Policías austriacos dan con el paradero de un presunto pedófilo en Quito

Policías austriacos especializados en ciberdelincuencia facilitaron el arresto en Ecuador de un presunto pedófilo que había publicado desde este país fotografías de una de sus víctimas, anunció este miércoles la policía judicial en Viena.

Los policías austriacos, que habían interceptado fortuitamente la fotografía, consiguieron identificar el país e incluso el colegio donde estudiaba la víctima, de 12 años, precisó un portavoz de la policía, Mario Hejl.

Estas informaciones se transmitieron inmediatamente a través de Interpol a la policía de Ecuador, que detuvo a un sospechoso en marzo. Se trata del conserje de la escuela, ubicada en Quito (Pichincha).

Estos policías austriacos son especialistas del programa informático Tor, utilizado por criminales y también por activistas de derechos humanos, el cual asegura el anonimato de los usuarios en internet, o en el «darknet», el internet no controlado. (I)

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Congreso argentino debate disolver servicio de Inteligencia tras muerte de Nisman

Dos comisiones del Senado argentino comenzaron el martes a debatir la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI), proyecto de la presidenta Cristina Kirchner en reacción a las oscuras maniobras vinculadas con la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la mutual judía en 1994.

La iniciativa crea una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sin el poder que tenía la SI en las escuchas telefónicas ni tampoco su influencia sobre los casos de perfiles políticos que se ventilan en los tribunales.

El secretario del SI, Oscar Parrilli, nombrado en diciembre pasado cuando Kirchner desplazó a la cúpula del organismo, defendió el proyecto y lamentó que la oposición se hubiera retirado del recinto para manifestar su desacuerdo.

Los principales bloques de oposición consideran que Kirchner intenta en este momento desviar el eje de la discusión sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta de encubrimiento de sospechosos iraníes en la causa por el atentado contra el centro judío AMIA.

La AFI se enfocará en «delitos federales complejos como terrorismo, narcotráfico, trata de personas» pero insistió en que no hará tareas de inteligencia interior «salvo que esté en riesgo la seguridad del país».

Los senadores de la oposición anticiparon que no estarán presentes en el Senado -controlado por el oficialismo- cuando se debata el proyecto.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG dedicada a la defensa de derechos humanos, apoyó la reforma por quitarle poder a los espías, pero advirtió que «no se reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal».

El CELS dijo que crear la AFI es quedarse «a mitad de camino en la incorporación de controles políticos, parlamentarios y judiciales a las tareas de inteligencia».

La razón de por qué ahora el kirchnerismo lanza la reforma tras 12 años en el poder es que sospecha una venganza de exfuncionarios de la SI echados el 17 de diciembre pasado.

Según el gobierno, agentes despedidos «armaron» una denuncia contra Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque a la mutual judeo-argentina AMIA en Buenos Aires, con saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue llevada a Nisman por agentes de la SI, algunos de ellos caídos en la purga de fin de año.

El cadáver de Nisman fue hallado en su apartamento con un disparo en la cabeza el 18 de enero, en una causa caratulada «muerte dudosa».

Bajo el respaldo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el fiscal acusó en 2004 a exgobernantes iraníes, en un caso aún sin esclarecer.

Detención

Argentina logró que Interpol aprobara el pedido de captura de nueve acusados, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani y la denuncia recibió el apoyo de Estados Unidos e Israel.

Agentes argentinos de inteligencia, con la colaboración de servicios secretos de Estados Unidos e Israel, proveyeron a Nisman de datos para acusar a los iraníes.

Pero en 2011, la presidenta y esposa del fallecido expresidente firmó un acuerdo con Irán para llevar al banquillo de los acusados a los exgobernantes.

El convenio fue rechazado por dirigentes de la colectividad judeo-argentina por considerar que Teherán no la cumpliría e incluso Nisman se opuso terminantemente.

La oposición venía reclamando en forma unánime una reforma en los desacreditados servicios de inteligencia, pero ahora se opone.

El senador opositor socialdemócrata Luis Juez dijo en rueda de prensa que «todos los gobiernos los utilizaron (a los agentes) para negocios inconfesables».

Una marcha de sectores de izquierda fue convocada para el miércoles para reclamar una comisión independiente que investigue todos los casos.

El gobierno confía en que la creación de la AFI sea aprobada en menos de un mes, con la mayoría que dispone en ambas cámaras. (I)

Imputan a colaborador de Nisman por prestar el arma que mató al fiscal argentino

La fiscal argentina que investiga la misteriosa muerte de su colega Alberto Nisman imputó a un colaborador del fallecido funcionario por haberle dado el arma que acabó con su vida, en un caso que ha conmocionado a la sociedad y sacudido a la clase política del país.

Nisman estaba a cargo de la fiscalía especial que investiga el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, y días antes de su fallecimiento había acusado a la presidenta Cristina Fernández de un complot para encubrir a los iraníes acusados del estallido que dejó 85 muertos en Buenos Aires.

El fiscal fue hallado el domingo 18 de enero en el baño de su departamento con un disparo en la sien y un arma a su lado, justo horas antes de una reunión agendada con diputados para presentar detalles de su denuncia, que también involucra al canciller argentino, dos dirigentes políticos y un legislador.

Su colaborador Diego Lagomarsino declaró ante la justicia que le prestó el arma porque el propio Nisman se la había pedido supuestamente para protegerse.

«(Lagomarsino) se encuentra imputado por facilitar el arma Bersa calibre 22 hallada en el departamento de Alberto Nisman», dijo en un comunicado de Viviana Fein, la fiscal del caso.

«La fiscal está evaluando las pruebas recolectadas y los testimonios para saber hasta dónde podría extenderse la imputación», añadió la nota de Fein.

Datos de autopsia

El trágico final de Nisman es investigado bajo el rótulo de «muerte dudosa» y las autoridades han dicho que no se descarta ninguna de las tres hipótesis: suicidio, suicidio instigado o asesinato.

La fiscal Fein informó el fin de semana que la autopsia determinó que el arma fue disparada a una distancia inferior a un centímetro de la sien, lo que apoya la teoría del suicidio.

«Fue prácticamente apoyando el arma sobre el parietal derecho», dijo Fein al canal de noticias TN.

Pero todavía hay muchas dudas.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ya ha comenzado a investigar a los oficiales de policía asignados para proteger a Nisman. El fiscal tenía una custodia personal compuesta por diez agentes de la policía federal.

«He pedido (…) un sumario administrativo para ver cómo se actuó, de qué manera se actuó y si la custodia actuó correctamente», dijo al final de la semana pasada Berni, a una radio local. «Quiero saber hora por hora cómo fueron los acontecimientos».

De acuerdo con medios locales, los dos agentes de seguridad que debían encontrarse con Nisman en la mañana del domingo de su muerte -y que ya declararon ante la fiscal Fein- dieron versiones contradictorias respecto de a qué hora subieron al departamento del fiscal ese día a tocarle el timbre.

Mientras tanto, Fein dijo el lunes que comenzó un «análisis profundo» sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de Nisman, después de detectar «falencias» en los registros escritos de ingresos y egresos del lujoso complejo ubicado en el barrio de Puerto Madero.

El Gobierno sospecha que la muerte de Nisman pudo haber sido instigada por agentes de inteligencia desplazados recientemente.

Lea también: Conmoción por muerte de fiscal que acusó a Cristina Fernández en Argentina

La denuncia de Nisman -unas 300 páginas que se conocieron la semana pasada- fue considerada débil por el Gobierno y algunos expertos, que argumentan que los servicios de inteligencia que colaboraban con el fiscal pudieron brindarle información falsa.

Nisman creía que hubo un fallido plan secreto entre Buenos Aires y Teherán para «desincriminar» a varios iraníes -sobre los que pesan alertas rojas de Interpol- a fin de restablecer los lazos diplomáticos y comerciales bilaterales. (I)

Gobierno, justicia y ciudadanos piden aclarar muerte de fiscal de Argentina

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusó el miércoles pasado a la presidenta argentina de encubrir a Irán en la causa por el atentado antisemita de 1994, Cristina Fernández, jueces y ciudadanía reclaman aclarar un fallecimiento investigado como suicido o «instigación al suicidio».

El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta.

Antes, la Presidencia anunció la desclasificación de información de Inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, solicitada la semana pasada por Nisman.

Grupos de oposición convocaron a miles de personas en varias ciudades del país, especialmente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, que con el lema «Yo soy Nisman», pidieron justicia y «fin a la impunidad K» (K, en referencia al gobierno Kirchner).

Cacerolazos y bocinazos de autos se escucharon en otros barrios de la capital, casi a la misma hora en que Kirchner divulgó una larga carta en Facebook y Twitter, las redes donde corrieron cadenas y hashtag durante la jornada llamándola #CFKasesina, entre otros insultos.

«AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes», tituló Kirchner en una carta crítica al fiscal Nisman.

«No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal», dijo en referencia a la causa por el ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos y lleva 20 años sin esclarecerse.

Desclasificación de información

La Presidenta argentina se preguntó quién «ordenó» a Nisman interrumpir sus vacaciones en España y presentar una denuncia de 350 hojas -«¿su escrito?»-, que tal vez «debía tener preparadas con anterioridad» o «tal vez alguien se las dio cuando volvió».

Así como el gobierno ordenó desclasificar material que pedía el fiscal difunto, el juez Ariel Lijo, que recibió la denuncia de Nisman, también dispuso medidas urgentes para preservar las escuchas telefónicas en las que se basa el pedido de indagatoria de Kirchner.

La semana pasada, cuando la denuncia de Nisman sorprendió a los medios y enojó al gobierno, se indicó que Lijo estaba de vacaciones hasta febrero y su reemplazante, la jueza María Servini de Cubría, consideró no tomaría el caso.

Lijo dispuso «medidas urgentes» para incautar más de 300 discos compactos con las grabaciones telefónicas obtenidas con la intervención de líneas telefónicas de un ciudadano iraní y hombres cercanos al gobierno.

Las organizaciones judías AMIA y la DAIA convocaron a un acto para el miércoles en Buenos Aires al que invitan a todas la ciudadanía bajo el lema «verdad y justicia».

El gobierno insistió en que se trató de un suicidio, aunque dirigentes oficialistas y de oposición también hablaron de un «suicidio inducido».

El diputado oficialista Andrés Larroque, que está imputado en la causa, dijo que hay que investigar «quien empujó al fiscal a esta decisión».

La fiscal que lleva la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, dijo que «se podría hablar de un suicidio».

«El cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa» y aclaró que resta el examen toxicológico del cuerpo.

«La causa está caratulada como muerte dudosa», afirmó la fiscal, que también informó que «el arma que se encontró con él no era propiedad del fiscal Nisman, era de un colaborador, lo estamos corroborando».

La firma en enero de 2013 de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como «inconstitucional» por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, la mayor de América Latina.

El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.

Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de «encubrimiento agravado» de la llamada «conexión local», que dio la logística para perpetrar el atentado. (I)

Israel pide a Argentina que continúe la labor de fiscal hallado muerto

Israel instó este lunes a las autoridades argentinas a continuar con el trabajo de un fiscal que fue encontrado muerto tras denunciar un complot para encubrir a los acusados iraníes en un ataque contra la sede de una mutual judía en 1994.

La semana pasada, el fiscal Alberto Nisman acusó al Gobierno de querer encubrir al grupo de iraníes sospechosos del ataque contra la mutual AMIA, en el que murieron 85 personas.

Según el fiscal, el Gobierno buscó «desincriminar» a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Argentina, que sufre un déficit energético de unos 7.000 millones de dólares, buscaba comprar petróleo a cambio de granos y armas, señaló el fiscal.

El Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, desestimó las acusaciones y las describió como «ridículas» en declaraciones a un canal de televisión estatal.

El cuerpo de Nisman fue encontrado sin vida con al menos un disparo en el baño de su departamento en la capital argentina, horas antes de presentar los detalles de su denuncia en una reunión privada con diputados de Argentina en la tarde del lunes.

El Gobierno

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel lamentó la muerte de Nisman «en circunstancias trágicas».

Según el comunicado enviado por el ministro el lunes, Nisman era un «jurista valiente y destacado que peleó incesantemente por la justicia, que trabajó con una gran resolución para exponer la identidad de quienes perpetraron el atentado terrorista y a aquellos que los enviaron».

«El Estado de Israel manifiesta su esperanza de que las autoridades argentinas continúe con la actividades de Nisman y que hagan todos los esfuerzos para exigir justicia a aquellos responsables por los ataques terroristas en Argentina», añadió la declaración.

La Justicia argentina ha acusado por el atentado a varios ciudadanos iraníes, entre ellos un ex ministro de Defensa, pero Irán ha rechazado esos cargos.

En el 2007, las autoridades argentinas consiguieron órdenes de arresto de la Interpol para cinco ciudadanos iraníes y un libanés por el atentado.

En 1992, otra bomba había destruido la embajada de Israel en la capital de Argentina en un ataque en el que murieron 29 personas.

Un fiscal acusa a la presidenta argentina por encubrir ataque

Un fiscal argentino acusó ayer a la presidenta Cristina Fernández y al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, por un supuesto plan para encubrir a Irán de sus responsabilidades en el atentado contra la mutual judía AMIA, en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.

La denuncia fue recibida con cautela por grupos de la comunidad judía y calificada como algo “ridículo” por el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.

El fiscal Alberto Nisman, que investiga el atentado, pidió a un juez federal la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de 200 millones de pesos ($ 23 millones) de Fernández, de Timerman, del diputado oficialista Andrés Larroque y de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, por “acordar la impunidad de Irán” en este caso.

En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la presidenta por los delitos de “encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional”.

Según el fiscal, el gobierno buscó “desincriminar” a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. Agrega que la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del gobierno argentino para “librar de toda sospecha a los imputados iraníes” y “fabricar la inocencia de Irán”.

Argentina, que sufre un déficit energético de unos 7.000 millones de dólares, buscaba comprar petróleo a cambio de granos y armas, señaló el fiscal. “Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad”, dijo Nisman en declaraciones a periodistas.

La justicia ha acusado por el atentado a ocho iraníes, entre ellos exfuncionarios, que el gobierno del país asiático se ha negado a entregar a pesar de que pesa sobre ellos una orden de captura de Interpol. (I)

Interpol lanza orden de búsqueda de expresidente de Ucrania Víctor Yanukóvich

El expresidente ucraniano Víctor Yanukóvich es objeto de una orden de búsqueda internacional emitida por la Interpol por una serie de delitos financieros que le imputa la justicia de su país.

La Interpol precisó en una «alerta roja», visible este lunes en su página de internet, que Ucrania reclama a Yanukóvich, de 64 años, por apropiación indebida y malversación de fondos.

Yanukóvich fue destituido en febrero del pasado año tras varias semanas de protestas populares desatadas por la decisión del entonces jefe de Estado de renunciar, bajo la presión de Rusia, a la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea.

Algo más de un centenar de personas, entre manifestantes y policías, murieron en los enfrentamientos que precedieron a la huida a Rusia del entonces presidente, tras su destitución por el Parlamento.

Las nuevas autoridades de Kiev pidieron poco después a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que lo procesara por crímenes contra la humanidad por su responsabilidad en la represión de las manifestaciones.