El insólito conflicto que se vive en Argentina a raíz de la ceremonia de investidura de Mauricio Macri se zanjó
José «Pepe» Mujica reconoció este lunes que mantuvo fuertes peleas con la mandataria argentina Cristina Fernández mientras ejerció la presidencia de Uruguay, pero aclaró que le tiene respeto.
«A Cristina (Fernández) le tengo un íntimo respeto. Me he peleado con ella algunas veces porque defendemos intereses naturales que a veces pueden resultar contradictorios, pero yo creo que le ha tocado bailar con la más fea», dijo Mujica a radio La Red de Buenos Aires.
El exmandatario y actual senador señaló que la dirigente peronista, en el poder desde 2007 y quien cumple su último año de gobierno, «ha luchado en aguas bravías y le han dado palos pero también ella ha dado».
Mujica estuvo la víspera en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con motivo de la presentación del libro «Una oveja negra al poder» de dos periodistas uruguayos que narra la trayectoria política del expresidente de perfil humanista y poco convencional y que incluye algunos de los cruces verbales más fuertes que tuvo con Fernández.
El más recordado ocurrió en abril de 2013 cuando sin percatarse de que tenía el micrófono encendido tras un acto político, dijo «Esta vieja es peor que el tuerto» en alusión a Fernández y su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner, que padecía un pronunciado estrabismo.
«La he visto enojada como una araña mala», dijo Mujica al presentar el libro.
La relación entre Mujica y su par argentina se resintió a raíz de la decisión del ex mandatario de permitir la instalación de una fábrica de celulosa en la margen uruguaya de un río que ambos países comparten, lo que fue rechazado por el gobierno argentino.
El ex guerrillero tupamaro aclaró entre risas que, sin embargo, «es más fácil pelear» con Fernández que con su esposa, la senadora izquierdista Lucía Topolansky, con quien dijo que las «peleas son inconmensurables». (I)
Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina Cristina Fernández, podría postularse como candidato en la provincia de Buenos Aires, sugirió este martes el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en momentos en que los sondeos preelectorales muestran una recuperación del Frente para la Victoria (FpV) kirchnerista.
«Nunca me dijo nada, pero estoy convencido de que Máximo ha puesto, como se decía antes, la pica en Flandes. Todos los elementos están dados para que lo sea», afirmó el jefe de ministroos al ser consultado sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en Buenos Aires.
Aníbal Fernández elogió las virtudes del hijo de la mandataria al señalar que «si alguien que con sordina se propuso armar una organización (La Cámpora), que hoy es la más importante y la que más mística ha generado, no tiene derecho a ser tenido en cuenta como candidato, estamos fritos».
El hijo de 38 años Cristina Fernández y su fallecido esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), dejó abierta semanas atrás la posibilidad de postularse a un cargo en las próximas elecciones generales del 25 de octubre.
Sus declaraciones dispararon especulaciones diversas, desde una candidatura en la provincia de Santa Cruz, donde reside desde pequeño, o en la provincia de Buenos Aires, en la que nació, hasta una eventual carrera para suceder a su madre en la Casa Rosada.
Las declaraciones del jefe de Gabinete acotaría su postulación a la estratégica Buenos Aires, el principal distrito a nivel demográfico y económico y que representa casi el 40 por ciento del padrón electoral.
Los populosos suburbios de la ciudad de Buenos Aires, habitados por unos nueve millones de personas, son considerados un bastión del peronismo y suelen tener una influencia decisiva en las elecciones nacionales.
El gobernador de Buenos Aires, el peronista Daniel Scioli, es el precandidato presidencial del FpV con mayor intención de voto. En las últimas semanas escaló asimismo al primer lugar en las preferencias generales.
Según un reciente sondeo de la consultora Ricardo Rouvier y Asociados, Scioli es el precandidato presidencial favorito, con 26,2 por ciento de intención de voto, por delante del líder del partido de centroderecha PRO, el alcalde porteño Mauricio Macri, segundo con un 23,3 por ciento. En tercer lugar se ubica el precandidato del Frente Renovador opositor, el peronista Sergio Massa, con un 17,5 por ciento de apoyo.
Otra encuesta muestra en tanto la recuperación de la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su último año de gobierno. La jefa de Estado culminará en diciembre su segundo mandato (2007-2011, 2011-2015) y no está habilitada por la Constitución a postularse a un tercer período consecutivo.
La imagen positiva de Fernández de Kirchner subió a casi 50 por ciento en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) difundida por la agencia noticiosa estatal Télam.
No se descarta asimismo que la presidenta se postule como legisladora en los próximos comicios.
Las precandidaturas deben presentarse en junio próximo para competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el 9 de agosto. Las elecciones generales se celebrarán el 25 de octubre para votar al sucesor de Fernández de Kirchner, renovar parcialmente el Parlamento y elegir a gobernadores provinciales.
Varias provincias decidieron no obstante realizar las elecciones distritales en otras fechas, en su mayoría de forma anticipada a los comicios nacionales. (I)
El presidente de la Corte Suprema argentina, Ricardo Lorenzetti, pidió este lunes definiciones en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman fallecido hace casi tres meses en misteriosas circunstancias luego de acusar a la presidenta Cristina Kirchner de encubrimiento.
«No quiero juzgar lo que hace la fiscal porque no me corresponde, pero sí creo que es momento en el que hay que tomarse definiciones concretas», dijo Lorenzetti a Radio La Red.
Según el titular de la Corte Suprema «ha pasado en muchos casos que los homicidios no se resuelven, o terminan en cuestiones subalternas, derivadas, y esto no puede ser así», criticó.
Nisman fue hallado muerto en su departamento el 18 de enero pasado, cuatro días después de acusar a Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de encubrir a exfuncionarios iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA en Buenos Aires que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.
«En muchos casos, el tiempo excesivo termina enredando el proceso, las víctimas terminan siendo culpables», advirtió Lorenzetti quien recordó que «lo importante es evitar la frustración de la gente que reclama justicia».
La investigación, caratulada como «muerte dudosa», está en manos de la fiscal Viviana Fein que ha cruzado numerosas acusaciones públicas con la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que se trató de un homicidio.
¿Homicidio o suicidio?
Arroyo Salgado dio a conocer en rueda de prensa el 5 de marzo un informe de peritos de parte según el cual Nisman fue víctima de un homicidio.
Fein le recriminó que «es una querella que no trabaja al lado de la fiscal» y la criticó por «aseverar frente a una audiencia pública que fue un homicidio», cuando la causa sobre el deceso del fiscal todavía está «en plena tramitación».
El único imputado en la causa es un colaborador del fiscal, el experto en informática Diego Lagomarsino, pero sólo por prestarle el arma de la que salió la bala que lo mató.
Por otra parte la denuncia de Nisman fue desestimada por un juez, que consideró «inexistencia de delito» y luego también fue desechada por la Cámara Federal, aunque el fiscal que la reimpulsó apeló la decisión y aún está en trámite de resolución. (I)
Algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos han hecho pasar a estos por momentos “incómodos”, tras ser vinculados a presuntos casos de corrupción, trafico de influencias e, incluso, han sido los mayores críticos a sus gestiones.
Desde hijos de presidentes, hermanos, padres hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos.
El más reciente tiene que ver con Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina Cristina Fernández, a quien se lo vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en EE.UU. e Irán y que, al parecer, comparte la titularidad en alguna de ellas con la exministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré.
Diferentes sectores de la oposición han pedido investigar al hijo mayor de la mandataria, quien ha negado tener depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.
Además, en otro caso, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la que es accionista Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el sur de Argentina.
La sociedad Hotesur es investigada por presuntas irregularidades administrativas.
También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es investigado junto con su esposa, Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada. El caso es un negocio inmobiliario en el que se adquirieron tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mayor.
En Bolivia, a una empresa vinculada con la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera se le entregó la concesión de un contrato de cáterin de la aerolínea estatal BOA.
La adjudicación, por 2,5 millones de dólares, fue denunciada en marzo del 2014 por un partido de la oposición. García Linera consideró entonces que la denuncia formaba parte de la “guerra sucia” de la oposición contra el Ejecutivo y defendió la legalidad del contrato, pero ordenó su rescisión con el argumento de que este no acompañaba su “discurso ético”.
En México, una investigación periodística reveló a fines del 2014 que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista del gobierno la construcción de una mansión en la capital mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que desató uno de los escándalos más sonados. Las críticas llevaron a Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y al presidente Enrique Peña Nieto a hacer pública su declaración patrimonial. (I)
Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos celebraron este martes el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina al cumplirse el 39 aniversario del último golpe de Estado militar.
Agrupaciones afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner marcharon en primer turno a la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires y luego lo hicieron partidos de izquierda y otras organizaciones.
También se realizaron numerosos actos y eventos culturales en ciudades de todo el país por la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y en reclamo de juicio y castigo a todos los genocidas.
La junta militar liderada por Jorge Rafael Videla encabezó el 24 de marzo de 1976 el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró un régimen que gobernó Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983.
La dictadura militar dejó cerca de 30.000 desaparecidos, según estimaciones de organismos de derechos humanos. Cometió aberrantes delitos de lesa humanidad, entre ellos el robo de bebés.
«La política de derechos humanos se ha convertido en una política de Estado, es importante plantearla en conjunto, no hay posibilidad alguna de construir futuro si no hay memoria, no hay verdad y no hay justicia», declaró el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Las organizaciones cercanas al kirchnerismo, entre ellas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, marcharon bajo la consigna «Defendamos las victorias y vamos por más democracia» hacia la histórica plaza frente a la Casa de Gobierno, donde se levantó un escenario en el que cantaron reconocidos músicos y bandas de rock y pop.
Los organismos de derechos humanos que asistieron a este primer acto emitieron un documento «para reivindicar y recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a los miles de exiliados, asesinados, sobrevivientes y a todos los luchadores que sostienen las banderas por los derechos humanos, la solidaridad y la inclusión».
Denunciaron además «el entramado del plan criminal de las juntas militares asesinas y sus socios».
«Por eso decimos enfáticamente que en la última dictadura cívica militar las Fuerzas Armadas tuvieron como socias a las corporaciones de la prensa, el Poder Judicial, la Iglesia y las empresas», advirtieron.
«En la mesa que planificó el hambre y la exclusión estuvieron los genocidas, como Videla y Massera, sentados con la prensa canalla como ‘Clarín’ y ‘La Nación’, con la mafia judicial decidiendo la impunidad ante todos los hábeas corpus presentados por los miles de familiares de desaparecidos, con la cúpula de la Iglesia para armar los interrogotarios en los centros clandestinos de detención, con empresarios (…) para financiar el genocidio y hacer las cuentas del enriquecimiento de unos pocos basado en el empobrecimiento del pueblo», afirmaron.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó otra vez «que se rompan los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos».
«Ya son 116 las verdades que pudimos encontrar», dijo en referencia a los 116 niños apropiados durante la dictadura que pudieron recuperar su identidad. «Vamos a seguir juntos buscando a todos los que faltan porque sabemos que las mentiras no pueden ser eternas. No es casual que identidad rime con verdad y libertad», sostuvo Carlotto.
Las agrupaciones de izquierda y los organismos de derechos humanos que organizaron la segunda marcha reclamaron «cárcel a todos los genocidas; la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados; el desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje; la apertura de los archivos secretos» y expresaron su «repudio a la ley antiterrorista».
Demandaron asimismo la destitución del jefe del Ejército, César Milani, sospechado de haber estado involucrado en la desaparición de un soldado durante la última dictadura.
Los jerarcas de la dictadura fueron condenados en el histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985, pero luego fueron beneficiados por indultos, mientras que cientos de represores evitaron condenas por las denominadas leyes de perdón (obediencia debida y punto final), que luego fueron declaradas inconstitucionales.
Desde la reapertura en 2006 de los juicios por violaciones a los derechos humanos, 563 represores y jefes de la dictadura fueron condenados, según un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El informe registra que en los últimos nueve años se dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos.
Se contabilizaron en tanto 970 imputados detenidos, con la mayoría (57 por ciento) alojada en unidades penitenciarias, el 40 por ciento en domicilios, el 1,5 por ciento en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales.
Restan 456 expedientes en trámite, mientras que 120 causas están a las puertas del juicio oral, con 889 procesados. En tanto, 45 acusados se encuentran prófugos.(I)
La denuncia contra el gobierno de Argentina por un supuesto acuerdo secreto con Irán para eliminar órdenes internacionales de arresto contra sospechosos del atentado a la mutual judía AMIA se apoyó en una «mentira», afirma el canciller argentino Héctor Timerman en una entrevista que se divulgará el domingo.
El fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto un día antes de defender su denuncia ante una comisión del Congreso, se apoyó en la convicción de que, como parte del acuerdo secreto con Teherán, el gobierno actuó para que Interpol cancelara las denominadas «alertas rojas» sobre pedidos de detención a los sospechosos iraníes.
«Es una mentira. Una mentira completa. Nunca he dicho nada de eso. El señor Nisman nunca presentó ninguna evidencia», expresó Timerman en una entrevista grabada para el célebre programa 60 Minutos, de la red de TV estadounidense CBS News, que irá al aire en la noche del domingo.
En la entrevista con CBS News, Timerman también descartó categóricamente que el caso del fiscal Nisman pueda ser comparado a la pesadilla que significó la «guerra sucia» en la década de 1970 en Argentina, con miles de desaparecidos y ejecuciones sumarias.
«No, eso es imposible. Estamos hablando de cosas que fueron terribles, terribles», expresó Timerman, según adelantos de la entrevista divulgados el sábado por la propia cadena CBS News.
Asistente de Nisman
El programa 60 Minutos también grabó una entrevista con un exauxiliar de Nisman, Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma utilizada en el disparo que provocó la muerte del fiscal.
Lagomarsino afirmó que Nisman le dijo que no confiaba en los 10 guardaespaldas, pero sin embargo aseguró no saber si realmente cometió un suicidio o fue asesinado.
La responsable por las entrevistas en Buenos Aires, la periodista Lesley Stahl, mencionó en un programa de la propia CBS News que «hay evidencias de que (Nisman) se equivocó» al afirmar que el gobierno argentino pidió a Interpol que se cancelen las alertas rojas sobre los sospechosos.
La denuncia de Nisman contra la presidente Cristina Kirchner y el canciller Timerman por la supuesta tentativa de encubrir a los acusados iraníes por el atentado, fue desestimada por un juez de primera instancia, Daniel Rafecas, quien señaló la «inexistencia de delito». Esta decisión es objeto de una apelación. (I)
En su último discurso en la tradicional apertura de sesiones en el Congreso habló de Nisman y de la deuda.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, pronunciará mañana su último discurso sobre el estado de la República ante el Congreso, con el respaldo en la calle de partidarios, a siete meses de las elecciones generales del 25 de octubre, en las que no podrá volver a postularse.
Kirchner (62 años) enfrenta el fin de su segundo mandato y el ciclo de gobiernos peronistas de centroizquierda que inició su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007), sin delfín a la vista en un año que los economistas prevén difícil comparado con los de elevado crecimiento en la primera década del siglo.
La mandataria acaba de superar esta semana una encrucijada al desestimar el juez Daniel Rafecas la denuncia en su contra por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 dejó 85 muertos.
Fernández no hizo comentarios en público sobre la resolución judicial, pero publicó ayer el fallo en internet y sugirió dudas sobre un supuesto cambio de opinión del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien impulsaba la investigación contra la mandataria.
Fernández en su publicación on-line hizo una selección de los puntos salientes y publicó una versión en inglés. “Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito se sostienen mínimamente”.
Partidarios del gobierno consideran que el mitin de mañana será una demostración de fuerza frente a la caminata opositora y para recuperar la iniciativa política. “Somos militantes de alma que vamos a estar en el Congreso. Y a defender la continuidad de este modelo económico”, basado en el aliento al consumo y los subsidios a la pobreza, dijo Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos (centro-este) y uno de los presidenciables kirchneristas. (I)
La Justicia argentina declaró la nulidad de la causa «del maletín», que investigaba la entrada a Argentina de un empresario venezolano con una maleta cargada con 800.000 dólares supuestamente destinados a financiar la campaña electoral del oficialismo.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró que prescribió la causa que se seguía en Argentina al rechazar un recurso de casación interpuesto por la fiscalía, según fuentes judiciales.
La investigación se centraba en la figura del empresario venezolano, hoy afincado en Estados Unidos, Guido Alejandro Antonini Wilson, que introdujo en 2007 el dinero en Argentina.
El tribunal ratificó así una resolución que había confirmado la extinción de la acción penal respecto otros dos imputados en la causa, entre ellos Claudio Uberti, un ex alto funcionario del Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y que comandaba la comitiva del avión que transportó a Argentina el maletín con el dinero.
«La decisión ha sido revisada y confirmada por la Cámara de Apelaciones y el impugnante no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio», sostuvieron los magistrados en el fallo unánime.
El «caso del maletín» se convirtió en un escándalo político y judicial en Argentina después de que el propio Wilson y fiscales de Estados Unidos apuntasen que el dinero procedía de Venezuela y estaba presuntamente destinado a financiar la campaña electoral de Cristina Fernández, extremo que siempre fue negado por los gobiernos de Caracas y Buenos Aires. (I)
Santiago Blanco Bermúdez afirmó que el Gobierno pretende que su cliente sea visto como «el mal en persona».
Funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner criticaron el caracter «opositor» de la multitudinaria manifestación.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, eludió ayer por segundo día consecutivo referirse al pedido de imputación hecho el viernes por un fiscal. Más bien destacó su capacidad para aguantar situaciones adversas al frente del gobierno.
“Cuando se asombran de todo lo que tengo que aguantar les digo que aprendí en la Patagonia, con el viento, el frío, la nieve y el olvido”, expresó en un discurso en El Calafate, donde inauguró un hospital.
Fernández no se refirió al pedido de imputación que el viernes presentó en su contra el fiscal Edgardo Pollicita, por presuntamente intentar garantizar la impunidad de siete ciudadanos iraníes involucrados en el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y que causó 85 muertos.
Pollicita pidió al juez Daniel Rafecas imputar a Fernández, al canciller Timerman y a varios colaboradores por presunto “encubrimiento por favorecimiento personal agravado” y posible “impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El fiscal solicitó también unas 50 medidas de prueba, que incluyen allanamientos, exámenes de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales, para avanzar en la acusación contra Fernández, según informó ayer el diario Clarín.
Pollicita siguió la senda de investigación que había iniciado su colega Alberto Nisman, hallado muerto el pasado 18 de enero en su departamento de un balazo en la cabeza, lo que para el gobierno es una maniobra de “golpismo judicial”.
Los diarios de Santa Cruz, tierra natal del fallecido expresidente Néstor Kirchner, publicaron ayer un escrito en el que varios legisladores, dirigentes oficialistas e integrantes de la familia presidencial defendieron la gestión de la mandataria tras el pedido de imputación.
Según los firmantes, la jefa de Estado “y su equipo de gobierno” enfrentan un “cúmulo de maniobras desestabilizadoras de todo tipo”, entre ellas la “falsa imputación” de Pollicita.
Para el ministro de Economía, Axel Kicillof, “en un año electoral hay un apuro por sacar causas del sombrero” y “hay fiscales y jueces dispuestos a hacer el juego de enlodar ante la sociedad a los funcionarios del gobierno, más allá de que estos juicios por ahí llevan años y no se resuelven nunca, pero generan títulos de diarios”. “Yo también tengo denuncias penales en contra, tal vez me llamen y me imputen”, dijo. (I)
Somos más importantes que los reflectores, somos más importantes que las cámaras, que lo que pueda decir un diario”.
Cristina Fernández,
Presidenta de Argentina.
La presidenta de Argentina dijo que está dispuesta a ‘aguantar’ lo que sea necesario, luego de ser imputada por presunto encubrimiento a terroristas.
«Estamos tercamente empecinados en brindar alegría», dijo Fernández en su primer acto público tras denuncia.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner no comentó este sábado la acusación penal en su contra de encubrir a exgobernantes iraníes sospechosos del atentado antisemita de 1994, denuncia que había impulsado el fiscal Alberto Nisman, muerto en circunstancias misteriosas el 18 de enero.
Vea también: Cristina Fernández, imputada por denuncia del fiscal Nisman
Durante la inauguración de un anfiteatro, Kirchner remarcó que su gobierno «está tercamente empecinado en brindar alegría» al pueblo, pero no hizo ningún comentario sobre la acusación penal presentada por el fiscal Gerardo Pollicita el viernes contra ella, su canciller Héctor Timerman y otros allegado al gobierno.
La mandataria recibió la noticia de su acusación penal en pleno vuelo desde Buenos Aires a El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, adonde permanecerá el fin de semana largo por los feriados de lunes y martes de carnaval y donde tiene previstos varios actos para inaugurar obras.
Aunque no hay información oficial al respecto, la prensa argentina especula que la presidenta permanecerá en la Patagonia al menos hasta el jueves, cuando cumplirá 62 años.
De ser así estaría ausente en la capital argentina el miércoles cuando se realice una marcha de silencio convocada por fiscales y apoyada por la oposición al cumplirse un mes de la muerte de Nisman.
CALAFATE, Argentina.- La presidenta Cristina Fernández en la inauguración del anfiteatro (AFP)
Pese al silencio de la mandataria, miembros del gobierno desestimaron este sábado la denuncia que presentó el viernes el fiscal Gerardo Pollicita.
«Es un verdadero disparate», dijo a la prensa el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, uno de los aspirantes presidenciales para las elecciones de octubre.
Vea también: Correa tilda la acusación contra Cristina Fernández de intento desestabilizador
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, destacó que en el escrito del fiscal no hay pedido de citar a declarar a la presidenta.
«No han podido sostener nada, por eso no hay pedido de indagatoria», aseguró.
Kirchner, que termina su mandato este año, puede ser citada a declarar, presencial o por escrito, si el juez que lleva este caso, Daniel Rafecas, así lo decide cuando vuelva de su licencia esta semana.
Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento en Buenos Aires cuatro días después de haber acusado a Kirchner, a su canciller Héctor Timerman y a otros allegados al gobierno de encubrir a los iraníes.
Su muerte se produjo la víspera de presentar pruebas acusatorias ante el Congreso.
Nisman investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos, el más grave en la historia argentina que lleva más de 20 años en la impunidad. (I)
«Estamos tercamente empecinados en brindar alegría», dijo Fernández en su primer acto público tras denuncia.
La Presidenta de Argentina está acusada de encubrir a los sospechosos del atentado terrorista contra la sede de una mutual judía en su país en 1994.
La Justicia argentina comenzó a investigar el martes el hallazgo del ADN de otra persona en la escena de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que acusó a Irán por un atentado antisemita y a la presidenta, Cristina Kirchner, de encubrirlo.
«El perfil genético distinto al de Nisman se ignora aún a quién corresponde», dijo la jueza Fabiana Palmaghini, informó este martes el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial.
Nisman tenía 51 años cuando apareció muerto en circunstancias todavía no esclarecidas el 18 de enero pasado en el baño de su apartamento con un disparo en la cabeza y una pistola calibre 22 en la mano derecha, que le había pedido a un colaborador suyo, Diego Lagomarsino.
Cuatro días antes, el fiscal había acusado a Kirchner de encubrir a exgobernantes iraníes, entre ellos al expresidente Ali Rafsanjani, de organizar el ataque explosivo de 1994 con 85 muertos y 300 heridos en la mutual judía AMIA.
El ADN podría pertenecer a policías, funcionarios judiciales, familiares que entraron a la vivienda, a Lagomarsino, que lo visitó la víspera para llevarle el arma, o incluso a algún custodio, según los investigadores.
La fiscal Viviana Fein ha indicado desde el principio de la investigación que el caso pudo ser un homicidio, suicidio o suicidio inducido.
Lagomarsino, despedido el lunes de la fiscalía porque le consta «que no trabajó», es el único imputado en la causa por el delito de entregar un arma a quien no tenía permiso de usarla.
El Gobierno sostiene que Lagomarsino es un agente de Antonio ‘Jaime’ Stiuso, poderoso exjefe de los servicios de inteligencia destituido en diciembre tras revistar 42 años entre los espías y ser estrecho ayudante de Nisman.
La oposición afirma que Nisman es una víctima del gobierno, Kirchner dice que es un complot para desacreditarla, mientras que un 70% de argentinos cree que jamás será esclarecido el caso.
Un grupo de fiscales convocó para el miércoles 18, a un mes del deceso, a una marcha de silencio a la que sumaron los principales candidatos presidenciales de la oposición de derecha y socialdemócrata. Las elecciones nacionales se celebran en octubre próximo.
En 2005, Nisman, con apoyo del entonces presidente, Néstor Kirchner (2003-2007) hoy fallecido, acusó a los iraníes de estar implicados del atentado en Buenos Aires. (I)
Diego Lagomarsino, el hombre que prestó el arma que mató a Alberto Nisman, el fiscal argentino que acusaba a iraníes del atentado antijudío de 1994 en Buenos Aires, fue despedido el lunes de su puesto de colaborador judicial, informó el portal oficial Infojus.
Lagomarsino, un analista informático colaborador de la Fiscalía, fue el hombre que le llevó a Nisman hasta su apartamento una pistola calibre 22 que el fiscal le había pedido presuntamente para defenderse, según el portal del Ministerio de Justicia.
El arma fue hallada por los policías empuñada por la mano derecha de Nisman al ser descubierto el cadáver el 18 de enero en el baño de su apartamento, en un caso de alto impacto político que la Justicia evalúa si fue suicidio u homicidio.
«El nuevo fiscal (temporario, Alberto Gentili) solicitó que se le dé la baja a Lagomarsino, porque le consta que no trabajó», dijo a radio Nacional Rock Luis Viillanueva, vocero de la Procuración General (jefatura de fiscales).
Nisman había acusado el 14 de enero a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a los exgobernantes iraníes sospechosos de organizar el atentado contra la mutual judeo-argentina AMIA, con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
La denuncia del fiscal sostiene que Kirchner y otros funcionarios querían proteger a los iraníes, entre ellos al expresidente Ali Rafsanjani, a cambio de petróleo, aunque el crudo de Teherán no sirve para ser procesado en Argentina.
Según el gobierno, Lagomarsino es un agente de Antonio ‘Jaime’ Stiuso, exhombre fuerte de los servicios de inteligencia del Estado y señalado con algún grado de responsabilidad en la enigmática muerte de Nisman.
La fiscal investigadora Viviana Fein ha anunciado que Stiuso, que sirvió a gobiernos democráticos e incluso a la dictadura (1976-1983), será llamado a declarar esta semana.
Nisman también sostuvo en su denuncia contra Kirchner que había pedido anular el pedido de captura de los iraníes por Interpol, pero las autoridades de la entidad policial lo desmintieron.
Nisman era fiscal especial de la causa AMIA desde 2004, cuando recibió el respaldo del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
En enero de 2013 la presidenta Kirchner firmó un acuerdo con Irán para sentar en el banquillo a los iraníes, iniciativa que fue resistida por Nisman y los dirigentes de la colectividad judía en Argentina, la más grande de América Latina.
Lagomarsino declaró en la Justicia que Nisman le pidió el arma porque temía ser víctima de algún ataque, aunque tenía custodia las 24 horas.
Los fiscales de la Justicia argentina convocaron a una marcha del silencio para el 18 de febrero, cuando se cumpla un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en oscuras circunstancias días después de denunciar a la presidenta Cristina Kirchner, informaron este viernes.
El fiscal Carlos Stornelli reclamó junto a sus colegas comprender el significado de la muerte de Nisman e invitó a la ciudadanía a marchar el 18 de febrero: «Que el silencio signifique la paz que necesitamos», dijo en una declaración conjunta ante la prensa con sus colegas.
Stornelli advirtió: «La muerte macabra debe movilizar a una toma de conciencia de que Nisman fue el primer caso pero podría no ser el último».
El fiscal Guillermo Marijuan ratificó que la manifestación que recorrerá pleno centro de Buenos Aires -desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo donde se encuentra la Casa de Gobierno- será un homenaje al fallecido fiscal.
«No es una marcha contra nadie», dijo Marijuan tras pedir a los asistentes que lleven «sólo haya banderas argentinas».
Otro fiscal, José María Campagnoli, pidió respeto por «el trabajo, la independencia y la libertad de investigar de los fiscales», al respaldar la convocatoria a la marcha.
Nisman apareció muerto de un disparo en la cabeza el pasado 18 de enero en su apartamento de Buenos Aires, cuatro días después presentar una denuncia señalando a la presidenta por encubrimiento de exfuncionarios iraníes imputados en la causa por el atentado antisemita de 1994 en Buenos Aires, que mató a 85 personas.
Ese ataque ha sido objeto de un complejo proceso en la justicia argentina, que ha revelado graves irregularidades por parte de jueces, fiscales y sobornos de falsos testigos, por el cual el atentado más importante en la historia del país sigue impune.
El fiscal Nisman presidía desde 2004 la fiscalía especial para aclarar el atentado contra ese centro judía AMIA y tras 10 años de investigación su última denuncia apuntaba al encubrimiento de los iraníes por parte del actual Gobierno.
Desde la muerte del fiscal Argentina parece sumida en una novela policial, con revelación de nombres de supuestos espías, mensajes de teléfono, llamadas e hipótesis sobre las supuestas razones de la muerte de Nisman, con una pistola calibre 22 prestada por un estrecho colaborador.
La causa que investiga la fiscal Viviana Fein está calificada como «muerte dudosa» y el abanico de posibilidades incluye el suicidio, el suicidio inducido o el asesinato.
La sociedad argentina está dividida entre los que creen que Nisman fue una víctima del gobierno al que acusaba de encubrimiento y los que aseguran que se trata de un complot contra la presidenta Cristina Kirchner, organizado por poderosos agentes de inteligencia desplazados de sus puestos.
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