Los cinco procesos judiciales que involucran a Lula en Brasil

Los cinco procesos judiciales que involucran a Lula en Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los políticos latinoamericanos

Romario: Nuevo presidente de la CBF es "un cáncer"

El exfutbolista y actual senador brasileño Romario dijo este jueves que el flamante presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Marco Polo Del Nero, es «un cáncer».
«No se puede esperar nada de estos tipos de la CBF. El nuevo presidente es un cáncer. Sale uno malo (por el ahora expresidente Jose Maria Marin) y entra uno pésimo», dijo el político del Partido Socialista Brasileño (PSB).

"No hay razones jurídicas" para enjuiciar a Dilma Rousseff, según Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reiteró este martes que «no hay razones jurídicas» para iniciar un juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, como exigieron algunos grupos que protestaron este domingo contra el Gobierno.

«Para un proceso de destitución es necesario tener fundamentos jurídicos, no políticos», declaró a los periodistas el presidente de la Cámara de Diputados, organismo responsable por tramitar cualquier pedido de esa naturaleza.

Según Cunha, las razones jurídicas necesarias para dar cabida a un proceso de destitución «no existen», por lo que toda solicitud en ese sentido será rechazada por la Cámara de Diputados.

El pasado domingo unas 700.000 personas tomaron las calles de unas 150 ciudades de todo el país para protestar por la delicada situación económica y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que salpican al Gobierno y al Partido de los Trabajadores (PT), en el poder.

Las protestas tuvieron menos intensidad que las convocadas el 15 de marzo pasado, cuando las autoridades calcularon que movilizaron a cerca de dos millones de personas.

Tanto en la primera como en la segunda jornada de protestas hubo grupos que demandaron el inicio de un juicio político contra Rousseff.

Una encuesta divulgada el pasado sábado por la firma Datafolha indicó que la tasa de aprobación del Gobierno de Rousseff, quien el 1 de enero pasado inició su segundo mandato, se sitúa en un escaso 13 %.

El sondeo también señaló que el 75 % de las personas consultadas aprueba las manifestaciones y que un 63 % apoyaría la apertura de un juicio político contra Rousseff, por su supuesta responsabilidad en las corruptelas que se investigan en Petrobras. (I)

Miles de brasileños protestan contra el gobierno de Dilma Rousseff

Miles de brasileños salieron a las calles en diversas ciudades de Brasil exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff.

Veja vincula a exasesora de Rousseff en denuncia Dilma Rousseff

El nuevo escándalo de corrupción que sacude a Brasil y que superaría las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras, involucra a una exministra de Luiz Inácio Lula da Silva y exasesora cercana a la presidenta Dilma Rousseff.

Se trata de la abogada Erenice Guerra, quien fuera jefa del gabinete civil durante el gobierno de Lula y exasesora de la jefa de Estado cuando dirigía el Ministerio de Minas y Energía.

Los presuntos nexos de Guerra con este último escándalo fueron reportados por la revista semanal Veja el fin de semana.

La sospecha es que Guerra integró una red que operó años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda.

La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan las multas impuestas a grandes contribuyentes.

La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual esta se comprometió a prestar “servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal”.

Para cumplir el acuerdo, Guerra se habría asociado secretamente con el abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero del 2014 y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal que habría perjudicado al fisco con cerca de $ 227,6 millones. (I)

Estadios mundialistas de Brasil son puestos a la venta por problemas financieros

El estadio de Natal donde se disputaron partidos del Mundial de fútbol está a la venta debido a que la compañía propietaria tiene problemas de dinero tras un escándalo de corrupción.
El Grupo OAS está vendiendo el estadio Dunas de Natal y además puso a la venta su participación del 50 por ciento en el estadio Fonte Nova de Salvador.
La compañía ha tenido problemas durante meses por el impacto de una investigación de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, que debilitó el acceso de la empresa constructora a financiamiento.

Soborno se pagó frente a partido de Alberto Youssef

El empresario Alberto Youssef, uno de los principales implicados en las corruptelas en la petrolera brasileña Petrobras, confesó ayer que ordenó el pago de un soborno al tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, frente a la sede de esa formación.

En un testimonio que presentó ayer ante la justicia y cuya grabación fue divulgada por la Fiscalía, Youssef dijo haberle enviado 800.000 reales (unos 250.000 dólares) a Vaccari, como parte de los recursos desviados de Petrobras.

El empresario, que ha confesado que distribuía parte del dinero desviado, dijo que la mitad de los recursos destinados al PT la entregó un emisario suyo en Sao Paulo frente a la sede de ese partido, al que pertenecen la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ayer otra constructora investigada por el caso Petrobras solicitó protección judicial contra la bancarrota y puso a la venta las concesiones de dos estadios del Mundial-2014. OAS está acusada de formar parte de las empresas que pagaban sobornos a directivos de Petrobras y a políticos a cambio de contratos en la petrolera.

En tanto, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, reiteró que el sistema político nacional es una de las “puertas de entrada” para la corrupción e insistió en que se debata una reforma política. (I)

Presidentas de Brasil y Chile ven bajar su aceptación

Del escándalo político a la investigación judicial. Financiamiento ilegal a campañas electorales, evasión tributaria, tráfico de influencias y uso de información privilegiada son, entre otros, los presuntos delitos que indaga la justicia chilena y que ha puesto bajo sospecha a parlamentarios, excandidatos y hasta el hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

En medio de las graves denuncias que han afectado la popularidad de la mandataria chilena, hasta llegar al 30%, ha anunciado nuevas medidas anticorrupción orientadas a la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.

Una salida que ha adoptado recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff, quien también enfrenta un bajón en su popularidad (10,8 %) por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras, que se develó hace un año, en el que están bajo investigación 103 personas, 51 de ellas funcionarios públicos en su mayoría del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Bachelet y Rousseff, líderes políticas de izquierda que se han sumado a los gobiernos de la región con tendencia al socialismo del siglo XXI, enfrentan hoy en sus segundos mandatos unos mínimos históricos de apoyo en medio de una profunda crisis política.

Ambas prometen transparencia en los procesos judiciales. Anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción son parte de las medidas anunciadas por Rousseff después de la masiva protesta del 15 de este mes. Bachelet, quien enfrenta elecciones municipales en el 2016, descartó cualquier intento por bloquear las investigaciones. Creó un consejo asesor para que elabore una propuesta de ley que regule mejor la relación entre política y negocios.

En Chile, la mañana del 7 de marzo en medios y redes sociales se había instalado un intenso debate sobre la capacidad de la justicia chilena frente al poder. Por radio y televisión se retransmitió la resolución del juez Juan Escobar en el caso Penta (nombre de la empresa bajo investigación), el mayor escándalo de corrupción del país.

Un caso que comenzó hace más de dos años con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.

Durante la transmisión de la audiencia el juez ordenó la prisión preventiva de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo chileno Penta, y otros cuatro implicados por los presuntos delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.

Délano y Lavín han admitido el financiamiento irregular de candidaturas políticas vinculadas, la mayoría, a la derecha chilena. Para muchos la decisión judicial es un golpe inédito a la clase empresarial y a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido -según la fiscalía- más beneficiado de estos aportes ilegales en campañas electorales.

Un impacto que se suma al caso Caval o llamado por la prensa como “Nueragate”, en el que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, y a su esposa, Natalia Compagnon, quienes enfrentan acusaciones por “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias”, después de que concretaran un negocio millonario de especulación inmobiliaria.

Las revelaciones y detalles de ambos casos, que se han dado a conocer a través de la prensa, han causado indignación en varios sectores de la sociedad chilena que el 16 de este mes salió a las calles para reclamar por reformas en la educación, pero también por una Asamblea Constituyente que permita reformar la Constitución y sepulte la de Augusto Pinochet (1980). Para hoy se anuncian nuevas marchas convocadas a través de las redes sociales. Mientras que en Brasil, en medio del escándalo de Petrobras, la Policía Federal desmanteló una red que habría desfalcado con 6.000 millones de dólares al fisco. (I)

Respaldo al gobierno de Dilma Rousseff cae al 10,8%, según encuesta

El apoyo al gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cayó a un mínimo de 10,8%, reveló este lunes un sondeo de la firma MDA bajo encargo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT).

Estos niveles representan una caída de 30 puntos en referencia a la última encuesta de la CNT difundida en septiembre de 2014 (41%), antes de las elecciones en las que Rousseff resultó electa por un estrecho margen frente al opositor Aecio Neves.

La popularidad de Rousseff, que inició su segundo mandato en enero, ha venido desmoronándose en medio de masivas manifestaciones contra el gobierno. La última y más multitudinaria reunió a 1,7 millones de personas en varias ciudades del país el domingo 15 de marzo.

La encuestadora Datafolha ubicó el respaldo a Rousseff en 13% recientemente, casi dos puntos más que el resultado del sondeo de CNT.

Según la encuesta de CNT, el rechazo se ubicó por su parte en 64,8%, en la peor evaluación de un gobierno desde octubre de 1999 (8%) durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), indicó el organismo en un comunicado.

Las convocatorias a las protestas del 15 de marzo, que tuvieron mayor respuesta en Sao Paulo, fueron en rechazo al escándalo de corrupción en Petrobras, la deteriorada situación económica e incluso para que algunos grupos pidieran la salida de la mandataria izquierdista del poder.

De acuerdo al sondeo de este lunes, 59,7% de los brasileños apoyaría el impeachment (destitución) de Rousseff, mientras que 34,7% se mostró en contra.

Por otra parte, un 68,9% considera que Rousseff es responsable en el escándalo de corrupción en Petrobras, según el cual grandes empresas constructoras habrían pagado millonarios sobornos para ganar contratos en la estatal. Según las autoridades, la red ilícita movió 4.000 millones de dólares en una década.

Un 67,9% involucra igualmente al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) en la trama, que habría operado ya desde sus primeros años de gobierno.

La encuesta mostró igualmente pesimismo sobre la economía del país: 37% cree que aumentará el desempleo y 49% que la renta va a disminuir. Rousseff ha propuesto un plan para ordenar las cuentas públicas, controlar la inflación y retomar el crecimiento. Pero 66,9% considera que estas medidas no serán suficientes para revertir la crisis.

El sondeo se realizó entre el 16 y 19 de marzo con 2.002 personas en 137 municipios de todo el país. El margen de error es de 2,2 puntos.(I)

Empresa denuncia nexo directo con ex ministro de Lula por caso Petrobras

Una de las constructoras contratistas de Petrobras acusó a José Dirceu, ex jefe de Gabinete del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de haber usado su empresa de consultoría para recibir dinero desviado de la petrolera estatal, informa hoy el diario «Folha de Sao Paulo».

La acusación fue hecha por el presidente de la empresa UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, que está preso. La compañía es una de las 16 constructoras que, se presume, formaron un cartel con el fin de cometer fraudes en las licitaciones del ente estatal.

Los pagos hechos a Dirceu correspondían al dos por ciento del valor de los contratos que UTC firmaba con Petrobras.

Dirceu, ex «hombre fuerte» de Lula, cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a diez años de cárcel por comandar una red de pago de sobornos mensuales a legisladores a cambio de que respaldaran al ejecutivo durante el primer gobierno de Lula.

Según los empresarios detenidos en el marco de las investigaciones del caso Petrobras, Dirceu se contactaba con ellos y ofrecía sus servicios sin mencionar la red ilegal, pero su oferta era interpretada como una forma de coacción.

Esto se desprende de las declaraciones hechas por un representante de la constructora Camargo Correa, sospechosa de integrar el llamado «club del millón». El ejecutivo dijo a los investigadores que la empresa decidió contratar los servicios de Dirceu por temor a que de no hacerlo sus negocios con Petrobras se vieran perjudicados.

Según informó la semana pasada el juez responsable del caso Petrobras, Sérgio Moro, Dirceu ganó como consultor 29,2 millones de reales (unos 8,84 millones de dólares) entre 2006 y 2013. Parte de ese periodo coincide con la actuación de la red de desvíos de fondos en Petrobras, que se extendió entre 2004 y 2012.

Basándose en un informe de la Recaudadora Federal, Moro constató que cerca de la tercera parte de los ingresos percibidos por Dirceu entraron en su cuenta entre 2012 y 2013, periodo en que el ex ministro y otros líderes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) estaban siendo juzgados por el Supremo Tribunal Federal a raíz del escándalo del «mensalao».

Existe además otro dato que vincula al ex «primer ministro» de Lula con los desvíos en Petrobras. Las constructoras investigadas pagaron en conjunto unos 9,5 millones de reales (unos 2,87 millones de dólares) a la consultoría de Dirceu durante el periodo en que la dirección de Servicios de la petrolera era comandada por Renato Duque, apuntado como «representante» del PT y la red ilegal.

Otros ex altos funcionarios del ente detenidos representaban a los dos principales aliados del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff: el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el derechista Partido Progresiste (PP). El dinero desviado se destinaba al pago de sobornos y a financiar a los partidos.

Duque fue detenido la semana pasada, por segunda vez en menos de seis meses, acusado de haber lavado dinero que obtuvo a través de los fraudes.

Varios altos ejecutivos de empresas contratistas detenidos firmaron acuerdos de delación premiada con el fin de obtener beneficios en sus respectivas condenas. Es el caso, entre otros, del presidente de Carmago Correa, Dalton Avancini, y del vicepresidente de Finanzas de esa empresa, Eduardo Leite.

Pessoa no llegó a ese tipo de acuerdo con los investigadores.

Se estima que durante el periodo investigado, la red desvió unos 3.700 millones de dólares de la empresa símbolo de Brasil. (I)