Nueve de cada 10 personas no quieren comprar esta camiseta de sólo 2.25 dólares. ¿Y usted?

Una campaña muestra el rostro y las condiciones laborales que permiten que Occidente pueda comprar ropa barata 

Robots asesinos, una tecnología que despierta alarmas

Los robots asesinos, máquinas capaces de matar sin la intervención humana, solo existen de momento en la ciencia ficción pero el desarrollo de la tecnología para construirlos alarma a los defensores de los derechos humanos.

«La tecnología avanza muy rápido en esa dirección. Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Rusia, China y Corea del Sur han desarrollado o desplegado precursores de estas armas», explicó a Efe Bonnie Docherty, investigadora especialista en armamento de Human Rights Watch (HRW).

Docherty es la autora principal de un informe reciente de esa organización y la Universidad de Harvard en el que se pide la prohibición del desarrollo, producción y uso de las armas letales autónomas, conocidas como robots asesinos.

«Aunque los expertos no se ponen de acuerdo en pronosticar cuándo estas armas podían materializarse, sí coinciden en que su desarrollo es factible y probable si no se dan los pasos necesarios para detenerlo», comentó la investigadora.

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La tesis detrás de esta urgencia es que la prohibición debe llegar antes de que los gobiernos hayan invertido tanto en tecnología para desarrollar estas armas como para no querer dar marcha atrás.

«Si el desarrollo no se detiene lo antes posible, existe además el riesgo de que versiones preliminares se usen de manera prematura o caigan en manos de grupos armados sin respeto a la ley», argumentó Docherty.

«La comunidad internacional ya consideró importante en el pasado prohibir ciertos tipos de armas de manera preventiva. En 1995 la ONU prohibió las armas que producen ceguera antes de que se comenzaran a usar», añadió.

A diferencia de los polémicos «drones» -aviones no tripulados-, los robots asesinos no precisan de la intervención humana: pueden seleccionar y atacar objetivos de manera autónoma.

«Estos dos tipos de armas despiertan distintos temores. Pero el uso de los drones demuestra que los ejércitos cada vez confían más en la tecnología autónoma», señaló Docherty.

Uno de los aspectos más controvertidos de las armas autónomas es el debate sobre la moralidad de permitir que una máquina tome la decisión de matar a una persona.

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Incluso si el militar supiera que uno de los robots asesinos está a punto de matar a un civil, no podría hacer nada para impedirlo.

Del mismo modo, en el caso de un corte en las comunicaciones, el militar no sabría qué está haciendo la máquina ni, por consiguiente, podría evitar algún tipo de actuación indebida.

«En la mayoría de los casos, ni el programador ni el fabricante ni el comandante ni el operador podrían tener responsabilidad legal por los actos indebidos de la máquina», apuntó Docherty.

«Sería injusto y legalmente imposible responsabilizar al comandante si un arma completamente autónoma comete un acto ilegal e imprevisto que él no ha tenido manera de impedir o prever», añadió.

Petición de la ONU

En 2013 la ONU urgió a los Estados a aplicar moratorias nacionales que detengan el ensayo, producción, montaje, transferencia, adquisición, despliegue y empleo de robots asesinos.

La semana pasada se reunieron en Ginebra expertos y representantes de sesenta países miembros de la ONU para debatir sobre los límites legales y éticos de las armas autónomas.

«Buscamos simplemente un poco más de claridad sobre qué son estas máquinas y cómo debemos enmarcarlas y/o delimitarlas», explicó el diplomático alemán Michael Biontino, presidente de la reunión.

«Por ahora estamos muy lejos de incluso saber cómo son estas máquinas, qué forma tienen, cómo serán. De hecho, creo entender que estamos lejos de que existan porque es muy difícil programar una máquina que tome tantas decisiones por si sola», añadió. (I)

Jalila,12 años: "Cuatro terroristas de ISIS me violaron y uno tuvo sexo conmigo por días"

Testimonios recogidos por HRW confirma que las mujeres y niñas son utilizadas como esclavas sexuales por ISIS 

Palestina se convierte oficialmente en miembro de la Corte Penal Internacional

Palestina se adhirió oficialmente este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que abre la puerta a que responsables israelíes sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes ligados a la ocupación de los territorios.

En una ceremonia a puerta cerrada en la sede de la corte en La Haya, el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Ryad al Malki, recibió una copia simbólica del estatuto de Roma, el elemento constitutivo de la CPI.

Sumarse al tribunal forma parte de un esfuerzo más amplio de los palestinos de poner presión internacional sobre Israel. Su ingreso se formalizó en un momento en que se ven escasas posibilidades de retomar las negociaciones acerca de la formación de un estado palestino, tras la reciente victorial electoral del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que empleó una dura retórica en la campaña.

«Ante la gran injusticia que soporta nuestro pueblo y los reiterados crímenes cometidos en su contra, Palestina ha decidido buscar justicia, no venganza», dijo el ministro Malki a los periodistas después de la ceremonia, llamando a Israel a adherirse al tribunal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, «no debería tener miedo (…) Si Israel tiene quejas (contra los palestinos) debería presentarlas ante la CPI», dijo Al Malki.

Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamas (al que Tel Aviv considera organización terrorista), de «manipular» al tribunal.

Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los palestinos decidieron internacionalizar su causa.

Los palestinos firmaron en enero el tratado fundacional de la CPI, y su inclusión se hizo oficial el miércoles en un acto bienvenido por los activistas que lo ven como una oportunidad de exigir responsabilidades tras años de conflictos entre Israel y los palestinos.

Israel no forma parte de la CPI, pero sus líderes civiles y militares podrían enfrentarse a cargos si se cree que cometieron crímenes en territorio palestino. Israel no hizo comentarios en un primer momento el miércoles.

Investigación

El fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar a mediados de enero después de los palestinos aceptaran formalmente la jurisdicción del tribunal desde justo antes del conflicto del año pasado en Gaza.

La Autoridad Palestina esperará a ver el resultado de la investigación preliminar, dijo Malki. Sin embargo, insistió en que los palestinos están dispuestos a pedir una investigación formal si la evaluación inicial de las pruebas se demora demasiado, aunque no aclaró cuándo sería eso.

Algunas revisiones preliminares llevaron meses, otras prosiguen tras varios años.

La organización Human Rights Watch dio la bienvenida a la Autoridad Palestina como 123er miembro de la CPI, e insistió en que ahora depende de Bensouda determinar si las pruebas son lo bastante sólidas como para una investigación completa.

«Cualquier decisión sobre si realizar una investigación y contra quién no está en manos de los palestinos o de los israelíes», dijo Balkees Jarrah, asesor de justicia internacional en Human Rights Watch.

Crímenes de guerra

Es probable que la revisión se centre en un principio en el conflicto del año pasado en Gaza. Los palestinos sufrieron amplias bajas civiles, llevando a algunos grupos humanitarios a acusar a Israel de crímenes de guerra. También los líderes de Hamas, que gobierna Gaza, podrían verse acusados porque el grupo miliciano disparó cohetes de forma indiscriminada sobre zonas civiles israelíes.

En un comunicado, el miembro de Hamas Ismail Radwan describió el ingreso del miércoles como «un paso en la buena dirección». Los líderes palestinos deben aprovechar la oportunidad para «denunciar la ocupación y combatirla hasta que sea sancionada por sus crímenes contra el pueblo palestino», afirmó.

Además, los fiscales podrían considerar la cuestión de la construcción de asentamientos israelíes, que gran parte del mundo considera ilegal. Pero los fiscales en La Haya no tienen jurisdicción sobre sucesos ocurridos antes de que los palestinos se unieran a la Corte.

La membresía palestina «da esperanza a las víctimas tanto en Palestina como en Israel de que puedan ver que se hace justicia y el conflicto se lleva a un final pacífico», dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición para la Corte Penal Internacional, que respalda y promociona la labor del tribunal. (I)

Ley religiosa de Arkansas en manos del gobernador Hutchinson

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, tiene en su escritorio la polémica legislación votada el martes.

Ejército nigeriano asegura haber tomado Gwoza, el cuartel general de Boko Haram

Nigeria elige presidente el sábado bajo un clima de miedo y en medio de una grave escalada de violencia.

La próxima frontera para los derechos LGBT

ACLU lanzó campaña «Dignidad y Trabajo» para proteger los derechos de la comunidad LGTB en el sur de EEUU.

89 niños sudaneses son secuestrados para reclutarlos para la guerra

Un grupo armado que no fue identificado raptó esta semana en Sudán del Sur a 89 adolescentes en el norte del país, informó ayer Unicef.

Según la agencia de la ONU, especializada en la infancia, el masivo secuestro se produjo a principios de esta semana en la localidad de Wau Shilluk.

Cerca de “89 niños fueron secuestrados”, dijo Unicef en un comunicado, en el que agregó que la cifra podría ser mayor. El organismo indicó que testigos del rapto señalaron que combatientes de un grupo armado que no fue identificado rodearon la comunidad y fueron casa por casa sacando a los niños mayores de 12 años.

“El reclutamiento y el uso de niños en grupos armados destruye familias y comunidades”, dijo Jonathan Veitch, director de Unicef en Sudán del Sur.

Según el organismo, al menos 12.000 niños son utilizados como combatientes en ambos bandos que luchan en la cruenta guerra civil que azota al país desde fines del 2013.

“Los niños están expuestos a un nivel inusitado de violencia, pierden a sus familias y pierden la oportunidad de ir al colegio”, agregó el funcionario de las Naciones Unidas.

“A pesar de las promesas lanzadas por las fuerzas del gobierno y de la oposición, ambos bandos siguen reclutando y utilizando a niños soldados en combate”, advirtió el director para África de la organización Human Rights Watch (HRW), Daniel Bekele, quien acusó al Ejército de Sudán del Sur de reclutar a niños cerca del recinto de la ONU en Malakal, al noreste del país.

Las fuerzas rebeldes también han utilizado a niños tanto en operaciones de combate como en tareas logísticas y de reabastecimiento, aseguró HRW.

“Un chico de 16 años de Bentiu (norte del país) describió su terror cuando, apenas un día después de ser reclutado junto con decenas de jóvenes en diciembre del 2013, uno de los comandantes rebeldes le dio un arma y lo obligó a luchar”, señaló.

HRW exigió al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y a Riek Machar, exvicepresidente y líder de los rebeldes, que emitan órdenes claras para detener el reclutamiento de menores y ayudar a la ONU a reinsertarlos. (I)

Maduro redobla la ofensiva contra opositores y enturbia panorama político en Venezuela

Con la escasez como telón de fondo, el gobierno venezolano redobló su ofensiva contra el ala opositora.

Alcalde Ledezma, acusado de ‘hechos conspirativos’

El arresto del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el jueves, enturbió el panorama político de Venezuela, sumida en una profunda crisis económica.

Cientos de adversarios de Maduro se congregaron pacíficamente ayer en una plaza del este de Caracas para condenar el arresto del alcalde, que catalogaron de “secuestro”, y exigieron la liberación de Ledezma. En el acto intervinieron varios líderes opositores, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, investigada desde el año pasado por su presunto vínculo con un plan para asesinar a Maduro denunciado por el oficialismo.

Se espera que Ledezma sea llevado en las próximas horas a tribunales para su audiencia de presentación. Su abogado, Omar Estacio, dijo que aún no le han informado de los cargos en su contra.

La esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, dijo: “Su abogado y yo pudimos verlo, me abrazó profundamente y me dijo ‘dile a todos los que esperan recobrar la libertad y recobrar la democracia, que el único modo de hacerlo es estar en la calle, no abandonemos la calle’”.

En ese sentido, la coalición opositora convocó a un plan nacional de movilizaciones que no implicará grandes concentraciones, sino el acercamiento directo a la población y visitas casa por casa para estimular al electorado de cara a las elecciones parlamentarias de este año. “Nosotros vamos al encuentro con el pueblo”, dijo el secretario ejecutivo de la coalición, Jesús Chuo Torrealba.

Estacio precisó que Ledezma “no fue golpeado ni acusa lesiones de naturaleza corporal”, pero que fue sacado a “empellones” sin que hubiera ofrecido ninguna resistencia.

Relató que “reventaron las puertas de vidrio que rodean la oficina” y que todo el procedimiento ocurrió sin que “mostraran una orden de allanamiento”. La coordinadora de la comisión de Derechos Humanos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, coincidió en que se violaron procedimientos.

“La orden debe ser debidamente mostrada… Lo esposaron y lo montaron en un vehículo. Por eso no hablamos de una detención, sino de un secuestro”, aseguró.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que con actuaciones como la detención del alcalde de Caracas están “desmantelando un golpe continuado” promovido desde el gobierno de EE.UU., al que acusó de salir “en defensa de los golpistas”.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, calificó de “ridícula” la acusación y señaló que “el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están controlando de cerca esta situación y consideran herramientas que puedan estar disponibles que encaucen al Gobierno de Venezuela en la dirección hacia la que ellos creen que debería dirigirse”.

Durante dos años, desde que asumió el poder, Maduro ha denunciado reiterados intentos de golpes y magnicidios, sin mostrar pruebas.

El portavoz del gobierno chileno, Álvaro Elizalde, dijo que “existe preocupación por que el cuadro de polarización en Venezuela se transforme en un obstáculo significativo para el diálogo entre el Gobierno y la oposición para el fortalecimiento democrático”.

“Esperamos que (Ledezma) cuente con todas las garantías para un debido proceso”, manifestó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. (I)

REACCIONES

Los cancilleres de la Unasur celebrarán un encuentro extraordinario, aún sin fecha, para analizar la situación de Venezuela.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, insistió en que “se aclaren las denuncias” y también “se respeten las garantías del debido proceso”.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que “confía en que todas las partes redoblen sus esfuerzos para avanzar” en un proceso de diálogo.
Dos alcaldes del sur de la Florida, Luigi Boria y Tomás Regalado, anunciaron que enviarán miles de cartas dentro y fuera de EE.UU. para que se repudie la situación de Venezuela y se exija la liberación de los presos políticos.
El Partido de la Social Democracia Brasileña criticó el silencio que mantienen sobre el caso Ledezma los gobiernos del Mercosur.
Human Rights Watch exigió la liberación del líder opositor ante lo que considera una detención “arbitraria”.

La oposición llama a manifestarse tras la detención del alcalde de Caracas

Este viernes se esperan protestas en la capital venezolana tras la detención arbitraria del alcalde opositor Antonio Ledezma.

Ordenan en Alabama emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo

Un juez federal en Alabama instruyó al condado de Mobile emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.

Catar aspira a seguir organizando eventos deportivos luego del Mundial 2022

Catar “no se detendrá” en el intento de albergar eventos deportivos tras el Mundial de fútbol de 2022, comentó el secretario general del Comité Olímpico de Catar, el jeque Saud bin Abdulrahman al Thani, en una entrevista con la AFP.
Abdulrahman al-Thani dijo que el potencial económico del este rico país del Golfo está «disponible para cualquier deporte».
Esto podría significar una hipotética lucha por organizar un segundo Mundial de fútbol, albergar partidos de las mejores ligas, así como optar a otros muchos eventos deportivos.

La ‘verdad histórica’ no convence a mexicanos

“Te amo”. Fue el grito que lanzó el campesino Epifanio Álvarez tras nombrar entre llantos a su hijo Jorge en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. No estaba solo. Decenas de ciudadanos lo acompañaban a él y a otros padres, hermanos, esposas e hijos que también lloraban y sentían su mismo dolor.

Era lunes 26 de enero. Ese día se cumplían cuatro meses de la desaparición de Jorge y de otros 42 compañeros de la escuela rural normalista de Ayotzinapa, luego de protestar en Iguala, en el estado de Guerrero. El mismo lapso en que surgieron las críticas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la indignación de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional porque las autoridades federales tardaron diez días en intervenir y al conocerse, según la Fiscalía, que los estudiantes desaparecieron a manos de un gobierno local ligado al narcotráfico.

De acuerdo con la versión oficial, los policías municipales de Iguala detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula al creer que eran integrantes del grupo rival Los Rojos.

La directora para América de Amnistía Internacional, Érika Guevara, sostiene que el caso Iguala “ha marcado un hito en la historia contemporánea del país. México tiene que cambiar porque hay una concientización política en los jóvenes mexicanos, una necesidad de cambio, de transformación”.

Pero el descontento, que aún permanece en algunos sectores de México, se ha acentuado desde que el fiscal general, Jesús Murillo Karam, presentó el pasado martes un informe que lo considera es la “verdad histórica” del caso luego de recabar 386 declaraciones, 16 allanamientos y la detención de 99 personas, incluido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y policías municipales.

Podemos “llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, concluyó el funcionario.

Peña Nieto, que enfrenta la peor crisis política después de dos años en el poder, en un acto público, plantea darle la vuelta a la página: “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, dijo.

Pero la “verdad histórica” no es suficiente para las familias de los desaparecidos. Ellos se resisten a creer la versión oficial hasta que no haya una comprobación científica. “El presidente dice que no nos podemos quedar en el dolor (…), que debemos avanzar, pero quién puede avanzar cuando te falta alguien en la casa?”, se pregunta Pedro de la Cruz, vocero de los familiares de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los desaparecidos, cuestiona a la Fiscalía que declara muertos a todos los estudiantes a base de los testimonios de algunos de los integrantes de la banda Guerreros Unidos. “No pueden tener toda la contundencia en términos probatorios”, insiste.

Un día después de la difusión del informe, el fiscal admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opina que parece haber existido “premura por concluir mediáticamente esta investigación”, incluso antes de que llegaran a expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

HRW, en su informe mundial 2015 sobre la situación de los derechos humanos, señala que la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada en el 2006 en México, con un despliegue militar contra los carteles del narcotráfico, aunada a la “catastrófica” situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90.000 vidas y 22.000 desaparecidos.

El analista Alejandro Hope coincide con Vivanco. “Ellos están buscando cerrar el caso. “Todavía nos tienen que decir de manera convincente el porqué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan”, añade. David Flores, a nombre de los compañeros de los desaparecidos, dice que detrás “hay un interés político grande”, que son las elecciones (regionales y federativas)…”.

El 7 de junio, los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales. Los grupos más radicales que apoyan a los padres de los 43 afirman que no permitirán comicios en Guerrero, gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática al que pertenecía Abarca. (I)

HRW responsabiliza a Kiev y separatistas de la muerte de civiles en Ucrania

La organización Human Rights Watch (HRW) responsabilizó hoy en su informe anual tanto a Kiev como a los separatistas prorrusos de la muerte de civiles en el este de Ucrania.

«La situación sigue siendo muy tensa y las violaciones las cometen ambos bandos. No hay duda de que las fuerzas gubernamentales ucranianas están usando armamento indiscriminado, incluido lanzaderas de misiles Grad» (Granizo), señaló en una rueda de prensa Yulia Gorbunova, activista rusa de HRW.

Como resultado, precisó, «está muriendo una gran cantidad de civiles, lo que es una violación del derecho internacional».

«Por otra parte, los rebeldes violan las leyes de la guerra convencional al desplegar su infraestructura militar, bases y puestos de control en lugares donde viven civiles, en zonas populosas en el mismo Donetsk y otras zonas del sureste de Ucrania», destacó.

Es por eso, agregó, «que mucha gente muere cuando los insurgentes disparan desde lugares densamente poblados y las fuerzas ucranianas responden».

Precisamente, según HRW, en el conflicto ucraniano un gran número de civiles ha muerto debido al empleo de armamento indiscriminado contra las ciudades.

Gorbunova explicó que la organización de derechos humanos no entrar a valorar cuál es el bando que ha causado mayor destrucción, y centra su informe en su valoración sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario durante la contienda civil en Ucrania.

«El derecho internacional humanitario afecta en igual medida a ambos bandos en conflicto. Y desde el principio hemos detectado violaciones tanto por parte de las fuerzas gubernamentales ucranianas como por parte de los rebeldes», dijo.

Según la ONU y la OSCE, más de 5.000 personas han muerto en Ucrania desde el estallido de la sublevación armada prorrusa en abril del pasado año, varios cientos de ellos desde principios de año.

Padres de 43 preparan la demanda internacional

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del procurador general de México, Jesús Murillo Karam, quien aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.

En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos. “No creemos en nada de lo que dicen”, dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecido, Jorge Cruz, de 19 años. “No vamos a permitir que esto se cierre”.

Los familiares acusaron a la Fiscalía de pretender cerrar el caso “de manera descarada” por intereses políticos.

El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó varios argumentos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes.

Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU. El gobierno mexicano “tendrá que responder por estos hechos”.

Esta era la primera vez que el Procurador General afirmaba que todos los estudiantes están muertos a pesar de la ausencia de identificación.

Ayer admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar en torno a la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías corruptos y miembros del cartel de Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre en Iguala.

“Si yo tomo el argumento de que por el hecho de que no pueden identificarse los restos, (…) dejo impune el homicidio”, afirmó el fiscal.(I)

Dudas
investigación

HRW
Las conclusiones de la investigación oficial generan “mucho escepticismo y muchas dudas fundadas” porque se basan en “confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio”, señaló el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco. En tanto, el presidente Enrique Peña dijo que debe haber castigo en este caso.

Jesús Murillo Karam admite que faltan ‘muchas cosas’ por aclarar en caso Ayotzinapa

Murillo Karam admitió que faltan «muchas cosas» por aclarar en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Jacobson: "EEUU busca mayor apertura en Cuba"

Roberta Jacobson señaló en una rueda de prensa que el tema de derechos humanos y la democracia es «crucial» para Estados Unidos.