Bajo una nueva medida en Bielorrusia, aquellas personas que trabajen menos de la mitad del año tendrán que pagar al gobierno por su holgazanería.
El Parlamento aprobó la propuesta el miércoles hecha por el autoritario presidente Alexander Lukashenko, la cual establece que aquellas personas capaces de trabajar que laboren menos de 183 días al año pagarán una multa equivalente a 250 dólares. Los discapacitados, pensionados y personas con hijos menores están exentos.
Un comunicado del Parlamento, donde el proyecto fue aprobado con 100 votos a favor y dos en contra, dice que «la medida es necesaria para estimular a los ciudadanos que son capaces de trabajar y asegurar que cumplen con su obligación constitucional de formar parte del financiamiento del estado».
La ministra del Trabajo Marianna Shchetkina dijo a los legisladores que la medida será temporal.
La economía bielorrusa está padeciendo debido a los problemas económicos de su vecina Rusia (I)
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El Gobierno ucraniano anunció hoy que prohibirá la entrada en territorio nacional a los ciudadanos rusos si no presentan pasaporte, cuando ahora es suficiente con un documento que acredite su identidad.
Los rusos que deseen entrar, salir, efectuar tránsitos o viajar por Ucrania deberán presentar el pasaporte, mientras para los menores de 14 años será suficiente con un certificado de nacimiento, informó el Gobierno en su página web.
Hasta la anexión rusa de Crimea en marzo de 2014, millones de rusos viajaban anualmente a Ucrania, en especial a esa península, a Kiev y a la costa del mar Negro sin necesidad de presentar pasaporte o solicitar un visado.
Desde el estallido del conflicto en el Este de Ucrania en abril pasado, Kiev acusa a Moscú de enviar a través de la frontera a miles de soldados y voluntarios para sumarse a las filas de las milicias prorrusas.
Recientemente, la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania declaró «Estado agresor» a Rusia, país al que acusó de «poner en peligro la seguridad y la paz internacionales» al respaldar «el terrorismo y bloquear la labor del Consejo de Seguridad de la ONU».
Las fuerzas gubernamentales y las milicias rebeldes reanudaron en la segunda semana de enero las acciones militares a gran escala tras casi un mes de frágil tregua.
Desde entonces, los insurgentes han reconquistado unos 500 kilómetros cuadrados de territorio en las regiones de Donetsk y Lugansk. (I)
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) atribuyó hoy la crisis de desabastecimiento de productos básicos que vive el país a la decisión del gobierno de «imponer» un sistema político-económico de corte socialista marxista o comunista.
La CEV emitió la declaración final de su asamblea anual tras una semana de debates entre los obispos, en la que indica que el modelo que intentan imponer el gobierno y otros órganos del poder público es un «sistema totalitario y centralista, que establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas».
«Además, atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones y ha conducido a la opresión y a la ruina a todos los países donde se ha aplicado», señaló.
La declaración señala que el sistema económico que impulsa el gobierno «es, a todas luces, ineficaz».
«Es necesario que, dejando a un lado concepciones ideológicas rígidas y fracasadas, así como el afán de controlarlo todo, el gobierno impulse reformas que eliminen trabas a la producción, detengan la inflación, y solucionen el desabastecimiento y la carestía de los artículos de primera necesidad. Entre otras cosas promoviendo la actividad privada en la economía, consagrada en la Constitución», recalcó.
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Los obispos examinaron en la última semana lo que consideró una crisis sin precedentes que afecta al país y que se ha manifestado en los primeros días de 2015 en las multitudinarias filas en los supermercados y comercios de gente buscando productos básicos.
Señalaron que el modelo socialista se evidencia en el desprecio de cualquier propuesta que «no sea la oficial, en el desarrollo de una hegemonía comunicacional que entraba y limita la actuación de medios independientes, en el propósito de controlar los sindicatos, en la persecución por vía judicial de la disidencia política, en la multiplicación de leyes, normativas y procedimientos que dificultan la acción del sector privado».
Los obispos dijeron que las protestas contra el gobierno en 2014, que dejaron 43 muertos y cientos de heridos, plantearon la necesidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición, que «lamentablemente no pasó de los primeros encuentros».
«A esta situación se ha unido en los últimos meses la angustia generalizada del pueblo por la crisis económica que sufrimos, pues se ve sometido a dificultades nunca vistas para tener acceso a artículos de primera necesidad», puntualizó.
Factores de la crisis
Agregó que la deuda externa gigantesca, la inflación desbordada, la devaluación de la moneda, el contrabando de extracción y el desabastecimiento de productos básicos «han generado el empobrecimiento creciente de amplio sectores de la población, particularmente los de menos recursos económicos».
«Esta crisis se acrecienta por la corrupción administrativa, el centralismo, el saqueo de las divisas del fisco, la reciente baja de los precios del petróleo, y por la ineficacia de las medidas y planes que está aplicando el gobierno para enfrentarla», aseveró.
Dijo que el gobierno y las autoridades deben asumir su responsabilidad en solucionar los problemas que vive el país, activando los correctivos necesarios para evitar el empeoramiento de la crisis.
La CEV dijo que a este escenario se suma una situación de violencia social cada vez peor, en el que «el lenguaje ofensivo, la descalificación sistemática a toda opinión contraria (a la oficial), incitan al fanatismo y a la irracionalidad». (I)