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El arresto del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el jueves, enturbió el panorama político de Venezuela, sumida en una profunda crisis económica.

Cientos de adversarios de Maduro se congregaron pacíficamente ayer en una plaza del este de Caracas para condenar el arresto del alcalde, que catalogaron de “secuestro”, y exigieron la liberación de Ledezma. En el acto intervinieron varios líderes opositores, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, investigada desde el año pasado por su presunto vínculo con un plan para asesinar a Maduro denunciado por el oficialismo.

Se espera que Ledezma sea llevado en las próximas horas a tribunales para su audiencia de presentación. Su abogado, Omar Estacio, dijo que aún no le han informado de los cargos en su contra.

La esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, dijo: “Su abogado y yo pudimos verlo, me abrazó profundamente y me dijo ‘dile a todos los que esperan recobrar la libertad y recobrar la democracia, que el único modo de hacerlo es estar en la calle, no abandonemos la calle’”.

En ese sentido, la coalición opositora convocó a un plan nacional de movilizaciones que no implicará grandes concentraciones, sino el acercamiento directo a la población y visitas casa por casa para estimular al electorado de cara a las elecciones parlamentarias de este año. “Nosotros vamos al encuentro con el pueblo”, dijo el secretario ejecutivo de la coalición, Jesús Chuo Torrealba.

Estacio precisó que Ledezma “no fue golpeado ni acusa lesiones de naturaleza corporal”, pero que fue sacado a “empellones” sin que hubiera ofrecido ninguna resistencia.

Relató que “reventaron las puertas de vidrio que rodean la oficina” y que todo el procedimiento ocurrió sin que “mostraran una orden de allanamiento”. La coordinadora de la comisión de Derechos Humanos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, coincidió en que se violaron procedimientos.

“La orden debe ser debidamente mostrada… Lo esposaron y lo montaron en un vehículo. Por eso no hablamos de una detención, sino de un secuestro”, aseguró.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que con actuaciones como la detención del alcalde de Caracas están “desmantelando un golpe continuado” promovido desde el gobierno de EE.UU., al que acusó de salir “en defensa de los golpistas”.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, calificó de “ridícula” la acusación y señaló que “el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están controlando de cerca esta situación y consideran herramientas que puedan estar disponibles que encaucen al Gobierno de Venezuela en la dirección hacia la que ellos creen que debería dirigirse”.

Durante dos años, desde que asumió el poder, Maduro ha denunciado reiterados intentos de golpes y magnicidios, sin mostrar pruebas.

El portavoz del gobierno chileno, Álvaro Elizalde, dijo que “existe preocupación por que el cuadro de polarización en Venezuela se transforme en un obstáculo significativo para el diálogo entre el Gobierno y la oposición para el fortalecimiento democrático”.

“Esperamos que (Ledezma) cuente con todas las garantías para un debido proceso”, manifestó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. (I)

REACCIONES

Los cancilleres de la Unasur celebrarán un encuentro extraordinario, aún sin fecha, para analizar la situación de Venezuela.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, insistió en que “se aclaren las denuncias” y también “se respeten las garantías del debido proceso”.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que “confía en que todas las partes redoblen sus esfuerzos para avanzar” en un proceso de diálogo.
Dos alcaldes del sur de la Florida, Luigi Boria y Tomás Regalado, anunciaron que enviarán miles de cartas dentro y fuera de EE.UU. para que se repudie la situación de Venezuela y se exija la liberación de los presos políticos.
El Partido de la Social Democracia Brasileña criticó el silencio que mantienen sobre el caso Ledezma los gobiernos del Mercosur.
Human Rights Watch exigió la liberación del líder opositor ante lo que considera una detención “arbitraria”.

21/02/2015

Internacionales