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Ledezma preso, López castigado y Machado amenazada tras acuerdo en Venezuela

Un comunicado de prensa intitulado ‘Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición’, publicado el 11 de febrero pasado por diario El Nacional, de Venezuela, alentó una nueva teoría conspiradora que se suma a al menos una decena de complots y 16 intentos de magnicidio que ha denunciado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en dos años de gobierno.

El mandatario aseguró a día seguido que su gobierno había desmantelado un supuesto plan de golpe de Estado ‘trazado’ desde Estados Unidos y en el que estaban involucrados once militares, un empresario, el diputado opositor Julio Borges, el exembajador de Venezuela en la ONU Diego Arria y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Según el presidente, la publicación del documento firmado por Ledezma, el encarcelado Leopoldo López y María Corina Machado era la señal que los militares golpistas estarían esperando para iniciar un ataque aéreo contra objetivos oficiales, incluyendo el lugar donde él se encontrara, que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabelló, afirmó se denominaba Operación Jericó.

“Justicia, caiga quien caiga, llámese como se llame, el que está detrás de estos atentados golpistas tiene que ir preso y va a pagar en la cárcel, sea quien sea. Ya basta de impunidad”, advirtió Maduro.

Pedido de acuerdo

La madrugada del 13 de febrero, López, que lleva un año encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde acusado de generar violencia en las protestas del año pasado, fue trasladado a lo que sería un calabozo de castigo de dos por dos metros tras una requisa en su celda ejecutada por más de 20 hombres armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas, pertenecientes al servicio de contrainteligencia militar.

En el manifiesto, los tres dirigentes pidieron un acuerdo nacional para un gobierno de “transición” que enfrente la crisis económica del país.

La carta dice que “el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal”, también que el desastre que vivimos “responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario”.

Y propone una agenda con tres ejes: política institucional, emergencia social y economía.

El jueves último, el Poder Judicial emite una orden de detención y Ledezma es sacado a empujones de su oficina por decenas de policías, acusado de conspirar contra el gobierno.

La secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, expresó la profunda preocupación de su gobierno por lo que “parece ser una escalada de intimidación de la oposición por parte del gobierno de Venezuela”.

El analista político y disidente chavista Nicmer Evans denunció que el gobierno tiene la “capacidad indiscriminada de descalificar a sus adversarios sin ningún tipo de rigurosidad en la denuncia”.

Investigación

El viernes, el presidente del Parlamento Latinoamericano capítulo Venezuela, afín al gobierno, Ángel Rodríguez, anunció que solicitará a la Fiscalía una investigación a Machado, López, Ledezma y Borges, por la difusión del ‘Acuerdo nacional para la transición’. Alegó que el documento es inconstitucional ya que en la carta magna no se reconoce algún mecanismo de transición.

Lilian Tintori, esposa de López, denunció ayer que ya hay una orden de captura en contra de la exdiputada Machado.

Maduro pidió a Cabello que prepare un conjunto de propuestas para “apretar la mano a nivel legal contra los grupos que hacen política ‘armada’, que participan en los golpes y después vienen a mostrar su cara de corderitos a participar en elecciones”. Las legislativas venezolanas serán en diciembre.

“Es probable que el gobierno avance en sus mensajes de fuerza y control, por lo que el apresamiento del alcalde Ledezma no será un hecho aislado”, señaló el analista Luis León.

Sin límites, el gobierno “puede inventar todos los días un cuento, una gran conspiración. Son habituales casi a diario las denuncias sobre magnicidio o intentos de golpe”, advirtió el director de Human Rights Watch, José Vivanco.

Ayer el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, mediante una carta, expresó su solidaridad con Ledezma y Venezuela. (I)

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Gobierno brasileño expresa gran preocupación por crisis en Venezuela

El gobierno brasileño manifestó «gran preocupación» por la crisis política que vive Venezuela y se comprometió a colaborar con el país caribeño para que retome «un diálogo político amplio y constructivo».

«El gobierno brasileño acompaña con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela e insta a los actores involucrados a trabajar por la paz y el mantenimiento de la democracia», indicó la cancillería brasileña en un comunicado divulgado anoche.

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff reiteró su «compromiso de contribuir, «siempre que se le solicite», para que se reanude el diálogo entre gobierno y oposición.

En tal sentido, Brasilia respaldó la propuesta del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, de preparar una visita a Venezuela de los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador.

La idea es que los ministros de Relaciones Exteriores Mauro Vieira, de Brasil; María Ángela Holguín, de Colombia; y Ricardo Patiño, de Ecuador, viajen a Caracas la semana entrante para mantener reuniones preparatorias de un encuentro extraordinario del Consejo de Cancilleres de la Unasur.

La convocatoria se realiza en el marco de un agravamiento de la crisis política venezolana, cuyo último capítulo tuvo lugar el jueves, cuando fue arrestado el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, a quien se le acusa de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La alianza opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD) rechazó la acusación y calificó la detención del regidor como un «golpe propinado desde el Estado (…) contra la institucionalidad democrática». (I)