El controvertido Jesús Murillo Karam sale de la PGR, la fiscalía mexicana

El primer relevo en el gabinete de Peña Nieto llega de la mano de la tristemente célebre frase «Ya me cansé».

México abre oficina de agregado de Procuraduría en Ecuador

México abrirá en dos semanas en Ecuador una oficina para un agregado de la Procuraduría con el objetivo de ayudar a combatir el narcotráfico y el tráfico de migrantes.

El procurador de México, Jesús Murillo Karam, dijo este martes en rueda de prensa en Quito que se va a instalar «una agregaduría de la Procuraduría de la república de México para que en contacto, en relación, intercambio de información (con Ecuador) dé lucha contra las mafias organizadas de manera más eficiente».

Por su parte, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, expresó que la nueva oficina ayudará a «tener un trabajo más coordinado».

A inicios del año pasado una niña ecuatoriana de 12 años se suicidó en la frontera de México con Estados Unidos cuando buscaba llegar a ese país para reunirse con sus padres. Había sido sometida a vejámenes y violada por traficantes de personas, dos de los cuales fueron sentenciados a 16 años de cárcel.

Es relativamente común en Ecuador que ciudadanos de escasos recursos, principalmente del sur del país, busquen llegar a Estados Unidos haciendo viajes por tierra para burlar a las autoridades de migración.

#43NoSonCeniza, una protesta viral por los estudiantes de Ayotzinapa

El hashtag #43NoSonCeniza comenzó a tomar con todo a las redes sociales en México. Su objetivo es hacer frente a la línea de investigación del gobierno.

Detenidos fueron torturados para sustentar versión de PGR en caso Iguala, publica Proceso

Según expedientes en poder de la revista Proceso, los detenidos fueron salvajemente torturados para sustentar versión de la PGR.

La ‘verdad histórica’ no convence a mexicanos

“Te amo”. Fue el grito que lanzó el campesino Epifanio Álvarez tras nombrar entre llantos a su hijo Jorge en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. No estaba solo. Decenas de ciudadanos lo acompañaban a él y a otros padres, hermanos, esposas e hijos que también lloraban y sentían su mismo dolor.

Era lunes 26 de enero. Ese día se cumplían cuatro meses de la desaparición de Jorge y de otros 42 compañeros de la escuela rural normalista de Ayotzinapa, luego de protestar en Iguala, en el estado de Guerrero. El mismo lapso en que surgieron las críticas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la indignación de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional porque las autoridades federales tardaron diez días en intervenir y al conocerse, según la Fiscalía, que los estudiantes desaparecieron a manos de un gobierno local ligado al narcotráfico.

De acuerdo con la versión oficial, los policías municipales de Iguala detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula al creer que eran integrantes del grupo rival Los Rojos.

La directora para América de Amnistía Internacional, Érika Guevara, sostiene que el caso Iguala “ha marcado un hito en la historia contemporánea del país. México tiene que cambiar porque hay una concientización política en los jóvenes mexicanos, una necesidad de cambio, de transformación”.

Pero el descontento, que aún permanece en algunos sectores de México, se ha acentuado desde que el fiscal general, Jesús Murillo Karam, presentó el pasado martes un informe que lo considera es la “verdad histórica” del caso luego de recabar 386 declaraciones, 16 allanamientos y la detención de 99 personas, incluido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y policías municipales.

Podemos “llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, concluyó el funcionario.

Peña Nieto, que enfrenta la peor crisis política después de dos años en el poder, en un acto público, plantea darle la vuelta a la página: “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, dijo.

Pero la “verdad histórica” no es suficiente para las familias de los desaparecidos. Ellos se resisten a creer la versión oficial hasta que no haya una comprobación científica. “El presidente dice que no nos podemos quedar en el dolor (…), que debemos avanzar, pero quién puede avanzar cuando te falta alguien en la casa?”, se pregunta Pedro de la Cruz, vocero de los familiares de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los desaparecidos, cuestiona a la Fiscalía que declara muertos a todos los estudiantes a base de los testimonios de algunos de los integrantes de la banda Guerreros Unidos. “No pueden tener toda la contundencia en términos probatorios”, insiste.

Un día después de la difusión del informe, el fiscal admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opina que parece haber existido “premura por concluir mediáticamente esta investigación”, incluso antes de que llegaran a expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

HRW, en su informe mundial 2015 sobre la situación de los derechos humanos, señala que la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada en el 2006 en México, con un despliegue militar contra los carteles del narcotráfico, aunada a la “catastrófica” situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90.000 vidas y 22.000 desaparecidos.

El analista Alejandro Hope coincide con Vivanco. “Ellos están buscando cerrar el caso. “Todavía nos tienen que decir de manera convincente el porqué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan”, añade. David Flores, a nombre de los compañeros de los desaparecidos, dice que detrás “hay un interés político grande”, que son las elecciones (regionales y federativas)…”.

El 7 de junio, los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales. Los grupos más radicales que apoyan a los padres de los 43 afirman que no permitirán comicios en Guerrero, gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática al que pertenecía Abarca. (I)

Jesús Murillo Karam admite que faltan ‘muchas cosas’ por aclarar en caso Ayotzinapa

Murillo Karam admitió que faltan «muchas cosas» por aclarar en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Padres de 43 estudiantes muertos rechazan la versión oficial

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del Procurador General de México. El fiscal aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.

En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver, y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos.

«No creemos en nada de lo que dicen», dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecido, Jorge Cruz, de 19 años. «No vamos a permitir que esto se cierre».

El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó un argumento de diez puntos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes. Las pruebas de ADN solo lograron identificar los restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio, y el laboratorio de Innsburck, Austria, donde se realizaron expidió un documento que dice que no se puede identificar al resto de las víctimas.

Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El gobierno mexicano «tendrá que responder por estos hechos», dijo.

Toma de muestras

Esta era la primera vez que el Procurador General de México, Murillo Karam, afirmaba que todos los estudiantes están muertos.

Murillo Karam dijo que las muestras fueron tomadas en el lugar de los hechos, un barranco de unos 800 metros de diámetro a unos ocho kilómetros del poblado de Cocula, donde se habría encendido una hoguera por un grupo de sicarios para quemar los cuerpos.

El fuego alcanzó temperaturas extremas en la fogata que incluía gasolina, diésel, acero de llantas y que demuestran, «de manera contundente», según la versión oficial, que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que quedaran restos que permitieran su identificación.

«Los peritajes, testimonios, confesiones…. y muchos otros elementos aportados en la investigación nos permiten llegar sin lugar a dudas a saber que fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al Río San Juan», dijo Murillo Karam. Podemos «llegar, sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad privados de la vida, incinerados y arrojados al río san Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente».

La investigación de la Procuraduría recabó 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos, que han propiciado 99 detenciones entre las que se incluyen casi a la totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, al alcalde de Iguala y a su esposa.

Parece poco probable que las explicaciones y evidencias presentadas por Murillo Karam el martes acallen la polémica y las dudas que existen sobre el caso ante la opinión pública mexicana. La Procuraduría ha sido criticada por los padres de los estudiantes, expertos en incendios, y organizaciones sociales, entre otros.

Protestas

Los padres y quienes les acompañan aún continúan protestando y buscando a sus hijos además de reclamar que se investigue al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. La última marcha, de hecho, tuvo lugar en ciudad de México en la víspera.

«Prácticamente ellos dieron la misma historia que habían dado hace dos meses. No hay muchos detalles adicionales», dijo el analista Alejandro Hope. «Ellos están buscando cerrar el caso, pero no estoy seguro de que vayan a conseguirlo».

Preguntado sobre una eventual investigación al exgobernador Aguirre, Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dijo a la AP que «estamos trabajando en eso. Sigue abierto».

Los normalistas habían llegado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre a recaudar dinero y a apropiarse de unos autobuses con los que pretendían acudir a una protesta en la capital mexicana.

El alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, quien junto con su esposa María Ángeles Pineda son vinculados al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos por las autoridades, habrían dado la orden a la policía municipal de detenerlos y hacerlos desaparecer, luego de que un grupo de los estudiantes se enfrentara con ellos a piedras.

Según las autoridades, los estudiantes fueron confundidos con «Los Rojos», banda rival de Guerreros Unidos.

Versión

Después de varios tiroteos, en respuesta a las pedradas, que dejaron seis muertos, los 43 estudiantes fueron detenidos y trasladados en varios vehículos policiales de Iguala, con apoyo de agentes y vehículos oficiales llegados a la vecina Cocula, hasta un lugar a las afueras de Iguala, donde sicarios de Guerreros Unidos se hicieron cargo de ellos.

Según Murillo Karam, Felipe Rodríguez Salgado, alias «El Cepillo», jefe de sicarios de Guerreros Unidos, fue el encargado de ejecutar el asesinato e incineración de gran parte de los estudiantes. El sicario fue detenido el 15 de enero en México luego de haber sido deportado desde Estados Unidos, adonde había entrado poco después de la desaparición de los normalistas.

Murillo Karam dijo contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula y con el testimonio de al menos una decena de sicarios al mando de Rodríguez Salgado que interrogaron, ejecutaron, incineraron, y trituraron los restos de los estudiantes antes de lanzarlos al río San Juan.

Para los responsables de la investigación, las confesiones y pruebas realizadas son coincidentes y van más allá de las dudas razonables.

Pero para Valentín Cornelio Gonzalez, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes de la investigación.

Él cree que los restos habrían sido «plantados» y llegaron, en realidad, desde otro lugar.

Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso. Sin embargo, este grupo de expertos dijo a la AP antes de la presentación del martes que todavía «no hay evidencias suficientes» para asegurar que los restos encontrados en el río proceden del basurero.

Implicados

A los funcionarios públicos implicados en el caso, desde el alcalde a los policías, se les acusará del delito de «desaparición forzada», en un país que cuenta con 23.000 desaparecidos desde 2006, según cifras oficiales, y del que existen muy pocos condenados.

Zerón, el jefe de la agencia de investigación, presentó evidencias respecto a la parte física del caso para responder a las dudas planteadas por los familiares. Afirmó que el incendio provocado por los sicarios provocó la destrucción total de los cuerpos, que el lugar lo permite y las evidencias lo demuestran. Junto a los estudiantes, los sicarios quemaron también sus teléfonos.

También Murillo Karam demostró que el basurero en el que fueron incinerados está a más de ocho kilómetros de la ciudad de Cocula, que al lugar se llega por una estrecha carretera, que tiene una puerta de acceso y que no hay viviendas en los alrededores.

Dijo que un grupo de recolectores de basura de Cocula declararon que el día de la hoguera un grupo de hombres les impidió acceder al vertedero a arrojar basura y afirmó que «no existe una sola evidencia de participación del ejército» en lo sucedido aquella noche en respuesta a continuadas peticiones por parte de las familias y de organizaciones como Amnistía Internacional de abrir esa línea de investigación.

Según Murillo, los elementos de que se dispone la investigación son «suficientes» y afirmó que ahora se trabaja en preparar acusaciones por las que se pedirán penas de hasta 140 años de cárcel para los responsables. Sólo entonces será cuando lo dé por cerrado.

Pero el analista Hope dice que las protestas, probablemente, continuarán hasta que no se muestre evidencia irrefutable de que los restos pertenecen a los estudiantes. También, dice, son poco claros los dichos de Murillo Karam en el sentido en que Guerreros Unidos creyó que los estudiantes eran parte de un grupo de narcos antagonista, y del por qué los mataron sabiendo, luego de interrogarlos, que ese no era el caso.

«Sabemos el qué, el quién, el cuándo y el dónde. No sabemos el por qué», dijo Hope. «Todavía tienen nos tienen que decir de manera convincente el por qué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan; a menos que se responda a esa pregunta, todo el asunto se mantendrá bajo un manto de misterio». (I)

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