El Gobierno argentino calificó este miércoles de «endeble» la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por negociar un supuesto «plan criminal de impunidad» para los presuntos autores del atentado contra la mutual judía AMIA.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, consideró que el fiscal fue engañado al creer en los datos que le suministraron para formular la denuncia contra la presidenta y algunos de sus colaboradores, entre ellos el canciller, Héctor Timerman.
«No hay absolutamente nada, es algo totalmente endeble, sin concepto», dijo el funcionario a la prensa tras la publicación de las 300 páginas de la denuncia presentada hace una semana por Nisman, quien fue hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires el domingo por la noche.
Fernández sostuvo que el fiscal creyó en una «doble SIDE (Secretaría de Inteligencia)», al reiterar que los espías citados en su presentación judicial no trabajan para el Gobierno.
Al ser consultado por un periodista si creía que Nisman actuó con ingenuidad, el funcionario respondió: «Usted lo dijo mejor que yo».
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, coincidió con el secretario general de la Presidencia y subrayó que «son falsos» muchos de los datos que figuran en la denuncia de Nisman.
Ambos funcionarios pidieron prudencia «hasta que estén todas las pericias» antes de calificar la muerte del fiscal.
Nisman estaba a cargo de la investigación del mayor atentado contra intereses judíos ocurrido en Argentina, el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos en 1994.
La semana pasada, el fiscal denunció a Fernández y otros dirigentes oficialistas por considerar que el memorándum de entendimiento con Irán, aprobado en 2013 para investigar el atentado, incluía el supuesto encubrimiento de algunos de los acusados a cambio de relaciones comerciales e intercambio de petróleo por granos en el marco de la crisis energética argentina. (I)
Argentina seguía este miércoles llena de dudas. En medio de la tensión, investigadores descubrieron un tercer punto de acceso al piso del fiscal argentino.
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusó el miércoles pasado a la presidenta argentina de encubrir a Irán en la causa por el atentado antisemita de 1994, Cristina Fernández, jueces y ciudadanía reclaman aclarar un fallecimiento investigado como suicido o «instigación al suicidio».
El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta.
Antes, la Presidencia anunció la desclasificación de información de Inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, solicitada la semana pasada por Nisman.
Grupos de oposición convocaron a miles de personas en varias ciudades del país, especialmente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, que con el lema «Yo soy Nisman», pidieron justicia y «fin a la impunidad K» (K, en referencia al gobierno Kirchner).
Cacerolazos y bocinazos de autos se escucharon en otros barrios de la capital, casi a la misma hora en que Kirchner divulgó una larga carta en Facebook y Twitter, las redes donde corrieron cadenas y hashtag durante la jornada llamándola #CFKasesina, entre otros insultos.
«AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes», tituló Kirchner en una carta crítica al fiscal Nisman.
«No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal», dijo en referencia a la causa por el ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos y lleva 20 años sin esclarecerse.
Desclasificación de información
La Presidenta argentina se preguntó quién «ordenó» a Nisman interrumpir sus vacaciones en España y presentar una denuncia de 350 hojas -«¿su escrito?»-, que tal vez «debía tener preparadas con anterioridad» o «tal vez alguien se las dio cuando volvió».
Así como el gobierno ordenó desclasificar material que pedía el fiscal difunto, el juez Ariel Lijo, que recibió la denuncia de Nisman, también dispuso medidas urgentes para preservar las escuchas telefónicas en las que se basa el pedido de indagatoria de Kirchner.
La semana pasada, cuando la denuncia de Nisman sorprendió a los medios y enojó al gobierno, se indicó que Lijo estaba de vacaciones hasta febrero y su reemplazante, la jueza María Servini de Cubría, consideró no tomaría el caso.
Lijo dispuso «medidas urgentes» para incautar más de 300 discos compactos con las grabaciones telefónicas obtenidas con la intervención de líneas telefónicas de un ciudadano iraní y hombres cercanos al gobierno.
Las organizaciones judías AMIA y la DAIA convocaron a un acto para el miércoles en Buenos Aires al que invitan a todas la ciudadanía bajo el lema «verdad y justicia».
El gobierno insistió en que se trató de un suicidio, aunque dirigentes oficialistas y de oposición también hablaron de un «suicidio inducido».
El diputado oficialista Andrés Larroque, que está imputado en la causa, dijo que hay que investigar «quien empujó al fiscal a esta decisión».
La fiscal que lleva la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, dijo que «se podría hablar de un suicidio».
«El cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa» y aclaró que resta el examen toxicológico del cuerpo.
«La causa está caratulada como muerte dudosa», afirmó la fiscal, que también informó que «el arma que se encontró con él no era propiedad del fiscal Nisman, era de un colaborador, lo estamos corroborando».
La firma en enero de 2013 de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como «inconstitucional» por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, la mayor de América Latina.
El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.
Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de «encubrimiento agravado» de la llamada «conexión local», que dio la logística para perpetrar el atentado. (I)
Los argentinos han vuelto hoy a las calles para exigir que se aclare la muerte del fiscal Alberto Nisman, último capítulo de una tragedia que comenzó hace 20 años con uno de los atentados más sangrientos de la historia del país.
Los informes preliminares de la autopsia, que han confirmado que Nisman se disparó un tiro en la sien con una pistola calibre 22 que se encontró bajo su cuerpo, en su domicilio de Buenos Aires, no han sido suficientes para despejar las dudas que rodean a su muerte.
La fiscal del caso, Viviana Fein, ya adelantó que se investigará si la muerte del fiscal, que trabajó durante ocho años para esclarecer la trama del atentado contra la mutual judía AMIA y terminó denunciando a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas, se debió a un «suicidio inducido».
(EFE)
Precisamente Fernández rompió a última hora su silencio con una extensa carta colgada en una red social en la que denunció la existencia de una historia «muy sórdida» y de «interrogantes» tras la muerte de Alberto Nisman y defendió los intentos de su Gobierno por esclarecer el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
«En el caso del suicidio del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y por sobre todas las cosas, muy sórdida. La tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina», señaló la mandataria.
Fernández alertó también contra intentos de «desviar, mentir, tapar y confundir» sobre el atentado contra la AMIA y cargó contra agentes de Inteligencia y medios opositores.
Horas antes, el Gobierno autorizó la desclasificación del material de inteligencia que utilizó el fiscal de la causa AMIA.
Mientras, la oposición reclamó una investigación exhaustiva y advirtió de la gravedad de los acontecimientos.
«Estoy consternada. Me parece algo absolutamente grave, de una gravedad institucional muy fuerte», denunció la diputada Patricia Bullrich, quien había convocado a Nisman a exponer hoy ante una comisión de la Cámara de Diputados.
Para la diputada opositora Elisa Carrió, el caso es fruto de una «guerra de los sótanos del poder», «de una guerra judicial loca».
Tras ocho años de investigaciones, Alberto Nisman denunció el miércoles a Fernández por considerar que el memorándum de entendimiento aprobado en enero de 2013 con Irán incluía un presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA a cambio de las relaciones comerciales y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en Argentina.
La oposición reclamó este lunes que se mantenga su línea de investigación y le rindió un homenaje en el Congreso, aunque el mayor reconocimiento a la figura del fiscal se ha registrado en las calles de las principales ciudades del país, donde miles de personas, convocadas a través de las redes sociales, se han movilizado en reclamo de verdad y justicia y han vuelto a hacer sonar su cacerolas contra el Gobierno de Fernández.
En la capital, miles de personas se concentraron en la emblemática Plaza de Mayo, con pancartas y carteles con consignas como «Yo soy Nisman», «Justicia por Nisman» o «Todos somos Nisman», y frente a la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la ciudad.
En la Plaza de Mayo se escucharon eslóganes como «que se vayan todos, que no quede ni uno solo», «se va a acabar, se va a acabar la dictadura de los K» y hasta gritos de «asesina» dirigidos a la mandataria argentina.
(EFE)
La concentración de Buenos Aires alcanzó puntos de máxima tensión cuando varios manifestantes intentaron saltar las vallas que acordonan la Casa Rosada, que preside la Plaza De Mayo, y se registraron cuatro heridos por inhalación de gas pimienta.
Nisman, de 51 años y que estaba al frente de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA desde 2004, había asegurado esta vez que tenía pruebas que demostraban que, tal como apuntaba la investigación y la comunidad judía, Irán y la organización Hizbulá estuvieron detrás de la planificación y ejecución de ese ataque.
Un fiscal federal denunció a la presidenta argentina por la supuesta negociación de un «acuerdo de impunidad» con Irán.