Los cinco procesos judiciales que involucran a Lula en Brasil

Los cinco procesos judiciales que involucran a Lula en Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los políticos latinoamericanos

Romario: Nuevo presidente de la CBF es "un cáncer"

El exfutbolista y actual senador brasileño Romario dijo este jueves que el flamante presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Marco Polo Del Nero, es «un cáncer».
«No se puede esperar nada de estos tipos de la CBF. El nuevo presidente es un cáncer. Sale uno malo (por el ahora expresidente Jose Maria Marin) y entra uno pésimo», dijo el político del Partido Socialista Brasileño (PSB).

"No hay razones jurídicas" para enjuiciar a Dilma Rousseff, según Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reiteró este martes que «no hay razones jurídicas» para iniciar un juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, como exigieron algunos grupos que protestaron este domingo contra el Gobierno.

«Para un proceso de destitución es necesario tener fundamentos jurídicos, no políticos», declaró a los periodistas el presidente de la Cámara de Diputados, organismo responsable por tramitar cualquier pedido de esa naturaleza.

Según Cunha, las razones jurídicas necesarias para dar cabida a un proceso de destitución «no existen», por lo que toda solicitud en ese sentido será rechazada por la Cámara de Diputados.

El pasado domingo unas 700.000 personas tomaron las calles de unas 150 ciudades de todo el país para protestar por la delicada situación económica y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que salpican al Gobierno y al Partido de los Trabajadores (PT), en el poder.

Las protestas tuvieron menos intensidad que las convocadas el 15 de marzo pasado, cuando las autoridades calcularon que movilizaron a cerca de dos millones de personas.

Tanto en la primera como en la segunda jornada de protestas hubo grupos que demandaron el inicio de un juicio político contra Rousseff.

Una encuesta divulgada el pasado sábado por la firma Datafolha indicó que la tasa de aprobación del Gobierno de Rousseff, quien el 1 de enero pasado inició su segundo mandato, se sitúa en un escaso 13 %.

El sondeo también señaló que el 75 % de las personas consultadas aprueba las manifestaciones y que un 63 % apoyaría la apertura de un juicio político contra Rousseff, por su supuesta responsabilidad en las corruptelas que se investigan en Petrobras. (I)

Miles de brasileños protestan contra el gobierno de Dilma Rousseff

Miles de brasileños salieron a las calles en diversas ciudades de Brasil exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff.

Veja vincula a exasesora de Rousseff en denuncia Dilma Rousseff

El nuevo escándalo de corrupción que sacude a Brasil y que superaría las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras, involucra a una exministra de Luiz Inácio Lula da Silva y exasesora cercana a la presidenta Dilma Rousseff.

Se trata de la abogada Erenice Guerra, quien fuera jefa del gabinete civil durante el gobierno de Lula y exasesora de la jefa de Estado cuando dirigía el Ministerio de Minas y Energía.

Los presuntos nexos de Guerra con este último escándalo fueron reportados por la revista semanal Veja el fin de semana.

La sospecha es que Guerra integró una red que operó años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda.

La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan las multas impuestas a grandes contribuyentes.

La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual esta se comprometió a prestar “servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal”.

Para cumplir el acuerdo, Guerra se habría asociado secretamente con el abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero del 2014 y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal que habría perjudicado al fisco con cerca de $ 227,6 millones. (I)

Estadios mundialistas de Brasil son puestos a la venta por problemas financieros

El estadio de Natal donde se disputaron partidos del Mundial de fútbol está a la venta debido a que la compañía propietaria tiene problemas de dinero tras un escándalo de corrupción.
El Grupo OAS está vendiendo el estadio Dunas de Natal y además puso a la venta su participación del 50 por ciento en el estadio Fonte Nova de Salvador.
La compañía ha tenido problemas durante meses por el impacto de una investigación de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, que debilitó el acceso de la empresa constructora a financiamiento.

Soborno se pagó frente a partido de Alberto Youssef

El empresario Alberto Youssef, uno de los principales implicados en las corruptelas en la petrolera brasileña Petrobras, confesó ayer que ordenó el pago de un soborno al tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, frente a la sede de esa formación.

En un testimonio que presentó ayer ante la justicia y cuya grabación fue divulgada por la Fiscalía, Youssef dijo haberle enviado 800.000 reales (unos 250.000 dólares) a Vaccari, como parte de los recursos desviados de Petrobras.

El empresario, que ha confesado que distribuía parte del dinero desviado, dijo que la mitad de los recursos destinados al PT la entregó un emisario suyo en Sao Paulo frente a la sede de ese partido, al que pertenecen la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ayer otra constructora investigada por el caso Petrobras solicitó protección judicial contra la bancarrota y puso a la venta las concesiones de dos estadios del Mundial-2014. OAS está acusada de formar parte de las empresas que pagaban sobornos a directivos de Petrobras y a políticos a cambio de contratos en la petrolera.

En tanto, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, reiteró que el sistema político nacional es una de las “puertas de entrada” para la corrupción e insistió en que se debata una reforma política. (I)

Presidentas de Brasil y Chile ven bajar su aceptación

Del escándalo político a la investigación judicial. Financiamiento ilegal a campañas electorales, evasión tributaria, tráfico de influencias y uso de información privilegiada son, entre otros, los presuntos delitos que indaga la justicia chilena y que ha puesto bajo sospecha a parlamentarios, excandidatos y hasta el hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

En medio de las graves denuncias que han afectado la popularidad de la mandataria chilena, hasta llegar al 30%, ha anunciado nuevas medidas anticorrupción orientadas a la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.

Una salida que ha adoptado recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff, quien también enfrenta un bajón en su popularidad (10,8 %) por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras, que se develó hace un año, en el que están bajo investigación 103 personas, 51 de ellas funcionarios públicos en su mayoría del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Bachelet y Rousseff, líderes políticas de izquierda que se han sumado a los gobiernos de la región con tendencia al socialismo del siglo XXI, enfrentan hoy en sus segundos mandatos unos mínimos históricos de apoyo en medio de una profunda crisis política.

Ambas prometen transparencia en los procesos judiciales. Anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción son parte de las medidas anunciadas por Rousseff después de la masiva protesta del 15 de este mes. Bachelet, quien enfrenta elecciones municipales en el 2016, descartó cualquier intento por bloquear las investigaciones. Creó un consejo asesor para que elabore una propuesta de ley que regule mejor la relación entre política y negocios.

En Chile, la mañana del 7 de marzo en medios y redes sociales se había instalado un intenso debate sobre la capacidad de la justicia chilena frente al poder. Por radio y televisión se retransmitió la resolución del juez Juan Escobar en el caso Penta (nombre de la empresa bajo investigación), el mayor escándalo de corrupción del país.

Un caso que comenzó hace más de dos años con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.

Durante la transmisión de la audiencia el juez ordenó la prisión preventiva de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo chileno Penta, y otros cuatro implicados por los presuntos delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.

Délano y Lavín han admitido el financiamiento irregular de candidaturas políticas vinculadas, la mayoría, a la derecha chilena. Para muchos la decisión judicial es un golpe inédito a la clase empresarial y a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido -según la fiscalía- más beneficiado de estos aportes ilegales en campañas electorales.

Un impacto que se suma al caso Caval o llamado por la prensa como “Nueragate”, en el que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, y a su esposa, Natalia Compagnon, quienes enfrentan acusaciones por “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias”, después de que concretaran un negocio millonario de especulación inmobiliaria.

Las revelaciones y detalles de ambos casos, que se han dado a conocer a través de la prensa, han causado indignación en varios sectores de la sociedad chilena que el 16 de este mes salió a las calles para reclamar por reformas en la educación, pero también por una Asamblea Constituyente que permita reformar la Constitución y sepulte la de Augusto Pinochet (1980). Para hoy se anuncian nuevas marchas convocadas a través de las redes sociales. Mientras que en Brasil, en medio del escándalo de Petrobras, la Policía Federal desmanteló una red que habría desfalcado con 6.000 millones de dólares al fisco. (I)

Respaldo al gobierno de Dilma Rousseff cae al 10,8%, según encuesta

El apoyo al gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cayó a un mínimo de 10,8%, reveló este lunes un sondeo de la firma MDA bajo encargo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT).

Estos niveles representan una caída de 30 puntos en referencia a la última encuesta de la CNT difundida en septiembre de 2014 (41%), antes de las elecciones en las que Rousseff resultó electa por un estrecho margen frente al opositor Aecio Neves.

La popularidad de Rousseff, que inició su segundo mandato en enero, ha venido desmoronándose en medio de masivas manifestaciones contra el gobierno. La última y más multitudinaria reunió a 1,7 millones de personas en varias ciudades del país el domingo 15 de marzo.

La encuestadora Datafolha ubicó el respaldo a Rousseff en 13% recientemente, casi dos puntos más que el resultado del sondeo de CNT.

Según la encuesta de CNT, el rechazo se ubicó por su parte en 64,8%, en la peor evaluación de un gobierno desde octubre de 1999 (8%) durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), indicó el organismo en un comunicado.

Las convocatorias a las protestas del 15 de marzo, que tuvieron mayor respuesta en Sao Paulo, fueron en rechazo al escándalo de corrupción en Petrobras, la deteriorada situación económica e incluso para que algunos grupos pidieran la salida de la mandataria izquierdista del poder.

De acuerdo al sondeo de este lunes, 59,7% de los brasileños apoyaría el impeachment (destitución) de Rousseff, mientras que 34,7% se mostró en contra.

Por otra parte, un 68,9% considera que Rousseff es responsable en el escándalo de corrupción en Petrobras, según el cual grandes empresas constructoras habrían pagado millonarios sobornos para ganar contratos en la estatal. Según las autoridades, la red ilícita movió 4.000 millones de dólares en una década.

Un 67,9% involucra igualmente al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) en la trama, que habría operado ya desde sus primeros años de gobierno.

La encuesta mostró igualmente pesimismo sobre la economía del país: 37% cree que aumentará el desempleo y 49% que la renta va a disminuir. Rousseff ha propuesto un plan para ordenar las cuentas públicas, controlar la inflación y retomar el crecimiento. Pero 66,9% considera que estas medidas no serán suficientes para revertir la crisis.

El sondeo se realizó entre el 16 y 19 de marzo con 2.002 personas en 137 municipios de todo el país. El margen de error es de 2,2 puntos.(I)

Empresa denuncia nexo directo con ex ministro de Lula por caso Petrobras

Una de las constructoras contratistas de Petrobras acusó a José Dirceu, ex jefe de Gabinete del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de haber usado su empresa de consultoría para recibir dinero desviado de la petrolera estatal, informa hoy el diario «Folha de Sao Paulo».

La acusación fue hecha por el presidente de la empresa UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, que está preso. La compañía es una de las 16 constructoras que, se presume, formaron un cartel con el fin de cometer fraudes en las licitaciones del ente estatal.

Los pagos hechos a Dirceu correspondían al dos por ciento del valor de los contratos que UTC firmaba con Petrobras.

Dirceu, ex «hombre fuerte» de Lula, cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a diez años de cárcel por comandar una red de pago de sobornos mensuales a legisladores a cambio de que respaldaran al ejecutivo durante el primer gobierno de Lula.

Según los empresarios detenidos en el marco de las investigaciones del caso Petrobras, Dirceu se contactaba con ellos y ofrecía sus servicios sin mencionar la red ilegal, pero su oferta era interpretada como una forma de coacción.

Esto se desprende de las declaraciones hechas por un representante de la constructora Camargo Correa, sospechosa de integrar el llamado «club del millón». El ejecutivo dijo a los investigadores que la empresa decidió contratar los servicios de Dirceu por temor a que de no hacerlo sus negocios con Petrobras se vieran perjudicados.

Según informó la semana pasada el juez responsable del caso Petrobras, Sérgio Moro, Dirceu ganó como consultor 29,2 millones de reales (unos 8,84 millones de dólares) entre 2006 y 2013. Parte de ese periodo coincide con la actuación de la red de desvíos de fondos en Petrobras, que se extendió entre 2004 y 2012.

Basándose en un informe de la Recaudadora Federal, Moro constató que cerca de la tercera parte de los ingresos percibidos por Dirceu entraron en su cuenta entre 2012 y 2013, periodo en que el ex ministro y otros líderes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) estaban siendo juzgados por el Supremo Tribunal Federal a raíz del escándalo del «mensalao».

Existe además otro dato que vincula al ex «primer ministro» de Lula con los desvíos en Petrobras. Las constructoras investigadas pagaron en conjunto unos 9,5 millones de reales (unos 2,87 millones de dólares) a la consultoría de Dirceu durante el periodo en que la dirección de Servicios de la petrolera era comandada por Renato Duque, apuntado como «representante» del PT y la red ilegal.

Otros ex altos funcionarios del ente detenidos representaban a los dos principales aliados del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff: el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el derechista Partido Progresiste (PP). El dinero desviado se destinaba al pago de sobornos y a financiar a los partidos.

Duque fue detenido la semana pasada, por segunda vez en menos de seis meses, acusado de haber lavado dinero que obtuvo a través de los fraudes.

Varios altos ejecutivos de empresas contratistas detenidos firmaron acuerdos de delación premiada con el fin de obtener beneficios en sus respectivas condenas. Es el caso, entre otros, del presidente de Carmago Correa, Dalton Avancini, y del vicepresidente de Finanzas de esa empresa, Eduardo Leite.

Pessoa no llegó a ese tipo de acuerdo con los investigadores.

Se estima que durante el periodo investigado, la red desvió unos 3.700 millones de dólares de la empresa símbolo de Brasil. (I)

El reclamo popular que pone en jaque a Dilma Rousseff

La lista es larga. Ciento tres implicados, entre ellos 51 funcionarios públicos –la mayoría oficialistas–, están bajo investigación dentro del enorme esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, que sigue, un año después, revelando más involucrados e indignando a la población en Brasil.

Un escándalo que a los tres meses de su segundo mandato cobra factura a la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta, según encuestas, el desplome de su popularidad (13%), un alto rechazo a su gestión (64%) y un pedido, que se escuchó en las manifestaciones del domingo pasado, de juicio político en el Congreso para su destitución.

Un reclamo que se dio el mismo día en que se cumplían en Brasil 30 años de retorno de la democracia. Cerca de 1,7 millones de ciudadanos reclamó por la corrupción en Petrobras y el deterioro de la economía.

También en este mes la jefa de Estado ha soportado abucheos en su propia cara cuando ingresaba a un foro empresarial en Sao Paulo y cacerolazos, primero, durante su discurso por el Día de la Mujer y, segundo, cuando dos de sus ministros decían que el combate a la corrupción ha sido “siempre” una prioridad del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

La caída de la popularidad de la mandataria de izquierda es considerada, por varios analistas, como la peor para un jefe de Estado brasileño desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue sometido a un juicio político por corrupción y renunció.

Lejos del vigor de hace unos años, cuando Brasil sorprendía al mundo con alto crecimiento, la economía hoy está estancada, hay déficit fiscal (equivalente al 0,63% del producto interno bruto, PIB), inflación elevada (7,7% en 12 meses) y el real (moneda oficial) se ha devaluado 30% en 12 meses.

En un intento por recuperar el apoyo a su debilitada gestión, un día después de la masiva marcha, el gobierno anunció que estaba abierto al diálogo con las diferentes posturas.

El martes pasado, al cumplirse un año del destape del escándalo de Petrobras, salió a la luz otro caso de corrupción que involucra al segundo mayor banco estatal, Caixa Económica Federal, en un desvío de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares). Además, la fiscalía ordenó nuevas detenciones en el caso Petrobras y se vinculó al exdirector Roberto Duque y al tesorero del PT, Joao Vaccari.

Frente a ello, la reacción del gobierno fue lanzar una serie de medidas anticorrupción que tipifican, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.

El objetivo de Rousseff es recuperar la confianza como la que tenía el día de su posesión, el 1 de enero de este año, cuando destacó entre sus promesas el aplicar un ajuste fiscal sin gasto social para enderezar la debilitada economía. Pero en la actualidad ha causado disgusto a parte de la izquierda.

La retirada de incentivos tributarios, una de las medidas del paquete de ajuste, fue rechazada por el Congreso, mientras que otras decisiones, como alterar beneficios sociales, entre ellos el plazo del seguro de desempleo, están en vigor, pero son resistidas por los sindicatos, incluso los aliados al PT.

El ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, advierte la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y eliminar cambios que habían sido hechos en la época de la crisis mundial, como beneficios fiscales a empresas a cambio de mantener las fuentes de trabajo, entre otros.

Además, comparte con Rousseff la idea de que parte de la crisis económica por la que atraviesa Brasil está relacionada con factores externos como la reducción de políticas de incentivo económico que aplicaron dos de los mayores socios comerciales, China y EE.UU.

El Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), que a pesar de sus críticas apoyó en las elecciones de octubre al PT, considera que el ajuste ya ha afectado planes sociales y compromete el lanzamiento de la tercera fase del programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (Mi casa, mi vida), que ha beneficiado en los doce años que el PT está en el poder –según cifras oficiales– a 6,8 millones de brasileños de escasos recursos. Uno de los principales aliados del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro), que preside ambas cámaras, ya mostró los dientes a la mandataria. Lidera una suerte de rebelión que incluye la creación de una comisión legislativa para investigar el fraude en la petrolera (cuya red habría desviado unos 3.700 millones de dólares de la estatal entre 2004 y 2012) y el rechazo en el Senado de las medidas de ajuste fiscal muy buscadas por el gobierno para reencauzar las abultadas cuentas públicas.

La renuncia del ministro de Educación, Cid Gomes, del minúsculo Partido Republicano del Orden Social (PROS), generó la declaración de su vicepresidente de una posible reforma de gobierno, lo que ella desmintió. “No la hay”, dijo enfáticamente al señalar que esto no resolvería los problemas.(I)

62
Por ciento de los brasileños rechaza la gestión de la mandataria, según la encuesta del instituto privado Datafolha.

16
Por ciento de los entrevistados por Datafolha, tres días después de las protestas, calificó buena o excelente la gestión de Rousseff

Salida de ministro deteriora pacto de Dilma Rousseff con PMDB

En medio de la crisis económica, de las protestas masivas contra su gobierno y de la fuerte caída de su popularidad, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se enfrenta hoy a un problema más: el deterioro de las relaciones con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Según los analistas, Rousseff estudia realizar una reforma de gabinete para ampliar la presencia en su gobierno del PMDB, que es el principal socio de su Partido de los Trabajadores (PT) en la coalición gubernamental y así intentar recuperar el apoyo de la agrupación centrista.

La posibilidad de una reforma de gobierno solo tres meses después de la investidura de Rousseff en su segundo mandato fue admitida por primera vez anoche por el vicepresidente Michel Temer –también del PMDB–, en una entrevista al canal GloboNews.

No obstante, la propia Rousseff desmintió ayer a su vicepresidente, al asegurar que una reforma de gobierno no está en sus planes inmediatos.

“No hay reforma de gobierno. Es inútil decir que la hay, porque no la hay”, sostuvo la mandataria, quien agregó que cambiar la formación de su gabinete “no es una panacea” y “no resuelve los problemas”.

Los “problemas” de Rousseff se agudizaron este miércoles, cuando el nuevo ministro de Educación, Cid Gomes, debió renunciar al cargo poco después de protagonizar roces con el poderoso presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, uno de los principales exponentes del PMDB.

En declaraciones ante los diputados, Gomes sostuvo que parte de los legisladores oficialistas “extorsionan” al gobierno para obtener más cargos y recursos.

“Los partidos opositores tienen el deber de hacer oposición. (Pero) partidos oficialistas tienen el deber de ser oficialistas. Si no, deben salir del gobierno”, aclaró el exministro.

Además, acusó directamente a Cunha de ser uno de los diputados que “extorsionan” al gobierno y se refirió en términos duros al PMDB, aunque sin nombrar al partido.

Según los analistas políticos, el caso de la dimisión de Gomes revela el creciente poder de Eduardo Cunha, quien llegó a la presidencia de la Cámara Baja en febrero, derrotando por amplio margen al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, Arlindo Chinaglia.(I)

Petrobras
Escándalo

No declaró
El exdirector de Petrobras Renato Duque, compareció ayer ante un grupo parlamentario que investiga el caso y optó por no declarar, aunque advirtió de que “llegará la hora de hablar”.

Corrupción superable
El juez brasileño Sergio Moro, a cargo de la investigación por el escándalo en Petrobras, afirmó que la corrupción es un problema que puede ser superado por el sistema político e institucional de Brasil.

Policía vincula banco brasileño con millonario desvío de dinero

Un nuevo escándalo de corrupción estalló ayer en Brasil con una estafa millonaria en la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público, justamente al cumplirse un año de la investigación del caso Petrobras, eje de la crisis política del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff.

La policía desarticuló ayer una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de Caixa Económica Federal, lo que aumentó la presión sobre el gobierno en el combate a la corrupción.

Según las investigaciones, con la complicidad presuntamente de gerentes y funcionarios del banco y presentando documentos falsos, la banda conseguía obtener en tiempo récord préstamos por hasta un millón de reales (unos 312.500 dólares) para adquirir viviendas inexistentes o por un valor en 1.000 % superior al real.

Ayer 133 agentes se movilizaron en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres mayores estados de Brasil, para desmontar la organización.

El juez responsable de la investigación dictó 34 órdenes para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 órdenes para separar a funcionarios públicos de sus cargos. También se dictaron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes.

Los fraudes estaban concentrados en tres agencias del banco público y facilitaban los préstamos para viviendas en un área turística con conocidos balnearios en el estado de Río de Janeiro, conocida como Región de los Lagos.

La operación para desmontar la red enquistada presuntamente en la entidad coincide con el primer aniversario de la bautizada como operación Lava Jato, la cual desenmascara desde hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera estatal Petrobras, de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos.

La corrupción ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria (23 %), que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en el 2011, y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de 1,7 millones de personas en varias ciudades del país, de acuerdo con una encuesta del diario Folha de Sao Paulo.

Según un sondeo del Instituto Datafolha, después de la corrupción, el segundo motivo para protestar en la manifestación de Sao Paulo, la más masiva fue la destitución de la presidenta con un 27 %, quien asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero.

El año pasado, durante una Comisión de Investigación Parlamentaria en el Congreso, el detenido Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, afirmó que el pago de sobornos es un hecho común en Brasil y no exclusivo de la compañía de petróleo.

“Lo que pasó en Petrobras pasa en todo Brasil. En las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, las hidroeléctricas, eso ocurre en todo Brasil. Es solo averiguar”, señaló en la ocasión Costa, quien tiene un acuerdo con la justicia de delación a cambio de reducción de pena. (I)

51 políticos están implicados en el caso Petrobras.

Caso Petrobras
bloqueo de cuenta

Exdirectivo
Las autoridades de Mónaco bloquearon una cuenta bancaria a nombre del exdirector del Área Internacional de la petrolera Petrobras, Jorge Zelada, que tiene depósitos por más de diez millones de euros, informó ayer el Ministerio Público brasileño en la sureña ciudad de Curitiba.

Más de un millón de brasileños protestaron contra gobierno de Dilma Rousseff

Cerca de un millón y medio de brasileños protestaron este domingo pacíficamente en todo el país contra la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un complejo coctel de tensión social, política y económica derivada en parte del gran escándalo de corrupción en Petrobras.

La mayor protesta tuvo lugar en Sao Paulo, que convocó a un millón de personas, según la policía, vestidas en su mayoría con la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña.

Las manifestaciones congregaron a otro medio millón de personas en unas 83 ciudades, en protestas que igualaron el tamaño de las celebradas en junio del 2013, cuando los brasileños salieron espontáneamente a las calles para pedir el fin de la corrupción y más gastos en transporte, salud y educación, en vez de en la Copa del Mundo.

BRASILIA.- Manifestantes que llegaron hasta la sede del Congreso brasileño (EFE)

Gran parte de los manifestantes reclamaron este domingo el «impeachment» (destitución) de la presidenta, que comenzó su segundo mandato hace menos de tres meses tras ser reelecta en octubre por un margen de apenas 3 %.

Y muchos pidieron incluso una intervención militar que ponga fin a más de 12 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), una paradoja en este día en que se cumplen justamente 30 años del retorno de la democracia a Brasil luego de una larga dictadura militar que comenzó en 1964 y terminó en 1985.

«Hoy somos miles y miles de personas que pedimos el ‘impeachment’ (destitución) de Dilma Rousseff. El gobierno está en una situación lamentable», dijo a la AFP Rubens Nunes (26 años), asesor jurídico del Movimiento Brasil Libre, uno de los grupos que organizó la protesta en las redes sociales, desde lo alto de uno de los grandes camiones con equipos de sonido que lideraban la marcha en Sao Paulo.

Las protestas son también bastante mayores que las convocadas el viernes en apoyo de Rousseff y Petrobras por sindicatos y movimientos sociales afines al PT, que reunieron a 175.000 personas según organizadores y 33.000 según la policía.

Entre 45.000 y 50.000 personas marcharon hacia el Congreso en Brasilia, según cálculos de la policía.

Una vista de la marcha en Sao Paulo (EFE)

La avenida frente a la famosa playa de Copacabana en Río de Janeiro fue colmada durante varias cuadras en este domingo soleado por unas 15.000 personas -según la policía- que coreaban «¡Fuera Dilma, fuera PT!» y juntaban firmas para destituir a la presidenta.

Rita Souza, una productora televisiva de 50 años, lleva una pancarta que decía «Intervención militar ya». «No estoy pidiendo un golpe [de Estado], sino una intervención constitucional para llamar a nuevas elecciones limpias, sin urna electrónica, sin la manipulación del PT. ¡Que se vayan todos para Cuba!», dijo a la AFP.

SAO PAULO, Brasil.- «Fuera Dilma» decía en este cartel que cargó una de las manifestantes (EFE)

Varios politólogos brasileños se vieron obligados a explicar en los últimos días en la prensa local que es imposible tener una «intervención militar constitucional».

La popularidad de Rousseff cayó 19 puntos en febrero, a 23 %, y la presidenta enfrenta una situación complicada en varios frentes.

La economía ha crecido muy poco en los últimos cuatro años y está estancada, hay déficit de cuentas públicas e inflación elevada (7,7 % en 12 meses), y el real se ha devaluado casi 30 % en un año. El gobierno impulsa un ajuste fiscal, pero esto disgusta a su vez a parte de la izquierda.

A esto se suma la tensión política por el inmenso esquema de corrupción develado en la estatal Petrobras, el mayor en la historia de Brasil. Decenas de políticos -incluidos 22 diputados, 13 senadores y dos gobernadores en funciones- son investigados por su supuesto envolvimiento en la trama. La mayoría pertenece al PT o a partidos que integran la coalición de gobierno.

«El Gobierno debe descender del pedestal, llamar a la sociedad civil, a sus aliados, convocar al país para intentar una suerte de pacto porque podría estar en juego la propia sobrevivencia de este gobierno», dijo a la AFP el analista político de Brasilia, André César, quien destacó la fuerza de las protestas.

Exdelantero Ronaldo participó en las protestas en Brasil
El exastro del fútbol brasileño Ronaldo se sumó el domingo a la multitudinaria protesta contra el gobierno de Rousseff.

El exdelantero apodado «Fenómeno» llegó a la manifestación en la capital paulista acompañado por guardaespaldas y vestido con una camiseta donde se leía «La culpa no es mía, yo voté por Aécio», en una alusión al senador Aécio Neves, derrotado por Rousseff en los comicios presidenciales de octubre.

SAO PAULO, Brasil.- El exfutbolista Ronaldo (EFE)

Ronaldo respaldó activamente la candidatura de Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en la disputa que terminó con la reelección de Rousseff por estrecho margen. (I)

Oposición toma las calles de Brasil contra Rousseff y la corrupción

Más de un millón de personas tomó las calles de al menos 50 ciudades de Brasil para protestar contra Rousseff y la corrupción.

Grupos detrás de las protestas contra Dilma Rousseff

Hoy, cuando Brasil cumple 30 años de la restitución de la democracia tras 21 años de dictadura militar, varios movimientos y partidos contrarios al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff realizan manifestaciones a lo largo y ancho del país.

Muchos de los convocantes promueven la destitución de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT), entre otras razones por las denuncias de que decenas de políticos y partidos oficialistas, entre ellos el PT y la propia campaña electoral de Rousseff, se habrían beneficiado con los millonarios desvíos de fondos perpetrados en la estatal Petrobras.

El objetivo de impulsar un juicio político contra Rousseff, en tanto, no es unánime entre los grupos que promueven las protestas, en las que no participarán ninguno de los colectivos que promovieron las multitudinarias manifestaciones de junio de 2013, como el Movimiento Pase Libre (MPL) -que dio inicio a las protestas contra el aumento del boleto en Sao Paulo-; el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y el grupo anarquista Black Bloc.

«Vamos a movilizarnos contra los recortes en la política social del gobierno (…) pero no nos vamos a unir a esos grupos que piden la destitución, porque entendemos que eso es un intento de golpe disfrazado», dijo la coordinadora nacional del MTST, Jussara Basso.

Los «Sin Techo» participaron, en cambio, en las manifestaciones realizadas el viernes, cuando millares salieron a las calles en 24 estados en apoyo a la mandataria y en defensa de la democracia y de Petrobras, aunque también criticaron el ajuste económico.

Los principales grupos que convocan a las marchas del domingo 15:

Revoltados  Online (Indignados online): Con unos 700.000 seguidores en Facebook, el grupo dispara duras críticas contra la presidenta Rousseff y defiende la destitución de la mandataria como un recurso «constitucional y como consecuencia por los delitos de irresponsabilidad y estafa electoral».

Vem pra rua (VPR) (Sal a la calle): El grupo no defiende «por el momento» la destitución de Rousseff. «Creemos que no es momento para ‘impeachment’. Si no tenemos hechos jurídicos previstos en la Constitución no sucederá nada», dijo el portavoz del VPR Rogerio Chequer. «Pediremos ‘impeachment’ cuando llegue el momento, pero no puede ser a través de un golpe y mucho menos con intervención militar», añadió.

Movimiento Brasil libre (MBL): El colectivo está a favor de la destitución de la presidenta y descarta que tal recurso represente un golpe. Uno de sus coordinadores, Kim Kataguiri, dijo que el «verdadero golpe» es que el PT haya «sometido al Congreso al Ejecutivo», a través de la compra de votos, como lo fue en el caso del escándalo del «mensalao», durante el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, y como ocurre ahora, indicó, en el escándalo en Petrobras.

PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña): El principal partido opositor del gobierno expresó a través de un comunicado que participará «a través de sus militantes, simpatizantes y varios de sus líderes, junto a brasileños de todas las regiones del país, en ese movimiento apartidario que surge del más legítimo sentimiento de indignación de la sociedad brasileña». Los líderes del partido tomaron distancia de los pedidos de juicio político contra Rousseff.

Solidaridade: El partido fundado por el sindicalista y diputado Paulo Pereira da Silva, conocido como Paulinho da Força porque preside la central de trabajadores Força Sindical, no solo apoya las manifestaciones del domingo, sino que defiende la destitución de la presidenta y propondrá un referendo nacional para iniciar el proceso.