Lo que inició como una protesta en un evento donde estaba el gobernador, culminó en golpes hacia los manifestantes.
El terror del albergue ‘La Gran Familia’, descubierto en 2014 en Michoacán, podría no ser cosa del pasado.
La Corte de Apelaciones de Caracas mantiene la medida privativa de libertad dictada contra el líder opositor Leopoldo López y que siga recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como el penal de Ramo Verde, próximo a Caracas.
Esto tras el fallo de este organismo judicial que declaró ayer “sin lugar” la apelación interpuesta por la defensa de López contra la decisión del tribunal penal que lo juzga de rechazar recomendaciones internacionales de dejarlo en libertad.
La Constitución venezolana no exige el cumplimiento obligatorio de decisiones internacionales, “menos aún cuando el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas lo que emitió fue una recomendación” de poner en libertad a López, dice el fallo.
El opositor se entregó el 18 de febrero del 2014. (I)
El relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, dijo hoy que mantiene su disposición al diálogo con Australia pese a que el primer ministro, Tony Abbott, acusara a su oficina de dar «sermones» sobre la política de su Gobierno contra la inmigración ilegal.
«Mi oficina y yo estamos absolutamente dispuestos a dialogar con el Gobierno australiano, a cualquier nivel y en cualquier momento, de forma privada o pública, porque mi intención es ayudar a Australia a vivir de acuerdo con sus obligaciones bajo el derecho internacional», declaró Méndez a la cadena local ABC.
Méndez presentó el lunes un informe en el que se señalaba que la prolongada detención obligatoria de los solicitantes de asilo o el retorno de los inmigrantes a países donde pueden ser torturados contraviene la convención internacional contra la tortura, lo que motivó a Abbott a arremeter contra la ONU por sus «sermones».
Asimismo, el mandatario australiano exigió que Naciones Unidas dé más crédito al Gobierno de Camberra porque con su política ha detenido el flujo incesante de barcos con inmigrantes y puesto fin a las muertes en alta mar.
«Me apena que crea que estamos dando sermones. No creemos que es nuestro papel. Tratamos a todos los países de la misma manera y tratamos de que se respeten los estándares internacionales de la manera que creemos se debe hacer», respondió el relator, de origen argentino.
En esas declaraciones Méndez admitió que «Australia tiene un sistema democrático robusto que garantiza los derechos humanos de todos», pero acotó que su misión y su deber es «señalar cuando cualquier país, incluyendo Australia, no cumple con sus obligaciones bajo las leyes internacionales».
En todo caso, el representante de la ONU manifestó que no se siente contrariado por la reacción de Abbott porque al menos ha provocado un «gran debate» en Australia y, después de todo, es mejor tener una «respuesta desmedida» al silencio.
Este texto se suma a otros recientes que critican la política de inmigración de Australia, como el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos y un estudio elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Australia reclamando la liberación de los niños solicitantes de asilo.
El Gobierno australiano comenzó a principios de este siglo una política consistente en detener en alta mar a inmigrantes indocumentados y enviarlos a centros en terceros países para que tramiten desde allí sus peticiones de asilo.
Muchos de los inmigrantes que viajan a Australia huyen de conflictos, como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que escapan de la discriminación o de la condición de apátridas, como la minoría rohingya en Birmania (Myanmar) y la bidun en Kuwait. (I)
El Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó que un extranjero de origen ecuatoriano, de 24 años de edad, se quitó la vida el sábado en la estación de la agencia federal en Morelia, estado suroccidental de Michoacán.
El cuerpo de Ángel T. fue encontrado a las 06:30 hora local (12:30 GMT) por migrantes guatemaltecos, quienes se percataron de que se encontraba colgado con una bufanda en el baño de hombres, por lo que dieron aviso al personal del INM.
A la vista de los 21 extranjeros guatemaltecos que se encontraban en la estación, los agentes migratorios le practicaron los primeros auxilios para tratar de reanimarlo, pero minutos más tarde se confirmó su fallecimiento, indicó el INM en un boletín.
«Ante estos hechos, la autoridad migratoria dio aviso al Ministerio Público Federal y del Fuero Común, al Servicio Médico Forense, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte del ecuatoriano», apuntó.
De acuerdo con el texto, Ángel T. ingresó a la estación migratoria el 5 de marzo y de ello se dio aviso al consulado de Ecuador para su reconocimiento de nacionalidad y retorno asistido.
«El INM informa que las autoridades competentes realizarán la necropsia de ley, así como las investigaciones que sean necesarias para determinar la causa de la muerte del extranjero, y se dio inmediato aviso a la representación consular de Ecuador», apuntó.
Añadió que «ante este penoso suceso, el INM lamenta profundamente el deceso de Ángel T., y precisa que se proporcionará toda la ayuda que necesiten sus familiares para llevar a cabo el reconocimiento de identidad y repatriar los restos humanos a su país de origen». (I)
Indocumentados que han recibido una licencia de conducir en California dicen que su vida ha cambiado para bien.
Gobierno de Peña Nieto afirma ante el Consejo de DDHH de la ONU que las indagatorias no han concluído.
Danny Jano, un asirio cristiano, huyó con su familia con lo puesto tras oír que los yihadistas del grupo Estado Islámico se acercaban a su aldea en el noreste de Siria.
«Escuchamos disparos y bombardeos durante siete horas antes de decidirnos a abandonar nuestra casa», explica por teléfono a la AFP desde la capital provincial de Hasake, donde se encuentra refugiado con su familia.
«Después de eso, oímos que Daesh (acrónimo en árabe del Estado Islámico) se acercaba a nuestra aldea».
«Fueron las cinco horas más largas y difíciles de mi vida», cuenta a la AFP. «Oímos disparos de francotiradores, bombardeos y uno de los coches fue golpeado por un mortero», recuerda.
Jano, su mujer y sus dos hijas huyeron el lunes; el EI ha llevado a cabo una ofensiva de tres días en la que ha conquistado al menos una decena de localidades cristianas y ha secuestrado a al menos 220 asirios en la provincia de Hasake.
Jano, que trabajaba como sastre en aldea, Tal Misas, explica que los habitantes abandonaron en la huida sus tractores y vehículos. El viaje duró cinco aterradoras horas.
«Sentimos miedo como nunca antes, pero no lo pensamos dos veces», afirma. «Condujimos, aún en pijama, no miramos atrás y no paramos hasta llegar aquí».
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), el grupo EI busca vengarse de la ofensiva kurda en la región de Hasake apoyada por bombardeos de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos.
En los tres días de contraataque del Estado Islámico, cerca de un millar de familias asirias, unas 5.000 personas en total, huyeron de sus casas para refugiarse en Hasake y Qamishli, dos ciudades del noreste controladas por las fuerzas kurdas y gubernamentales, según responsables asirios y activistas locales.
El OSDH elevó a 35 los yihadistas muertos, y a 25 las bajas de kurdos y milicias asirias desde el inicio de la ofensiva el lunes.
Yukhana Harun, líder del Partido Democrático Asirio, contó a la AFP que «la gente llega sin nada», exhausta.
«Es un crimen contra el pacífico pueblo asirio. Ellos (el EI) destruyen la coexistencia, la civilización y la historia, llevándonos siglos atrás, mientras la comunidad internacional mira en silencio. Es una masacre», aseveró.
«En Qamishli, en el Hasake nororiental, se refugiaron unas 200 familias y van a ser alojadas en viviendas de la ciudad», dijo por teléfono a la AFP Jean Tolo, responsable de la organización asiria de ayuda y desarrollo en esa ciudad.
«Llegaron en un estado mental terrible. Han llegado familias sin parar desde hace tres días».
En Siria hay unos 30.000 asirios dentro de una comunidad cristiana de 1,2 millones de personas, que viven principalmente a lo largo del río Khabur en Hasake.
El control de la provincia está dividida entre el EI y los combatientes kurdos, a pesar de que las fuerzas del régimen están presentes en algunas ciudades provinciales.
Desde su llegada a Siria e Irak, el Estado Islámico se ha caracterizado por dar un trato brutal a las minorías étnicas y religiosas.
«Es un crimen cuya fealdad no puede describirse. Quemaron casas, volaron nuestra iglesias, secuestraron a nuestras familias, ¿y todo para qué? Es una pregunta para la que no tengo respuesta», lamenta Jano.
«Pero volveremos, inevitablemente. Mañana, y si no mañana, al día siguiente».
Una ofensiva de la Fuerza Aérea siria dejó 82 muertos en un distrito de la oposición a las afueras de Damasco, en represalia a unos ataques con cohetes de los insurgentes que impactaron en el centro de la capital, dijo este viernes un grupo de seguimiento.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que supervisa la violencia en Siria, dijo que la Fuerza Aérea realizó 60 ataques en el distrito de Ghuta el jueves y viernes.
Dieciocho niños y 11 combatientes estaban entre los muertos, dijo.
La elevada cifra de muertos en los ataques de la Fuerza Aérea no es algo inusual, pero el Observatorio dijo que en esta ocasión fue en respuesta al lanzamiento de cohetes realizado el jueves por parte del Ejército del Islam, en el que murieron 10 personas en Damasco.
Un mensaje en una cuenta de Twitter que se piensa pertenecía al jefe del Ejército del Islam, Zahran Alloush, dijo que el ataque con cohetes era una muestra de lo que había hecho el Ejército sirio en Ghuta. Alloush describió Damasco como una «zona militar» y dijo que su grupo respondería a cualquier ataque de la Fuerzas Aérea.
El Ejército del Islam se formó de una fusión entre facciones insurgentes en 2013 y ha recibido respaldo de Arabia Saudita.
La ONU dice que 200.000 personas han muerto desde 2011 en la guerra civil de Siria, que comenzó con unas protestas pacíficas contra el presidente Bashar al-Assad. Las protestas se convirtieron en un levantamiento armado después de que las fuerzas de Assad tomaran duras medidas contra los manifestantes. (I)
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció en la ONU que espera que para junio México cuente con una ley general de desaparición forzada.
“El Congreso inició sesiones ayer (lunes) y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo Gómez Robledo, jefe de la delegación de México, al término del examen sobre la situación de los desaparecidos en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Gómez Robledo se comprometió además a subsanar la inexistencia de un registro exclusivo de desapariciones forzadas. “Hay un registro que mezcla personas no localizadas y eventualmente personas desaparecidas forzadamente, es algo que hay que corregir sin duda alguna”, admitió.
Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama de la desaparición de 43 estudiantes de Iguala, el pasado 26 de septiembre, estuvo presente. Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de los desaparecidos, mostraron escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos. (I)
Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas cuando un autobús explotó este domingo en el centro de la capital siria, Damasco, indicó una ONG.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) no pudo dar inmediatamente los motivos de esta explosión ocurrida cerca del barrio de Suk al Hamidiye.
La agencia oficial Sana informó de una «explosión terrorista en un autobús que transportaba viajeros en la zona de Kalase», cifrando en cuatro los muertos y 19 los heridos.
Según Rami Abdel Rahmane, director del OSDH, el autobús transportaba a peregrinos chiitas que visitaban lugares santos en la capital.
Algunos barrios del centro de Damasco se han mantenido al margen de los combates que sacuden la mayor parte del territorio sirio desde hace casi cuatro años.
Pero los rebeldes disparan con frecuencia cohetes contra la capital desde sus bases a las afueras de Damasco.
Más de 200.000 personas murieron en Siria desde el inicio del conflicto y casi diez millones de personas debieron abandonar sus casas huyendo de la violencia. (I)
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del procurador general de México, Jesús Murillo Karam, quien aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.
En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos. “No creemos en nada de lo que dicen”, dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecido, Jorge Cruz, de 19 años. “No vamos a permitir que esto se cierre”.
Los familiares acusaron a la Fiscalía de pretender cerrar el caso “de manera descarada” por intereses políticos.
El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó varios argumentos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes.
Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU. El gobierno mexicano “tendrá que responder por estos hechos”.
Esta era la primera vez que el Procurador General afirmaba que todos los estudiantes están muertos a pesar de la ausencia de identificación.
Ayer admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar en torno a la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías corruptos y miembros del cartel de Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre en Iguala.
“Si yo tomo el argumento de que por el hecho de que no pueden identificarse los restos, (…) dejo impune el homicidio”, afirmó el fiscal.(I)
Dudas
investigación
HRW
Las conclusiones de la investigación oficial generan “mucho escepticismo y muchas dudas fundadas” porque se basan en “confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio”, señaló el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco. En tanto, el presidente Enrique Peña dijo que debe haber castigo en este caso.
Las pláticas entre Washington y La Habana tienen más amigos que enemigos, pero los opositores son poderosos.
Más de 130 presos esperan en el corredor de la muerte de las cárceles de Indonesia la aplicación de la condena, declaró este miércoles la ministra de Leyes y Derechos Humanos, Yasonna Laoly, tras la ejecución de seis reclusos el pasado domingo.
«Queremos dar una información precisa, el número de convictos con penas de muerte en varías prisiones (del país) es de 133», precisó Laoly frente a la Casa de Representantes del país asiático, según el diario «Jakarta Post».
De los sentenciados 57 cuentan con penas por tráfico de drogas, dos son culpables de actos terroristas y los 74 restantes son por crímenes que no fueron detallados por la ministra.
El fiscal general de Indonesia, Prasetyo, declaró ayer que más de 60 presidiarios esperan la ejecución aunque no menciono ni cuando ni donde serán materializadas las condenas.
El pasado domingo, seis prisioneros (5 extranjeros, entre ellos un brasileño, y un indonesio) fueron ajusticiados entre la medianoche y las 00:45 hora local de Indonesia (17:00 y 17:45 GMT del sábado) ante un pelotón de fusilamiento en la isla Java, tras ser hallados culpables por delitos de tráfico de droga.
«Esto enviará un mensaje a los miembros de los sindicatos de la droga. No hay clemencia para los traficantes», indicó el fiscal general antes de la ejecución de las condenas.
Organizaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), pidieron una moratoria en la pena de muerte al presidente indonesio, Joko Widodo, quien tomó posesión del cargo en octubre y ha sido considerado por muchos activistas como una esperanza de un cambio en el país.
«El nuevo Gobierno indonesio juró el cargo con la promesa de mejorar el respeto por los derechos humanos, pero proceder con estas ejecuciones sería un movimiento regresivo», señaló el director de AI en Asia, Rupert Abbott, antes de las ejecuciones.
Los fusilamientos son las primeras de las 20 ejecuciones que las autoridades indonesias planean llevar a cabo este año después de que en 2014 no se realizara ninguna.
Podrían ser acusados de encubrimiento y tortura a sobrevivientes de la masacre cometida en junio pasado.
Las autoridades cubanas liberaron ayer al menos a tres presos políticos después del histórico acuerdo alcanzado con Estados Unidos para retomar las relaciones diplomáticas bilaterales, según la disidencia.
“Hemos confirmado tres excarcelaciones de opositores políticos presos”, dijo el activista Elizardo Sánchez, que lidera la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Los tres eran miembros del proscrito movimiento disidente Unión Patriótica de Cuba, activo sobre todo en el este de la isla. Dos de ellos, dos hermanos de apellido Vargas Martín, estaban presos desde diciembre del 2012 y el tercero, el opositor Enrique Figuerola Miranda, desde julio de ese año, señaló Sánchez.
El martes, una portavoz del Departamento de Estado norteamericano aseguró que el gobierno cubano había empezado a liberar a algunos de los 53 presos políticos que debían ser puestos en libertad tras el acuerdo alcanzado entre Washington y La Habana en diciembre pasado, aunque no quiso dar cifras.
El gobierno cubano no ha informado de ninguna liberación de prisioneros posterior a las excarcelaciones del estadounidense Alan Gross y de un espía de origen cubano anunciadas el 17 de diciembre del 2014.
Washington y La Habana anunciaron ese día un histórico acuerdo para retomar sus relaciones diplomáticas tras años de enfrentamiento ideológico.
La Habana acusó durante décadas a los disidentes de ser ‘mercenarios’ de Estados Unidos. Al referirse a ellos tres días después de la reconciliación con Washington, el presidente Raúl Castro los calificó como “unos pocos cientos de individuos que reciben dinero, instrucciones y oxígeno del exterior”. (I)
Dos sujetos detenidos por desacato y desorden público, y otro más acusado de atentado fueron puestos en libertad.
Dos hermanos detenidos en 2012 bajo cargos de desacato y desorden público fueron puestos en libertad.