo el lema «verdad y justicia».

El gobierno insistió en que se trató de un suicidio, aunque dirigentes oficialistas y de oposición también hablaron de un «suicidio inducido».

El diputado oficialista Andrés Larroque, que está imputado en la causa, dijo que hay que investigar «quien empujó al fiscal a esta decisión».

La fiscal que lleva la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, dijo que «se podría hablar de un suicidio».

«El cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa» y aclaró que resta el examen toxicológico del cuerpo.

«La causa está caratulada como muerte dudosa», afirmó la fiscal, que también informó que «el arma que se encontró con él no era propiedad del fiscal Nisman, era de un colaborador, lo estamos corroborando».

La firma en enero de 2013 de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como «inconstitucional» por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, la mayor de América Latina.

El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.

Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de «encubrimiento agravado» de la llamada «conexión local», que dio la logística para perpetrar el atentado. (I)

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El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta.

Antes, la Presidencia anunció la desclasificación de información de Inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, solicitada la semana pasada por Nisman.

Grupos de oposición convocaron a miles de personas en varias ciudades del país, especialmente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, que con el lema «Yo soy Nisman», pidieron justicia y «fin a la impunidad K» (K, en referencia al gobierno Kirchner).

Cacerolazos y bocinazos de autos se escucharon en otros barrios de la capital, casi a la misma hora en que Kirchner divulgó una larga carta en Facebook y Twitter, las redes donde corrieron cadenas y hashtag durante la jornada llamándola #CFKasesina, entre otros insultos.

«AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes», tituló Kirchner en una carta crítica al fiscal Nisman.

«No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal», dijo en referencia a la causa por el ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos y lleva 20 años sin esclarecerse.

Desclasificación de información

La Presidenta argentina se preguntó quién «ordenó» a Nisman interrumpir sus vacaciones en España y presentar una denuncia de 350 hojas -«¿su escrito?»-, que tal vez «debía tener preparadas con anterioridad» o «tal vez alguien se las dio cuando volvió».

Así como el gobierno ordenó desclasificar material que pedía el fiscal difunto, el juez Ariel Lijo, que recibió la denuncia de Nisman, también dispuso medidas urgentes para preservar las escuchas telefónicas en las que se basa el pedido de indagatoria de Kirchner.

La semana pasada, cuando la denuncia de Nisman sorprendió a los medios y enojó al gobierno, se indicó que Lijo estaba de vacaciones hasta febrero y su reemplazante, la jueza María Servini de Cubría, consideró no tomaría el caso.

Lijo dispuso «medidas urgentes» para incautar más de 300 discos compactos con las grabaciones telefónicas obtenidas con la intervención de líneas telefónicas de un ciudadano iraní y hombres cercanos al gobierno.

Las organizaciones judías AMIA y la DAIA convocaron a un acto para el miércoles en Buenos Aires al que invitan a todas la ciudadanía bajo el lema «verdad y justicia».

El gobierno insistió en que se trató de un suicidio, aunque dirigentes oficialistas y de oposición también hablaron de un «suicidio inducido».

El diputado oficialista Andrés Larroque, que está imputado en la causa, dijo que hay que investigar «quien empujó al fiscal a esta decisión».

La fiscal que lleva la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, dijo que «se podría hablar de un suicidio».

«El cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa» y aclaró que resta el examen toxicológico del cuerpo.

«La causa está caratulada como muerte dudosa», afirmó la fiscal, que también informó que «el arma que se encontró con él no era propiedad del fiscal Nisman, era de un colaborador, lo estamos corroborando».

La firma en enero de 2013 de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como «inconstitucional» por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, la mayor de América Latina.

El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.

Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de «encubrimiento agravado» de la llamada «conexión local», que dio la logística para perpetrar el atentado. (I)

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