Bolivia insta a Chile a ‘respetar sus promesas’ y permitir su salida al mar

Bolivia exigió este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Chile «cumpla con su obligación» y «respete sus repetidas promesas, su compromiso de negociar un acceso soberano al mar» perdido por La Paz tras una guerra a finales del siglo XIX.

«Chile ha afirmado una y otra vez, independientemente del tratado de 1904, que negociaría el acceso soberano de Bolivia», declaró Eduardo Rodríguez Veltzé, embajador de Bolivia en Holanda y representante de su país ante la CIJ, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya.

La corte ha programado audiencias hasta el viernes para determinar si tiene competencia para resolver el conflicto entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978.

«Desde el armisticio de 1884, Chile prometió permitir que Bolivia tuviera un acceso soberano al mar», dijo el representante, que destacó que este compromiso estaba recogido en «repetidos contratos legales» de 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975.

«Nos convertimos en un pueblo sin salida al mar en el corazón del continente, con grandes consecuencias para nuestro crecimiento económico y social y para la integración internacional», añadió.

Bolivia sostiene que perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras la guerra del Pacífico (1879-1883) contra Chile.

Bolivia quiere que la CIJ ordene a Chile «renegociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia para llegar a un acuerdo que le asegure un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico».

En su audiencia del martes, Chile acusó a Bolivia de querer «cuestionar la estabilidad de las fronteras» y de pretender renegociar el tratado de 1904 que, según Chile, fijó la cuestión fronteriza entre ambos países.

Para Mathias Forteau, uno de los abogados de Bolivia, «no hay ninguna duda de que las objeciones preliminares planteadas por Chile deben ser rechazadas».

Según Forteau, el único interés de Bolivia es hacer que el Tribunal constate dos cuestiones.

Por un lado, que «paralelamente al tratado de 1904, Chile se comprometió, en una serie de acuerdos y promesas unilaterales, a negociar» una salida al mar para Bolivia; y por otro, que «Chile no ha respetado este compromiso de negociar».

Chile considera que en virtud de un tratado de 1948, el Tribunal no puede pronunciarse sobre los acuerdos firmados entre La Paz y Santiago antes de esta fecha.

Sin embargo, La Paz considera que el tratado de 1948 no se aplica en este caso, pues su petición es «independiente» al tratado de 1904. (I)

Evo Morales habla de respeto a la ONU

Bolivia está “preparada para todo” respecto de la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su demanda marítima contra Chile, dijo ayer el presidente, Evo Morales, quien reiteró su confianza en los resultados del proceso.

“El Estado, el gobierno, gracias al pueblo boliviano, gracias a la estabilidad social y política, estamos preparados para todo”, afirmó el mandatario.

Morales respondió así a la pregunta de qué pasaría con el sueño boliviano de lograr un acceso soberano al mar si fracasa la gestión en el tribunal de Naciones Unidas.

Destacó que hay mucha jurisprudencia que respalda la argumentación de Bolivia cuando pide a la CIJ un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe y en firme su centenario reclamo de tener una reintegración de su acceso soberano al Pacífico.

Chile, sostuvo Morales, “trata de meter miedo al mundo entero” con su advertencia de que un fallo a favor de Bolivia puede servir de precedente para que se revisen los límites territoriales en otros casos.

Asimismo, agregó que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su canciller, Heraldo Muñoz, deberían ser un ‘modelo’ de respeto a las instituciones de la ONU como la CIJ, ya que antes fueron altos funcionarios de esa entidad.

Esta semana, los magistrados de la CIJ escuchan los alegatos orales de ambos países sobre una petición chilena de incompetencia para tratar el fondo de la demanda de Bolivia.

Bolivia demandó a Chile ante la CIJ en el 2013 en busca de un fallo que obligue al país austral a negociar en firme y de buena fe la centenaria reclamación boliviana de una restitución del acceso soberano al Pacífico perdido en una guerra en 1879.

Chile objetó la jurisdicción de la Corte y rechazó el reclamo boliviano con el argumento de que los límites quedaron zanjados en un tratado firmado en 1904, veinticinco años después de la guerra. (I)

Inician alegatos ante la CIJ por proceso Chile-Bolivia sobre frontera marítima

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda) inicia este lunes una semana de alegatos orales en el litigio que enfrenta a Chile y Bolivia por el acceso de este segundo país al Pacífico, que se centrará en si este tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre el caso.

Bolivia, después de años de negociaciones con Chile sin lograr una salida al Pacífico a través de una cesión territorial soberana, decidió en abril de 2013 llevar el caso a la CIJ, a la que pidió que declare que Santiago tiene «la obligación de negociar» un acceso soberano completo al océano.

Chile presentó en julio de 2014 una objeción preliminar sobre la jurisdicción de la CIJ, es decir, una invitación a que este tribunal se declare incompetente para pronunciarse sobre el asunto, que será la cuestión sobre la que se centren las audiencias de esta semana.

En Bolivia, la Presidencia y todas las instituciones estatales lucen desde el lunes las banderas azules «de la reivindicación marítima», que han sido izadas para acompañar a la misión en la Corte de La Haya.

Las banderas serán la expresión de la «unidad del pueblo boliviano y del profundo sentimiento de que Bolivia» debe tener una reparación por «la invasión» sufrida en 1879 que le quitó el territorio costero en el Pacífico, dijo el domingo el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Por su parte, el agente chileno en el caso de la demanda marítima boliviana ante la CIJ, Felipe Bulnes, anticipó en una entrevista publicada por el diario «El Mercurio», que los alegatos de su país serán «precisos, contundentes y firmes».

«Esta es una carrera que estamos convencidos que vamos a ganar en los primeros 100 metros, en la objeción preliminar, ojalá sea así», declaró Bulnes.

La CIJ escuchará el lunes en el primer turno de intervención a Chile, que intentará probar su argumento de que este alto tribunal no tiene competencia para decidir sobre este caso.

La delegación chilena defenderá que las relaciones entre ambos países ya quedaron establecidas por el tratado de paz de 1904, que puso fin a la guerra del Pacífico.

Chile asegura que ese pacto estableció que Bolivia «no tiene puerto soberano», aunque reconoce que no lo dice expresamente sino que se dejó la fórmula abierta porque Santiago aún tenía que negociar su frontera norte con Perú entre las ciudades de Tacna y Arica.

Cuando Chile y Perú cerraron su acuerdo fronterizo en 1929 estipularon que ninguno de los dos podría ceder a un tercero una porción del territorio limítrofe sin el consentimiento del otro, lo que en la práctica implica que si Santiago negocia con Bolivia una salida al mar por Arica, Lima tiene que consentir.

El miércoles será Bolivia la que tenga la oportunidad de exponer sus argumentos.

Según este país, la CIJ es plenamente competente para resolver el caso en virtud del llamado «Pacto de Bogotá», que creó esta corte en abril de 1948, y que ambos países reconocen.

Bolivia sostiene además que su petición al tribunal internacional es independiente del tratado de 1904, y alega que Chile se comprometió posteriormente a lo largo de los años y de distintos acuerdos, practicas diplomáticas y declaraciones públicas a negociar «un acceso soberano al mar», según los documentos remitidos a la Corte de La Haya.

El país andino afirma que la pérdida de su litoral fue producto de una invasión de tropas de Chile, que declaró la guerra mucho tiempo después de haber ocupado la costa boliviana.

En esa contienda, Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de territorio. (I)

Perú protestará por admisión en CIDH de casos de sentenciados por terrorismo

Perú presentará una protesta «al más alto nivel» por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir 59 casos de personas condenadas por terrorismo que pretenden ser liberadas e indemnizadas por el Estado.

«Estamos generando una durísima protesta al nivel más alto por la decisión de la CIDH de admitir y acumular 59 casos de terroristas debidamente procesados y encarcelados y que ahora pretenden ser liberados e indemnizados por el Estado», dijo el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén, citado por la agencia oficial Andina.

El ministerio de Justicia está estudiando uno por uno estos 59 casos, «que involucran a 63 subversivos sentenciados, para que la protesta, que se presentará a la mayor brevedad,esté debidamente documentada», precisó.

«No nos queremos precipitar ni que lo nuestro se vea como un voluntarismo o una pataleta. Eso va a ser perfectamente documentado y en esos extremos vamos a presentar nuestra protesta», señaló el ministro.

Adrianzén aseguró que con las pruebas documentadas de los sentenciados los casos no podrían ser elevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Sería inconcebible que esto ocurra, ya sería el colmo de los colmos que también pretendan llevarlo a la Corte», dijo el ministro, citado por Andina.

Según informó, la CIDH admitió los casos de los 59 peruanos semanas atrás, debido a una presunta afectación y violación de sus derechos humanos. (I)

Miles de manifestantes marchan en Baltimore tras imputación de policías

Miles de manifestantes se concentraron hoy ante la Alcaldía de Baltimore (Maryland, EE.UU.) en un nuevo día de protestas, en un clima más calmado tras el anuncio ayer de la imputación de seis policías por la muerte del joven negro Freddie Gray, después de estar en custodia policial.

Parte de los manifestantes recorrieron el trayecto desde el barrio donde vivía Gray, Gilmor Homes, hasta el centro de la ciudad donde se encuentra la Alcaldía, y en el que diversos líderes comunitarios ofrecieron discursos en un ambiente festivo.

La jornada de hoy contrasta con los violentos disturbios y saqueos ocurridos a comienzos de semana después del funeral de Gray, de 25 años, quien sufrió una lesión de columna grave que le provocó la muerte una semana después de su arresto el 12 de abril, aunque aún no han sido detalladas las causas de su lesión.

Los protestantes, gran parte de ellos venidos de otras partes del país y con pancartas como «Quién controla a la policía de Baltimore»?, celebraron la imputación de los seis policías ayer viernes por parte de la fiscal estatal de la ciudad, Marilyn Mosby, quien precisó que considera la muerte de Gray un homicidio provocado por malas prácticas durante una detención «ilegal».

Kwame Rose, uno de los líderes comunitarios, señaló al diario Baltimore Sun que «tenemos que trabajar dentro del sistema para derrocar el sistema» al rechazar el empleo de la violencia.

Por su parte, Malik Shabazz, presidente nacional del grupo Abogados Afroamericanos por la Justicia y organizador de la marcha, subrayó que «se trata de continuar la lucha por la justicia contra la brutalidad policial y reconocer el dolor y el sufrimiento de la población negra en Baltimore».

En las últimos días, la ciudad, apenas a 60 kilómetros de Washington D.C., ha ido retomando poco a poco la normalidad, aunque se mantiene el toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana decretado por el gobernador del estado de Maryland.

También participó en la concentración el congresista demócrata por Maryland, Elijah Cummings, quien destacó que «la triste muerte de Gray ha creado finalmente un movimiento».

«Esto es el comienzo de algo grande. Creo que provocará que los departamentos de policía de todo el país se replanteen cómo tratan a la gente que detienen», recalcó Cummmings. (I)

14 años de prisión para exjefa de inteligencia del Gobierno de Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este jueves a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado, que fue jefa de los servicios de inteligencia durante la Presidencia de lvaro Uribe (2002-2010), por espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados del país.

La sentencia rebaja la pena pedida por la Fiscalía, que solicitó 20 años de cárcel para Hurtado por el escándalo de las escuchas ilegales, ocurrido entre agosto de 2007 y octubre de 2008.

Junto a Hurtado, la Corte sentenció a ocho años de reclusión a Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante parte del Gobierno Uribe, también involucrado en la misma trama. (I)

Condenada a 14 años de prisión la exjefa de inteligencia de Uribe

La exdirectora del DAS y el exsecretario de la Presidencia de Álvaro Uribe fueron hallados culpables de espiar a opositores, periodistas y magistrados

Loretta Lynch se convierte en la primera mujer afroamericana en ser Fiscal General

Después de cinco meses de esperar por su juramentación, Lynch hizo historia y prometió mejorar la relación de la policía con las minorías. 

Tras noche de violencia, Baltimore se prepara para el funeral de Freddie Gray

Sacudida por violentas manifestaciones el sábado, Baltimore se prepara para enterrar a Freddie Gray.

Periodistas paraguayos marchan para exigir mayor seguridad tras asesinatos

Periodistas de diferentes medios de comunicación de Paraguay se manifestaron este sábado en Asunción para exigir mayor seguridad en el ejercicio de su profesión, después de que en el último año y medio fueran asesinados cinco comunicadores paraguayos.

Los manifestantes, que conmemoran el Día del Periodista, portaban pancartas en defensa de la libertad de expresión y algunos de ellos llevaban también camisetas con el rostro del periodista Pablo Medina, asesinado junto a su asistente Antonia Almada en octubre pasado.

La marcha finalizó frente al Palacio de Justicia, donde se leyó un manifiesto condenando los asesinatos y denunciando lo que en Paraguay ya se conoce como «narcopolítica», los supuestos vínculos entre algunos representantes del poder político con el tráfico de drogas.

El término fue adoptado tras el asesinato de Medina, periodista del diario ABC Color que investigaba la posible existencia de estas conexiones en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil, país al que se dirige la mayor parte de la marihuana de Paraguay, el mayor productor de Sudamérica de esa droga.

La Justicia paraguaya sostiene que el autor intelectual del asesinato fue Vilmar Acosta, exalcalde de un pueblo de ese departamento por el oficialista Partido Colorado, quien se dio a la fuga y posteriormente fue detenido en Brasil.

Acosta está imputado en Paraguay por ese crimen y por un delito de tráfico y acopio de marihuana.

«El asesinato de Medina supuso un golpe muy duro, porque nos dimos cuenta de que no estábamos seguros. Si un corresponsal de un medio de tirada nacional moría asesinado, significaba que los periodistas de medios más pequeños estaban aún más desprotegidos», dijo a Efe Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP).

Recordó además que, desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, 17 periodistas han muerto asesinados en el país sin que se hayan esclarecido totalmente las circunstancias de su muerte ni castigado a los culpables.

«La impunidad está defendida por el sistema de la narcopolítica, que denunciaba Pablo Medina y que su asesinato puso sobre el tapete», aseguró Ortiz.

Al asesinato de Medina y Almada se sumaron en el último año y medio los asesinatos de los comunicadores Fausto Alcaraz, Edgar Fernández y Gerardo Servián, quien murió tiroteado cerca de la frontera con Brasil.

Además de los riesgos para la vida, el SPP considera que en Paraguay el sector también sufre otras amenazas a la libertad de expresión, como la «creciente precarización» de las condiciones laborales en el sector periodístico.

‘Persecución a radios comunitarias’

«Seguimos con bajos salarios, sin poder firmar contratos colectivos, con problemas de explotación y con muchos compañeros sin acceso a la Seguridad Social. La concentración de los medios en grandes grupos empresariales está provocando una mayor precariedad», denunció.

En paralelo a esta concentración, Ortiz señaló que la actual Ley de Telecomunicaciones usa la «persecución y represión» contra las radios comunitarias y alternativas.

«La Ley y las modificaciones que el Gobierno pretende incluir acogotan económicamente a los medios comunitarios y restringen su alcance. Además, el organismo encargado de brindar las licencias no otorga permiso a los medios comunitarios y frecuentemente les confiscan sus equipos o tienen que enfrentar juicios», expuso Ortiz.

El Día del Periodista recuerda la fundación el 26 de abril de 1845 del periódico El Paraguayo Independiente, primer medio de prensa del país, así como el aniversario de la muerte del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1991 en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en octubre que la libertad de prensa en Paraguay ha experimentado «profundos altibajos», especialmente a raíz de los asesinatos de periodistas.

El último informe sobre la libertad de prensa elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a Paraguay en el puesto 105 de un total de 180 países. (I)

Corte Suprema de Honduras abre el camino a la reelección presidencial

La Corte Suprema de Justicia hondureña declaró inconstitucional la norma que impedía la reelección, vigente desde 1981

Los padres de Michael Brown demandan a la ciudad de Ferguson, Missouri

La demanda es por «muerte por negligencia» y exige una indemnización de $75,000 por daños y perjuicios.

David Petraeus fue condenado a dos años de libertad condicional

El exdirector de la CIA fue condenado por haber entregado a su biógrafa y amante material clasificado.

Justicia investiga muerte de un afro

El Departamento de Justicia dijo ayer que inició una investigación federal sobre derechos civiles por la muerte de un hombre negro mientras estaba bajo custodia policial en Baltimore, Maryland (este de Estados Unidos).

La tensión se siente en la ciudad de 620.000 habitantes a raíz de la muerte, el domingo pasado, de Freddie Gray, de 25 años, producto de una fractura de las vértebras cervicales.

Según medios que citan a su familia, su laringe también estaba quebrada.

“Sabemos que estaba bien cuando entró a la camioneta de la Policía pero ya no reaccionaba a su salida”, señaló la alcaldesa de la ciudad, Stephanie Rawlings-Blake.

Gray fue detenido el 12 de abril sin oponer resistencia y luego fue acusado de portar una navaja automática, según un informe de la Policía.

La familia de Gray participó el martes en una tercera noche de manifestaciones en Baltimore, por el último de una serie de hechos que reavivaron tensiones raciales y conmovieron al país, entre estos el deceso del joven negro Michael Brown en Ferguson, el 9 de agosto. (I)

La esperanza es lo último que se pierde

Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice, habla sobre la reforma migratoria en época electoral.

El atentado de Oklahoma, la tragedia olvidada, cumple 20 años

El 19 de abril de 1995 un camión con explosivos estalló frente al edificio gubernamental Alfred P. Murrah.

El FBI reconoce errores que supusieron condenas a muerte y ejecuciones

Admitió «errores de científicos en el análisis de cabellos mediante microscopio o informes de laboratorio».

Acusan a exmilitar estadounidense de matar y desmembrar a su novia en Panamá

Brian Karl Brimager habría matado a su novia, desmembrado el cuerpo y se deshizo de él en una isla panameña.

Frustración entre los indocumentados por la falta de fallo en New Orleans

Inmigrantes que esperaban por el fallo de la Corte de New Orleans se sienten cansados ante la dilatación del proceso migratorio

Sigue el suspenso de la acción ejecutiva

Los tres jueces del panel de la Corte de Apelaciones escucharon los argumentos y responderán pronto.

Juez ordena seguir adelante con la demanda de Víctor Jara en Florida

Un juez federal del estado de Florida desestimó la solicitud de un militar chileno acusado de haber participado en el asesinato del cantante Víctor Jara para que cerrara su caso y le ordenó que responda de inmediato a los cargos de tortura y matanza extrajudicial que enfrenta.

En su resolución, el juez Roy Dalton Jr., sin embargo, resolvió desechar las acusaciones de crímenes de lesa humanidad interpuestas por la familia de Jara contra el teniente retirado chileno Pedro Barrientos.

«Estamos complacidos porque nuestro caso podrá seguir adelante por torturas y matanza extrajudicial», dijo a la AP Almudena Bernabeu, una de las abogadas del Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas, que representa a la familia de Jara. Pero lamentó que «la corte haya desechado los crímenes de lesa humanidad, porque el asesinato de Victor Jara es un crimen contra la humanidad».

La decisión de Dalton se debió a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prohíbe a los magistrados abordar casos de lesa humanidad cometidos en el extranjero.

En su resolución de 14 páginas del 14 de abril, a la que la AP tuvo acceso el jueves, el juez le ordenó a Barrientos responder a las acusaciones antes del 28 de abril.

La decisión del magistrado del tribunal federal del distrito del centro de Florida en Orlando allanó el camino para que la demanda civil llegue a un juicio oral, tras los intentos de Barrientos de que fuera archivada.

En los próximos meses las partes deberán presentar sus alegatos y evidencias y el juicio podría comenzar hacia comienzos del año próximo y extenderse por al menos dos semanas, de acuerdo con los demandantes.

Demanda

La familia de Jara presentó en septiembre de 2013 la demanda en nombre del fallecido cantautor y activista chileno, alegando que Barrientos, quien reside en Florida y se desempeñó como militar del ejército chileno durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), ordenó a los soldados que estaban bajo su mando que torturaran a Jara.

El artista y activista político fue detenido, torturado y encarcelado pocos días después de la llegada de Pinochet al poder en septiembre de 1973.

Barrientos, quien forma parte de un grupo de oficiales que también enfrentan acusaciones penales en Chile por la muerte de Jara, introdujo a comienzos de marzo una moción pidiéndole al juez que desechara el caso. En el documento, el militar alegó que la demanda había prescrito porque fue presentada 40 años después de la muerte de Jara y 24 años después de que él se mudara a Estados Unidos, en 1989. Dijo también que la justicia estadounidense no tenía jurisdicción sobre el caso.

El militar ha negado estar involucrado en la muerte de Jara y ha asegurado que no sabía quién era el cantautor en el momento del golpe de Estado.

El abogado de Barrientos en Estados Unidos, José Báez, no respondió los mensajes de correo electrónicos enviados por AP.

Tortura

La esposa de Jara y sus dos hijas -Joan Jara, Amanda Jara Turner y Manuela Bunster, respectivamente- alegan que Barrientos estaba a cargo del centro de detenciones adonde fue llevado Jara y que él ordenó a sus subordinados que lo torturaran. Luego él mismo participó en una especie de ruleta rusa y efectuó el disparo letal.

En Chile la Corte de Apelaciones cerró recientemente el sumario por el homicidio de Jara, lo que significa el fin de la etapa investigativa. En esa causa hay 12 procesados, incluido Barrientos.

En Estados Unidos, a diferencia de Chile, la demanda es civil y por ello Barrientos sólo enfrenta una condena monetaria que podría ser millonaria, pero no una pena de cárcel.

La familia de Jara sostiene que con esta demanda lo que busca es ante todo que se haga justicia y que finalmente Barrientos pueda ser expatriado a su país para que enfrente allí a la justicia.

En la nación sudamericana se requiere la presencia del imputado para pasar a la fase de juicio.

Maestra de kínder muere asesinada por su exesposo frente a alumnos en Argentina

Una maestra de kínder fue degollada este miércoles por su ex esposo frente a sus alumnos en la sala de una guardería de niños de la ciudad de San Francisco, en la provincia argentina de Córdoba.

El atacante, un reconocido empresario local, quedó detenido tras el hecho y a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales señalaron que el hombre tiene problemas psiquiátricos e incluso antes del ataque había estado recluido en una institución de salud mental, señaló la agencia de noticias DyN.

La víctima tenía 44 años, era madre de dos hijos de 17 y 21 años y había logrado mediante la Justicia la exclusión del hogar del hombre por antecedentes de violencia directa.

La docente fue asesinada en la mañana de hoy en la guardería «Estrellitas traviesas», en la ciudad de San Francisco, en el centro del país.

Testigos indicaron que el hombre se abalanzó sobre su víctima, delante de los niños de la guardería y la atacó con un cuchillo en el cuello. La maestra murió desangrada.

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba indicó que la maestra tenía en su poder un botón antipánico desde septiembre de 2014, debido a las denuncias reiteradas contra su ex marido, pero al parecer hoy no alcanzó a presionarlo para alertar a las fuerzas de seguridad.

El hombre detenido, indicó la prensa local, era responsable de una fábrica de conservadoras termoplásticas y cajas de pesca conocida en su ciudad.(I)

Cuba garantizó a EEUU que miembros de ETA y FARC no operarían en la isla

La Habana «garantizó por escrito» a EEUU que no permitirá que los miembros de ETA o de las FARC tramen acciones desde Cuba contra ningún país.

Allanan casa de la madre del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman

La Justicia argentina ordenó hoy allanar el domicilio de la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en enero en circunstancias aún no esclarecidas, luego de que la mujer ampliara este martes su declaración ante la fiscal del caso.

El procedimiento fue realizado por personal de la división Homicidios de la Policía Federal, que requisó el apartamento y la baulera (depósito) del domicilio de Sara Garfunkel, madre de Nisman, en el barrio porteño de Belgrano.

Según informó la agencia oficial Télam, el allanamiento fue ordenado por la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, a pedido de la fiscal del caso, Viviana Fein.

Fuentes del caso citadas por Télam indicaron que los policías buscaron un arma de fuego registrada a nombre de Nisman.

El allanamiento fue realizado después de que hoy, durante varias horas, Garfunkel ampliara su declaración ante la fiscal Fein, quien de momento mantiene dos hipótesis posibles sobre la muerte: el suicidio o un asesinato.

Mientras, la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman y a cargo de la querella en este caso, asegura que se trató de un crimen y cuestiona la labor de Fein.

Nisman, quien investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue hallado muerto en el baño de su apartamento, con un tiro en la cabeza.

Junto al cadáver se encontró una pistola calibre 22, de la que, según las pericias, salió el disparo que acabó con su vida.

El arma le fue entregada un día antes por Diego Lagomarsino, un informático que colaboraba con Nisman en la Fiscalía.

Luego Arroyo Salgado denunció la existencia de una cuenta bancaria que Nisman compartía en Estados Unidos con Lagomarsino, Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, hermana del procurador.

Según informaron medios locales, Fein interrogó a Garfunkel sobre si había retirado objetos de las caja de seguridad compartidas con su hijo y sobre la cuenta bancaria denunciada por Arroyo Salgado.

La madre de Nisman, junto a uno de los custodios del fiscal, fue la primera en entrar al apartamento de Nisman el 18 de enero pasado, tras varias horas sin tener noticias de su hijo.

El fiscal fue encontrado muerto cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. (I)